Mientras en Rio Negro continúa la violencia protagonizada por grupos autodenominados mapuches, la tensión entre el Gobierno nacional y el provincial sigue escalando.
Es que hace unas horas, la gobernadora Arabela Carreras aseguró que “hay complicidad de algunos funcionarios que instigan” a que se comentan delitos violentos en la provincia del sur.
En tal sentido, denunció que la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, y su vicepresidente Luis Pilquimán, buscan “objetivos políticos que perjudican el normal funcionamiento de las instituciones”.
Por ello calificó al grupo de cometer delitos de “terrorismo”, ya que “intenta socavar el orden constitucional”.
Para señalar la complicidad del Gobierno nacional con los delitos cometidos por supuestos mapuches, Carreras destacó que “hay un sostenimiento económico de estos grupos, además del traslado de personas y la defensa”.
Es necesario remarcar que Rio Negro viene sufriendo una retahíla de incendios intencionales. El primero fue el 3 de octubre, en un centro de informes turísticos en la Ruta 40, donde se halló un bidón de combustible.
Al día siguiente, un depósito de Vialidad Provincial, en San Carlos de Bariloche, también se prendía fuego. En este caso, dos personas fueron maniatadas y allí se halló un mensaje que decía: “Arabela Carreras, Cendón, Arrien, Calcagno. Los niños mapuche crecerán y vencerán en el weichan (guerra). La tierra no se vende, se defiende. Fuera winkas (criollos) terratenientes de wallmapu”.
Como si lo antedicho no fuese lo suficientemente elocuente, como firma se hallaba un símbolo mapuche: un círculo dividido en cuatro.
Luego de ello ardió en llamas el Club Andino Piltriquitrón ubicado en El Bolsón. Según la gobernadora, la organización RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) se adjudicó el hecho.
Parece que el Gobierno está, en cierto punto, de acuerdo con estos ataques. Si bien llegaron fuerzas nacionales a la zona, coordinadas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, costó una serie de discusiones entre el Gobierno provincial y el Ejecutivo nacional.
Otro hecho que demuestra la defensa del oficialismo hacia estos grupos incendiarios, es que la Administración de Parques Nacionales, a cargo de Lautaro Erratchu, decidió en junio de este año desistir de avanzar en la causa por usurpación de tierras privadas en Villa Mascardi.
“Todavía estamos discutiendo si es una acción vandálica o terrorismo. Los delitos se tipifican. Cuando el bien vulnerado tutelado por la Constitución es la paz social, hablamos de terrorismo. Entonces, me parece que no hay que ni siquiera dudarlo”, sentenció el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni.
Con ello, cabe aclarar que el terrorismo es un delito de resolución federal, es decir, corresponde al Gobierno nacional de turno resolver este tipo de situaciones.
Estos, los que dicen ser mapuches, resultan ser muchachos violentos que no tendrán ningún reparo en continuar utilizando la violencia. Dicho sea de paso, en una entrevista que le realizó el colega Ricardo Bustos al líder mapuche Facundo Jones Huala, este último manifiesta: “valido toda forma de lucha, la violencia revolucionaria mapuche, como forma de defensa y como forma de liberación”.
Es por ello que la gobernadora Carreras continúa insistiendo en la necesidad de un “Estado Nacional presente” y sin embargo, las repuestas por parte del Ejecutivo encabezado por el presidente Alberto Fernández son escasas e insuficientes.
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