El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hace tiempo lleva adelante negociados en la Ciudad que tienen como trasfondo la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, además del tráfico de influencias.
De esa manera quedó refrendado en este artículo publicado en Tribuna de periodistas el 26 de abril del 2020, donde se hace hincapié en la figura de su media hermana, Ximena Villarino Alfaro Díaz Alberdi, y sus empresas.
Pero no se trata de un caso aislado, ya que en el 2010, el director de este medio, Christian Sanz, efectuó una denuncia en sede judicial, ya que el entonces jefe de Gabinete de Mauricio Macri en la CABA pretendía llevar adelante el proyecto “Solares de Santa María”, una suerte de Puerto Madero a metros del Obelisco.
Entonces, la presentación judicial pedía que se investiguen los mismos delitos, sobre todo el tráfico de influencias, teniendo en cuenta que Augusto Rodríguez Larreta, hermano del alcalde porteño, se encontraba ocupando el cargo de gerente de Relaciones Institucionales de IRSA ((Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima), la empresa que se había quedado con el proyecto.
Si bien Augusto renunció en 2015 para sumarse a la campaña de su hermano en la Capital Federal, siendo hoy asesor del jefe de Gobierno, parece que los vínculos con la empresa siguen firmes. Es que hoy, gracias a las gestiones de Rodríguez Larreta, la compañía en cuestión tiene en sus manos el predio conocido como ex Ciudad Deportiva de Boca.
Lo que se propone es construir torres de hasta 45 pisos sobre tierras costaneras linderas a la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Se trata de un negocio millonario, cuya adquisición costó 50 millones de dólares y, según arrojan las proyecciones, de votarse a favor, el valor ascendería a 1.200 millones de dólares.
Ahora bien, es dable destacar que el proyecto mencionado no pasó, por ejemplo, por la Comisión de Espacio Público y de Ambiente de la Legislatura porteña para su discusión y, como si ello fuese menor, es la propia Constitución de la Ciudad, en su 8º artículo, la que determina que el contorno ribereño debe ser un espacio público.
Asimismo, no se midieron las consecuencias desfavorables al patrimonio natural de la costa, ni se realizó un estudio ambiental para medir de qué manera afectaría a la Reserva Ecológica. Es dable destacar que la mencionada zona es considerada un sitio Ramsar. Se trata de una Convención que identifica humedales de importancia internacional, especialmente aquellos que proporcionan hábitat para aves acuáticas.
Pero el proyecto en cuestión viene mal parido y tirado de los pelos, ya que para poder llevarlo a cabo fue necesaria la modificación del Código de Edificación y la Ley de Catastro. Asimismo, el Código Urbanístico lo prohíbe.
El espacio de 70 hectáreas fue destinado para uso deportivo, sin embargo no es negocio, o no tanto como lo puede ser un barrio privado del tamaño de medio San Telmo. Dicho sea de paso, no bien ingresó la iniciativa a la Legislatura, las acciones de IRSA se incrementaron en un 28%.
El negocio es redondo tanto para el Gobierno de la CABA como para la empresa, ya que, a modo de contraprestación, IRSA cede al dominio público de la Ciudad 41 hectáreas del predio, cuyo mantenimiento estaría a cargo de la firma por diez años.
El proyecto ya cuenta con media sanción en la Legislatura y promete salir airoso, aunque por el momento el tratamiento se encuentra frenado.
Es dable destacar que en 2019 se conoció que varios de los centros comerciales que tenía IRSA bajo su órbita no contaban con habilitación ambiental o la misma se encontraba vencida.
De hecho, hay tres que se encuentran cuestionados y alguno hasta con una sentencia en contra por ocupar espacios públicos de forma irregular, estos son: Distrito Arcos, Abasto Shopping y Alto Palermo.
Es dable preguntarse por último cuál fue el lugar que ocupó Augusto como asesor de Horacio Rodríguez Larreta para llevar adelante este gran negociado. El mismo no resiste el más mínimo análisis.
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