Fue abogado de los narcos más pesados de la zona oeste del conurbano bonaerense, también de Carlos Alberto Telleldín, el sospechoso de siempre en el caso AMIA, pero el que cumplió este martes 445 días prófugo de la Justicia no fue ninguno de sus clientes sino él. Toda una ironía para quien, cuando se graduó como abogado, juró respetar la Constitución Nacional. Más aún porque, a pesar de no estar a derecho, sigue ejerciendo la profesión a través de terceros. Lo hace, según pudo reconstruir Encripdata, desde el exterior. Es que sobre la cabeza de Gustavo Alberto Semorile pesa una orden de captura, pero solo en territorio nacional. Ni siquiera existe una recompensa para quien aporte datos sobre su paradero.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez buscan a Semorile como miembro de la presunta organización narcocriminal del fiscal Claudio Scapolan, procesado por «Leones Blancos II», llamado así por las irregularidades en un operativo antinarco del 2013 que llevaba ese nombre, aunque al abogado lo acusan solamente por su rol en dos de los cinco casos agregados al megaexpediente: Bustamante y Basaldúa.

Para entender lo que hizo Semorile, primero hay que saber lo que hizo uno de sus clientes: José Víctor Gutiérrez. Alias «Primo» era un transa de San Martín reconvertido en informante de los policías Gabriel Cabral y Oscar Antonio Caviglia. Informante era un decir: no solo les pasaba data del submundo narco sino que realizaba tareas como si fuera policía. Vendía droga y juntaba la recaudación, pero también armaba causas y actuaba como testigo trucho. Incluso, estando en una reunión en la Delegación Drogas Ilícitas de San Isidro, llamó a otro traficante para ofrecerle una bolsa llena de dosis secuestrada por los uniformados.

Pero Gutiérrez cayó el 14 de noviembre de 2014. Entonces, Cabral lo convenció para Semorile fuera su abogado. El recién detenido lo entendería mucho después: el objetivo era hacer un corte en él para salvar al resto de la banda, hacia arriba, los que brindaban, justamente, protección a los traficantes de la zona a cambio de coimas o kilos.

De hecho, aquel 14 de noviembre, se produjo una «explosión» de llamadas para controlar los «daños». Cabral estuvo presente cuando arrestaron a Gutiérrez. Semorile, enterado de la situación, regresó de la costa esa misma noche. Caviglia, por su parte, habló a las 20.14 con la mujer del detenido y, 33 minutos después, con Maximiliano Jarisch, secretario del fiscal Scapolan. Al día siguiente, Cabral y Caviglia se reunieron con Semorile y un abogado de su estudio jurídico, Francisco García Maañon. Acordaron hacer una línea de «corte» en Gutiérrez. Cuando se dio cuenta, «Primo» corrió a Semorile, puso a otro abogado y, al declarar como «imputado colaborador», apuntó hacia «arriba».

Como «arrepentido», Gutiérrez reconoció: «Semorile fue mi abogado. Me lo puso Cabral. Es el mismo que defiende a todos estos narcotraficantes. Semorile tenía un arreglo con Cabral para que le avisara cuando iba a allanar domicilios de sus clientes, como el de la hija del Negri, que es de San Martín, o la hija de ‘Piturro’ Andrada, al que agarraron con 500 kilos. Por supuesto, después le daba la plata.

Gutiérrez dijo bastante más, cumplió condena y salió en libertad. Aunque pasaron más de cinco años de todo eso, a los policías federales les llamó la atención encontrar el 24 de julio de 2020 dos copias de la causa sobre el despacho del fiscal Scapolan.

Aquel día, la jueza Arroyo Salgado, por pedido del fiscal Domínguez, finalmente ordenó las detenciones de Semorile, Gutiérrez, Cabral, Caviglia, Jarisch, García Maañon y el resto de los 53 involucrados en «Leones Blancos», «Bustamante», «Santellan», «Basaldua» y «Acosta» menos la de Scapolan, al que sindicaba como jefe de la organización narcocriminal, que, por ser fiscal, tenía fueros.

Una vez atrapado, García Maañon, el abogado del estudio jurídico de Semorile, que formó parte del plan para contener a Gutiérrez, declaró como «arrepentido». También el otro letrado de ese despacho, Matías Pedersoli.

Pedersoli dio detalles del caso «Bustamante»: oficialmente, en la casa de la calle Washington 1550, José C. Paz, los policías no encontraron nada, pero sí en la casa quinta de la calle Santiago del Estero 6655, Villa Adelina. Al final, detuvieron al hombre que estaba en el segundo domicilio, «Pino» Molina, que no era otro que el papá de la que estaba en el primer lugar, Mariana Raquel Molina, junto a su pareja Gastón Israel Aquino, que zafaron. Pero no todo era como parecía. Pedersoli y Cabral, abogado y policía «arrepentidos», coincidieron al decir que el dueño de la droga, a través de Semorile y ellos dos, arregló con Scapolan y Jarisch: el trato fue pagar 300 mil pesos y entregar los 15 kilos de cocaína secuestrados en sus propiedades a cambio de que no se llevaran detenidos a su hija y su yerno.

Como testigo, Aquino le dijo a Arroyo Salgado que nunca entendió por qué no fue detenido.

Pedersoli, en tanto, reconoció que por esa gestión se llevó 30 mil pesos.

El abogado «arrepentido» contó algo más: confesó que ese no fue un hecho aislado sino uno más de tantos. Recordó que era común que Semorile se reunieran con los policías de la Delegación Drogas Ilícitas de San Isidro así como que ellos lo visitaran en su casa. Algunos traficantes se cansaron de Semorile. Según Pedersoli, Eduardo Galvan y Pablo Ponce le dijeron que era «la misma historia de siempre: que los citaba y les decía que la Policía los estaba investigando, entonces les pedía plata para que dejaran de perseguirlos».

Por ese armado de causas, Arroyo Salgado y Domínguez lo buscan desde el 24 de julio de 2020, pero Semorile, según pudo reconstruir Encripdata, se las arregló para seguir trabajando: si bien no firma los escritos de sus nuevos clientes, les baja las órdenes a los empleados de su estudio a través de un teléfono registrado a nombre de otra persona. Nada nuevo en él: en los casos analizados, el abogado usaba celulares a nombre de sus hijos. Tiene algo a su favor: como los investigadores lo rastrean en el país porque la orden de captura es nacional, Semorile puede vivir tranquilo en Paraguay junto a su novia guaraní mientras observa cómo la causa en su contra se agranda día a día.

No es el único prófugo del caso Scapolan: también llevan 445 días en esa condición los policías Federico Rodríguez, Sergio Mamani y Gabriel Desideri.

Del que tampoco se sabe nada desde entonces es de Gutiérrez, alias «Primo», el narco que hizo de policía, se «arrepintió», cumplió condena y se transformó en un fantasma.