A cuatro años de la operación «Café de los Angelitos», ya casi nadie se acuerda de que la familia de Pablo Escobar quedó por segunda vez en la mira de la Justicia por presunto lavado en la Argentina del dinero originado en el narcotráfico en Colombia. Segunda vez porque en los años noventa, cuando se instalaron en Buenos Aire para dejar atrás las heridas de la guerra entre el abatido líder del Cártel de Medellín y el Gobierno, los de Cali y la DEA, la viuda estuvo 17 meses presa y el hijo un poco menos por otra causa por narcolavado que terminó antes de que empezara el juicio porque el fiscal no los quiso acusar. Encripdata pudo saber que un tribunal de San Martín podría abrir el año que viene el debate sobre el caso que ahora involucra a los Escobar, el colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, el empresario Mateo Corvo Dolcet, su esposa, su contadora, dos exfutbolistas y, obviamente, el dueño de ese bar notable porteño.

Piedrahita Ceballos, el narco colombiano que invirtió en proyectos argentinos para lavar su dinero sucio, reconoció hace ya dos años sus delitos no solo en la Argentina sino también en Colombia y Estados Unidos. En los últimos dos años, su salud empeoró, tanto que no pudo cumplir con la obligación de presentarse una vez por mes en la Embajada de la Argentina en Bogotá para demostrar que seguía sujeto a derecho, pero el tribunal entendió que, por la pandemia de coronavirus y las restricciones de circulación, lo mejor era buscar una alternativa para quien ha colaborado con la investigación. Su confesión quedó grabada para que, ante cualquier eventualidad, sirva como prueba.

Todo comenzó el 31 de agosto de 2016 cuando el agente de la DEA, Steven Genevish, le informó al fiscal de la Procunar, Diego Iglesias, la existencia de una causa en Colombia por narcotráfico y lavado de dinero con implicancias en la Argentina. Le dio el nombre del principal acusado, que no era otro que Piedrahita Ceballos, el del empresario local que tenía negocios con aquel, Corvo Dolcet, y el de una empresa, Distry Panama SA, de Ciudad de Buenos Aires.

Un año después, el 29 de septiembre de 2017, en una operación conjunta de las fiscalías de Colombia y Argentina, Piedrahita Ceballos fue arrestado en su estancia «La Contadora», en Antioquía, y Corvo Dolcet y los demás en diversos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Un mes después, al revisar los papeles secuestrados, los investigadores encontraron negocios del colombiano con María Isabel Santos y Juan Sebastián Marroquín, que, aunque con otras identidades para rehacer sus vidas, eran la viuda e hijo de Pablo Escobar. También descubrieron un «cambalache», un intercambio de bienes del principal acusado con otro compatriota, Mauricio Serna Valencia, «Chicho», el futbolista multicampeón con Boca.

El juez federal Néstor Barral, por pedido de los fiscales Diego Iglesias y Sebastián Basso y el titular de la UIF Mariano Federici, elevó el caso el 3 de junio de 2020 a juicio oral. El debate recién comenzaría en 2022. En el medio, los argentinos acusados presentaron los planteos típicos de las defensas por disconformidad con lo resuelto por los investigadores, pero Corvo Dolcet lanzó una batería de planteos con acusaciones de las más graves.

Por empezar, manifestó una y otra vez su rechazo al juicio abreviado acordado entre Piedrahita Ceballos y el juez y los fiscales, en el que el narco colombiano reconoció todos los delitos imputados a cambio de ser condenado a 5 años y 6 meses de prisión, entregar sus activos en la Argentina y pagar una multa de 165 millones de pesos. El acuerdo no está sellado, justamente, por su oposición. Según el punto 8 del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, «cuando hubiera varios imputados en la causa, el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestan su conformidad». El tribunal de San Martín todavía no resolvió.

Una de dos: el tribunal convalida el juicio abreviado de Piedrahita Ceballos y, en consecuencia, fija implícitamente un piso de la pena de 5 años y 6 meses para Corvo Dolcet, de ser, lógicamente, encontrado culpable, porque, según el cierre de la instrucción, los dos fueron «coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos, agravado por ser realizado como miembros de una organización formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza»; o invalida el acuerdo y, entonces, obliga a participar al colombiano del juicio oral, al que llegaría como «arrepentido» y, por eso mismo, con la confesión de sus delitos grabada el 3 de junio de 2019 en Miami, Estados Unidos, que podría provocar un resultado similar.

Por eso, también, intentó controvertir esa declaración de Piedrahita Ceballos como imputado colaborador. Llegó a sostener, incluso, que los fiscales que indagaron al narco colombiano en territorio estadounidense, mientras tramitaba otro proceso en su contra, tergiversaron los dichos de aquel porque, de no acomodarlos a su «operación política», se caería la acusación contra el resto por «inexistencia del delito».

Sin embargo, como reveló el autor de esta nota en 2019 para un artículo de El Espectador, Piedrahita Ceballos reconoció haber sido miembro de los cárteles de Cali y Norte del Valle. «No tuve ningún vínculo con el Cártel de Medellín, pero mis hermanos sí. Por esa razón, Pablo los asesinó. Eso fue en el año 87. A Sotelo lo desapareció y a Óscar lo colgó de un puente. Luego me llegó la noticia de que iría por mí. Me refugié en Cali, hice una amistad con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, con los que trabajé como proveedor y cocinero de cocaína, y con los que combatí a Escobar«.

«Después de que muere Pablo -continuó-, me retiré del narcotráfico. Abandoné por completo la vida ilícita y empecé a organizar mis cosas a nivel empresarial». «¿Con el dinero proveniente del narcotráfico?», quisieron saber con precisión los fiscales argentinos. «Sí, claro», respondió sin vueltas como quien no pretende negar lo obvio. Esa obviedad es, en el Derecho en general y en este caso en particular, el delito precedente al lavado de activos.

Los acuerdos de colaboración y de juicio abreviado fueron los dos primeros actos que pretendió impugnar Corvo Dolcet, primero con la asistencia de Mariano Cúneo Libarona y luego con la de José Manuel Ubeira. A pesar del cambio de abogado, el acusado acusó a sus acusadores de haber armado «una imputación artificiosa» con «fórum shopping, excursión de pesca con participación de la AFI y la DAJuDeCO, invención de un arrepentido y un muy largo etc. que redundó en la privación real y concreta del ejercicio del derecho de defensa y que incluyó el ocultamiento de prueba nueva que confirmó la inexistencia de delito alguno en la Argentina».

En ese largo etc, agregó, se encontraba la participación del falso abogado Marcelo D’Alessio en tareas de inteligencia ilegal. «Un periodista testificó en el juzgado federal de Dolores que D’Alessio le dijo ser un allegado a la Embajada de los Estados Unidos y haber sido el que informó mi nombre cuando los americanos desconocían quién era el socio local de Piedrahita Ceballos. El periodista entregó un audio en el que el agente inorgánico decía que me ‘caminó’ durante más de dos años«.

No es la primera vez que un acusado intenta anular un expediente invocando el caso D’Alessio. Como reveló el autor de esta nota en 2019 para un artículo de TN.com.ar, tres mexicanos quisieron frenar la causa de «Bobinas Blancas» al sostener que aquel había actuado en la investigación. Para eso, presentaron un audio en el que el falso abogado decía: «Yo hice las ‘bobinas’, ahora te muestro las fotos». «Las ocho incautaciones más grandes de cocaína y marihuana en el país las hice yo», se jactaba frente a una persona a la que quería extorsionar.

Pero los mexicanos, luego de que se cayera esa estrategia, reconocieron el delito. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca finalmente los sentenció el 9 de septiembre de 2021 a penas de entre 15 años y 5 años de prisión por pretender contrabandear 2233 kilos de cocaína en rollos de láminas de acero hacia Canadá. Un argentino, también condenado, deberá pagar una multa de 3,7 millones de dólares una vez que el fallo esté firme.

Apelar al caso D’Alessio, no parece que fuera a funcionar.

Por eso, el empresario argentino fue por más.

También exigió la recusación de los jueces del tribunal, Silvina Mayorga, Claudia Morgese Martín y Daniel Alberto Cisneros.

Y no se guardó críticas hacia el fiscal de juicio Alberto Gentili.

Para Corvo Dolcet, tanto los jueces y los fiscales de instrucción cómo de juicio, se complotaron para que la DEA, en complicidad con la Procunar, pudiera «judicializar una operación política disimulada como una supuesta investigación internacional de narcotráfico». En esa línea, insistió, la DEA eligió a la Procunar para todo esto sin recordar, el acusado, que la DEA, por definición, trabaja con la Procunar porque una es la agencia antidrogas de Estados Unidos y la otra es la fiscalía antidrogas de la Argentina, que puede iniciar expedientes o bien puede colaborar con los abiertos por fiscalías. Es decir: tarde o temprano, la Procunar habría participado del caso sobre Piedrahita Ceballos.

Tal vez la coartada más importante de Corvo Dolcet sea remarcar lo que dijo que sucedió en 2012, es decir, el interrogatorio que aseguró haberle hecho a Piedrahita Ceballos para saber si era cierto lo que se decía sobre su historia ligada a los cárteles. Y se lo confirmó. Para ese entonces, el narco colombiano había invertido en un proyecto inmobiliario del empresario argentino. Si pudiera demostrar con más pruebas que fue socio de buena fe, o sea, sin saber el origen ilícito de su dinero, quizás el resultado sea diferente.

Mientras Corvo Dolcet hacía lo imposible por evitar el juicio, para el que todavía no hay fecha, Piedrahita Ceballos solucionó su situación en los Estados Unidos, Colombia y Argentina.

En los Estados Unidos, reconoció haberle pagado en el 2010 unos 17.700 dólares a un funcionario de Homeland Security para que borrara su nombre de la Operación Piedra Angular por la que la DEA buscaba capturarlo desde 1996 junto a otros 17 sospechosos de haber integrado el Cártel de Cartel de Cali. Tras la confesión, un tribunal lo sentenció a cumplir 27 meses de prisión y otros tres años de libertad supervisada. Eso sí: el tiempo que estuvo preso en Miami, se lo computó como parte de la pena. Por eso pudo ser entregado en diciembre de 2019 a Colombia.

En Colombia, avanzó con dos fiscales para entregar sus bienes en el país a través de un proceso de extinción de dominio.

En la Argentina, con los acuerdos de colaboración y juicio abreviado, confesó haber lavado 3.081.164 dólares y 1.713.035,15 pesos al invertir en negocios de Corvo Dolcet y otros empresarios. Tras salir de los Estados Unidos, se quedó en Colombia para arreglar sus cuentas pendientes, pero quedó a derecho en la Argentina. En su país, debía presentarse una vez por mes ante la Embajada de la Argentina en Bogotá para mantener ese estado.

Eso cambió en febrero de 2020: la pandemia por el coronavirus y las restricciones de circulación se lo impidieron. Luego, todo empeoró: le diagnosticaron cáncer de piel y le detectaron un tumor maligno de próstata. Lo operaron. Pero su estado de salud lo condicionó para salir de su casa y exponerse ante el virus para cumplir con esa obligación. En consecuencia, el tribunal aceptó que pueda presentarse una vez por mes a través de Zoom para seguir a derecho.

Una vez que empiece el juicio, ya sea con él presente o, si se convalida el juicio abreviado, con la grabación de su declaración como «arrepentido», el tribunal decidirá si Corvo Dolcet y «Chicho» Serna lavaron millones del narcotráfico. También la familia de Pablo Escobar, que, según un acuerdo dejado por escrito, cobró el 4,5% en comisión de las inversiones que, por sus gestiones, lograron que hiciera Piedrahita Ceballos en la Argentina.