El fiscal bonaerense Claudio Scapolan debía declarar el 30 de julio del año pasado, pero recién lo hizo el 4 de marzo de este año. Sus abogados hicieron de todo para demorar la indagatoria: primero alegaron que no habían leído la causa, después recusaron a la jueza, luego plantearon una nulidad y más tarde pidieron acceso a pruebas que no formaban parte del expediente. Solo cuando estuvo al filo de la rebeldía y el desafuero, el acusador acusado compareció, pero no dijo nada. Solo presentó un escrito. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, finalmente, lo procesó el 1 de octubre con más pruebas que si se hubiera presentado en el 2020 y lo embargó por 2 mil millones de pesos. Una cifra inimaginable para cualquiera, pero más para un fiscal, que debiera velar por los intereses de la sociedad.

Los delitos: «Sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros; extorsión a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección o para no detener a sus familiares o allegados; extorsión a personas sin vínculos con el narcotráfico bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales; y detención de personas que no eran narcotraficantes a los fines meramente estadísticos para demostrar una supuesta eficacia en la materia».

En esa organización, Scapolan no era uno más: era el jefe.

El fiscal no actuaba solo: se apoyaba en sus dos secretarios.

Según la jueza Arroyo Salgado, los policías Juan José Magraner, Roberto Okurzaty y Adrián Gonzalo Baeta actuaban como organizadores y 47 personas más, entre uniformados, abogados y testigos truchos, como miembros. La banda operó entre 2012 y 2015. La fecha no es casual: en ese año, un tribunal absolvió a narcotraficantes por irregularidades en el caso. Así quedaron al descubierto las verdaderas intenciones de esos judiciales y policías.

Ese caso fue «Leones Blancos»: ese operativo comenzó en diciembre de 2013 en la calle Florida 520, la «cueva» financiera de Diego Xavier Guastini, cuando Alberto «Papo» Mejía fue a cambiar euros por dólares para poder comprar un cargamento de cocaína a Edwin «Nene» Loza. Cuando el traficante se fue, el financista le pasó el dato a su amigo policía Baeta, este a su jefe en la DDI de Quilmes, Magraner, y este al fiscal de San Isidro, Scapolan. Entre todos coordinaron el procedimiento del 29 de diciembre en una quinta de Moreno aunque ni unos ni los otros tenían autoridad en esa jurisdicción.

Oficialmente, los policías, bajo las órdenes del fiscal, arrestaron a cinco traficantes y secuestraron 493 kilos de cocaína en dos operativos, uno en la Panamericana y otro en esa quinta, que tenía dos estatuas de leones blancos cerca de la pileta, pero tras el juicio, la absolución y la declaración de varios «arrepentidos», el fiscal federal Fernando Domínguez consideró probado que los narcos en realidad tenían más de una tonelada en su poder. Alguien, entonces, se quedó con la diferencia entre lo informado y lo confesado por los «imputados colaboradores». Arroyo Salgado y Domínguez apuntaron contra Scapolan por ese y otros casos.

Por eso, la jueza y el fiscal activaron el 24 de julio de 2020 las detenciones de todos los involucrados en «Leones Blancos», «Bustamante», «Santellan», «Basaldua» y «Acosta» menos la de Scapolan, que, por ser fiscal, tenía fueros.

Hasta ahí lo que se sabía.

Desde aquí, la prueba nueva.

Las idas y vueltas de Scapolan para no declarar, lo único que consiguieron fue que Arroyo Salgado y Domínguez juntaran más elementos en su contra. Según el fallo al que tuvo acceso Encripdata, encontraron tres pruebas inobjetables que sentenciaron el procesamiento del fiscal, especialmente por su accionar en el caso más importantes de todos: «Leones Blancos». En vez de defenderse, en el escrito que entregó, el acusador acusado acusó a sus acusadores de obrar con «intereses espurios» aunque no los pudo «dilucidar».

Aquel 29 de diciembre de 2013, el policía Magraner, que prestaba servicios en Quilmes, y el fiscal Scapolan, con jurisdicción en San Isidro, hablaron dos veces. Según el registro telefónico, a las 16.19 y 16.32. Por pertenecer a jurisdicciones distintas, evidentemente, lo hicieron para coordinar ese operativo. Cometieron un error: se comunicaron antes -y no después- de la supuesta denuncia anónima. Según el libro de guardia, a las 17.35. Además, ahora se sabe, la denuncia anónima la hizo uno de los involucrados para oficializar el dato que le pasó Guastini a Baeta. Todo mal.

Los policías al mando de Magraner y Baeta hicieron frenar la camioneta Mercedes-Benz Sprinter de los traficantes a las 20.40 poco antes del peaje Buen Ayre, de la Panamericana, en sentido hacia la Ciudad. Entonces, la primera prueba nueva: según la declaración de los empleados de la autopista, que no tienen «intereses espurios», el vehículo estuvo detenido entre 30 y 40 minutos. Solo después fue llevado al estacionamiento del peaje del otro lado de las cabinas.

El teléfono de Scapolan impactó a las 21.10 en la antena WBN095B, ubicada a 15 cuadras del peaje, y el propio fiscal llamó a las 21.20 al juzgado de Garantías para informarle lo que pasaba. De hecho, el secretario del juzgado, Sebastián Luján, dejó asentado: «Que en el día de ayer, 29 del corriente mes y año, siendo las 21.20 horas se recepcionó al teléfono celular asignado al Juzgado de Garantías en turno departamental, un llamado telefónico identificándose el interlocutor como Claudio Scapolan, fiscal de la Unidad de Investigaciones Complejas Departamental, haciendo saber que se procedería a allanar en la urgencia el domicilio de la calle Schiffely 4101, La Reja, Moreno, a fin de secuestrar material estupefaciente en el marco de una I.P.P. iniciada en misma fecha».

Para Arroyo Salgado y Domínguez, que Scapolan le comunicara a las 21.20 al juzgado de Garantías que allanaría una quinta en Moreno significaba que llegó antes al peaje, más cerca de las 21.10 por el impacto en la antena, que se puso al tanto de lo que pasaba en el lugar y que solo después llamó al secretario. El celular de René Guzmán, conductor de otra camioneta Chevrolet S10, se activó en la zona por primera vez a las 21.16. La jueza y el fiscal concluyeron que fue Scapolan el que ordenó pasar el vehículo en cuestión al otro lado de las cabinas, dejar en la Sprinter la droga que se iba a informar como incautada y pasar los bolsos con cocaína que se iba robar a la otra camioneta.

Y, entonces, la tercera prueba: la foto, ya publicada por Encripdata, en la que los policías Leonardo Gastón Irala y Raúl Elías Hernández, en un parate de la carga y descarga, sonrieron para la cámara. No era para menos: estaban parados sobre 2 millones de dólares. O más. Debajo de sus pies, en esas bolsas negras, había «ladrillos» de varios colores que les robaron a los traficantes detenidos en la Sprinter. Todo eso lo sacaron de los bolsos deportivos. 26 bolsos «desaparecieron». Semejante tarea, los uniformados no pudieron hacerlo en un instante. Necesitaron tiempo. Bastante. A otras fotos, además, les recortaron el horario de la toma. Para cubrirse.

Así fue como hicieron todo frente a las narices de los narcos.

Y, según Arroyo Salgado y Domínguez, por orden de Scapolan.