El desarrollo inmobiliario que la empresa IRSA planea construir en la ex Ciudad Deportiva de Boca, con el apoyo del Gobierno porteño, comenzó a debatirse este viernes en una audiencia pública convocada por la Legislatura porteña, donde algunos expositores afirmaron que el nuevo emprendimiento "generará empleo y permitirá recuperar espacio público", mientras otros advirtieron que "contribuirá a encarecer el precio de la vivienda y tendrá un impacto ambiental negativo".

"Costa Urbana", el barrio que el grupo IRSA quiere construir en un predio de 71 hectáreas ubicado a orillas del río de la Plata, lindero con la Reserva Ecológica Costanera Sur, incluye torres de 45 pisos, un espacio de uso público y calles internas.

El primer expositor de la audiencia fue el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Álvaro García Resta, quien afirmó que la nueva urbanización permitirá "recuperar 48 hectáreas de espacio público", mientras agregó que en las 23 restantes habrá "viviendas, comercios y oficinas, generando así una mixtura de usos con la que se logrará más desarrollo para la zona".

Tal cual se ha publicado en Tribuna de Periodistas, para construir "Costa Urbana", IRSA necesita que la Legislatura porteña modifique las normas urbanísticas del terreno, habilitado actualmente solo para actividades deportivas.

A cambio, la firma se comprometió con el Gobierno local a dejar una parte del predio como parque público y financiar su mantenimiento por diez años.

La Ciudad Deportiva de Boca fue comprada por IRSA en 1997 y desde entonces permanece cerrada.

"Está en desuso hace casi 30 años", indicó García Resta y agregó que "en los últimos años, el Gobierno de la Ciudad ha recuperado espacios abandonados para que los usen miles de personas, como la Manzana 66, el Parque de la Estación o el Elefante Blanco".

Otro de los expositores fue Diego Zang, apoderado de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) quien dijo que "la actividad de la construcción viene golpeada por la pandemia y la obra que se propone generará puestos de trabajo".

"Desde ese punto de vista vemos con beneplácito el plan y esperamos poder participar de él", añadió el representante de la organización sindical, aunque aclaró que no le correspondía analizar la cuestión del impacto ambiental.

Diego Armando González, delegado de la junta barrial Rodrigo Bueno, remarcó: "Casi el 70% de los que vivimos en el barrio trabajamos en algún momento en Puerto Madero, tanto en la construcción como, ahora, en el sector hotelero y gastronómico. Este proyecto va a traer trabajo".

El barrio popular Rodrigo Bueno está ubicado entre la exCiudad Deportiva y la Reserva Ecológica, y se encuentra a pocas cuadras de Puerto Madero.

La diputada del Frente de Izquierda Amanda Martín observó que "popularmente se ha calificado este proyecto como el 'Puerto Madero 2 de Rodríguez Larreta e IRSA'. "Efectivamente es así, ya que consolida una nueva entrega de tierras, que va a agravar la falta de espacios verdes y de acceso al río".

Las tierras de la ex Ciudad Deportiva eran públicas hasta que, en 1964, el Congreso nacional las cedió a Boca Juniors con la condición de que no las vendiera y las destinara solo a actividades deportivas pero el club no cumplió y, en cambio, las vendió en 1992 a la sociedad Santa María del Plata, que a su vez las cedió a IRSA.

"IRSA compró a precio 'amigo'. Esperó que el terreno pasara a valer el doble y ese fue el momento propicio para construir torres, que van a elevar aún más el precio del suelo. Es un recurso clásico de la especulación inmobiliaria, que genera gente sin casas y casas sin gente", sostuvo Martín.

Según varios relevamientos, solo el 30% de las viviendas de Puerto Madero están ocupadas, mientras el resto son una reserva de valor para sus propietarios.

Por otro lado, se estima que el la ciudad más de 300.000 personas viven en villas y asentamientos y al menos otras 7.000 se encuentran en situación de calle.

Mientras algunos expositores, como Pablo Bereciartúa, secretario de Política Hídrica de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, consideraron que mediante la "vinculación público-privada" se logran cambios positivos para el área urbana, otros señalaron que, con proyectos como Puerto Madero o Costa Urbana, "el Estado y la ciudadanía no hacen más que perder".

"De la venta de las más de 100 hectáreas de Puerto Madero ni un peso salió del barrio para el resto de la ciudad", indicó Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Y agregó que "autorizar estos emprendimientos con la esperanza de recibir algo de dólares para fines sociales es un error supino, ya que las compensaciones solo servirán para retroalimentar la especulación inmobiliaria".

María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), argumentó que este proyecto de IRSA "es la síntesis de un modelo urbano privatista basado en el despojo y destrucción de nuestros bienes comunes", que a su vez es "responsable de la actual crisis ambiental, climática y habitacional de la ciudad".

"Mientras en la década del 90 solo el 10 por ciento de las familias eran inquilinas, hoy este porcentaje alcanza al 40%", agregó.

Sobre el aspecto ambiental, Koutsovitis advirtió que las torres de "Costa Urbana" podrían destruir "uno de los pocos humedales que la ciudad conserva" y "uno de sus pulmones verdes más importantes".

Entre las consecuencias que traerá la nueva urbanización, mencionó el "aumento de las temperaturas máximas", el "incremento de la frecuencia de las inundaciones" y el "deterioro de la calidad del aire que respiramos", además de que "pone en riesgo la biodiversidad que habita la Reserva Ecológica".

Estas fueron algunas de las intervenciones de la primera jornada de la audiencia pública por Costa Urbana, que se extenderá hasta el 8 de noviembre y cuenta con 2.593 inscriptos.

Las próximas intervenciones se realizarán el lunes 18 de octubre, a partir del mediodía.