Un grupo de concejales del partido bonaerense de General Alvarado presentó una grave denuncia contra el gobierno municipal por haber hallado una considerable cantidad de residuos patagénicos y patológicos, a cielo abierto y sin haber recibido ningún tipo de tratamiento, como la Ley indica, en la parte trasera del Hospital de Miramar y acumulados en containers y dentro de una ambulancia en desuso.

La presentación judicial se hizo online el pasado 3 de noviembre en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) nro 11 a cargo del Dr. Pablo Cistoldi, y en la UFD 11 (Defensa Penal) de la Dra. Gabriela Zapata, ambas de la ciudad de Mar del Plata, y tomó intervención la jueza Lucrecia Bustos, titular del Juzgado de Garantías 6. Los ediles denunciantes fueron Victoria Goyhenetche, Viviana Farías, Fabián Barberini, Estela López, Marcelo Honores, y Saúl Trejo, todos pertenecientes a distintos espacios políticos.

Si bien la tipificación penal prevista originalmente era por incumplimiento de deberes de funcionario público y por delitos contra la Salud Pública, la denuncia finalmente fue ingresada por la presunta violación de medidas contra epidemias. La misma está encuadrada en el artículo 205 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. A su vez, el artículo 207, también previsto en la denuncia, refiere que “el culpable, si fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte, sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena”.

El partido de General Alvarado, cuya cabecera es Miramar, tiene, de acuerdo al Censo 2010, 40.000 habitantes y es gobernado desde 2019 por Sebastián Lanantuony, del Frente Renovador, aliado al kirchnerismo. El nosocomio donde se hallaron los peligrosos residuos es el Hospital Municipal “Dr. Marino Cassano”, emplazado en la ciudad de Miramar, cuyo director asociado es Raúl Scherbpsky.

Todo comenzó a partir de denuncias anónimas por parte de vecinos que alarmaban sobre la falta de remoción de los residuos, tanto patogénicos como patológicos, de la parte trasera del centro de salud, lindante con la morgue. Los mismos llevaban allí cerca de 10 días, a la intemperie y en total abandono. Luego de ello, el gobierno comunal, a través de un comunicado oficial, afirmó que ya había retirado los mismos del lugar. Pero ello no fue así.

Los ediles Fabián Barberini y Marcelo Honores, junto a la mencionada Farías, se presentaron el pasado 3 de noviembre a las 11 de la mañana en el lugar y constataron que los desechos aún estaban allí, distribuidos en cinco contenedores rojos completamente llenos y dentro de una ambulancia en desuso. Al intentar abrir la puerta del vehículo, se toparon con un olor nauseabundo y gran cantidad de moscas.

En el momento, se presentaron el Director del nosocomio y el encargado de las ambulancias, Cesar Candia, quienes adujeron que tal irregularidad se debía a conflictos relacionados a la falta de pago a la empresa recolectora, y que el mismo ya estaba en vías de solución. Pero el problema es que los residuos estaban al alcance de cualquiera.

Según trascendió, en las últimas horas, se habrían retirado los contenedores, pero no el material que se hallaba dentro de la ambulancia, ya que la empresa encargada no puede manipular tales desechos. Al parecer, empleados municipales habrían pasado las bolsas del vehículo a los containers.

La ciencia define a los residuos patogénicos como “todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presumiblemente presenten o puedan presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera que sean generados en la atención de la salud humana o animal”.

A su vez, dichos residuos están contemplados dentro de la ley 24.051, llamada de “Residuos peligrosos”, sancionada por el Congreso de la Nación el 17 de diciembre de 1991 y promulgada por el gobierno del fallecido ex Presidente Carlos Menem el 8 de enero del año siguiente. En su artículo 1° establece que “la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley”, mientras que en su segundo apartado, señala: “Será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

De acuerdo a dicha normativa, son considerados residuos patogénicos la sangre y productos sanguíneos, los cultivos y cepas de agentes infecciosos, elementos punzo-cortantes, residuos contaminados de laboratorio y originados en la atención de pacientes, productos biológicos desechados, cadáveres y partes corporales de animales de experimentación, equipos y diversos desechos contaminados. Los residuos patológicos se encuentran encuadrados dentro de los patogénicos. Parte de todo lo descripto era lo que estaba en contenedores a cielo abierto y dentro de una ambulancia.

Para tener una real dimensión del peligro que generan estos desechos, existe un protocolo para su tratamiento y disposición final. El mismo señala que aquellos “deben segregarse en bolsas de color rojo y los corto-punzantes en recipientes resistentes especiales”, agregando que “en ningún caso deberán transportarse junto con la basura municipal, para esto deberán emplearse vehículos especiales y el traslado estará a cargo de transportistas y operadores habilitados”.

Así mismo, se indica que “entre las tecnologías disponibles para el tratamiento de los RP se encuentran el de microondas y la incineración”, aseverando que “esta última es una de las más usadas, donde los residuos son quemados bajo condiciones controladas para oxidar el carbón y el nitrógeno presente en ellos”. Por último, las leyes nacionales y provinciales establecen que “estos desperdicios deben ser tratados por métodos ideados para mejorar las características físicas y de manipulación que eliminen su potencial infeccioso, reduzcan el volumen, vuelvan irreconocibles los desechos e impidan la inadecuada reutilización de los residuos que pudiesen ser reciclables”.

De acuerdo a dicho protocolo y a las denuncias de los vecinos, el municipio no habría hecho nada de esto. El mismo 3 de noviembre, el día en que los ediles visitaron el lugar, en la Estación Comunal, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, también la Concejal Viviana Farías, del interbloque Crear-Juntos por el Cambio, realizó una denuncia policial.

Una vez conocida la denuncia, el Intendente Sebastián Lanantuony acusó a la oposición de aplicar un “realismo mágico”, demostrando “falta de experiencia en la administración de una comuna”. Cabe consignar que la presentación judicial se realizó en la ciudad de Mar del Plata, que pertenece al distrito vecino de General Pueyrredón, ya que en la UFI descentralizada de Miramar no la quisieron tomar.

Vale recordar que el último 23 de marzo, los Concejales Viviana Farías y Saúl Trejo, habían realizado una presentación, durante la revelación de los vacunatorios vip en distintas ciudades, y justamente ante la misma Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada de General Alvarado, donde denunciaron presuntas “irregularidades en el marco del protocolo para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19” en el distrito.

Del destino de la misma nunca se supo absolutamente nada.