En el marco de una denuncia contra parte de la Justicia Federal de Mar del Plata, uno de los jueces denunciados, el titular del Juzgado en lo Penal 3 de la ciudad, Santiago Inchausti (foto portada), contradijo una resolución propia de marzo de 2020 y decidió hacer lugar a parte de las pruebas ofrecidas en un expediente donde se investiga presunta corrupción en la pesca, una de las actividades menos controladas por el Estado.

A fines de octubre de este año, el marino mercante Roberto Maturana, uno de los hombres que más sabe sobre el tema en Mar del Plata, había denunciado al mencionado magistrado por abuso de autoridad, retardo de justicia e incumplimiento en los deberes de funcionario público. La presentación recayó en la Fiscalía Federal 1 de la ciudad, a cargo de Laura Mazzaferri, y se dió en el marco de una querella.

El 2 de octubre de 2018 conocidos empresarios de la pesca solicitaron ante la Justicia que “haga lugar a la querella promovida contra el Sr. Maturana, y se lo investigue por la comisión de los delitos de calumnias e injurias”, con motivo de una presentación que hizo el querellado en un programa de televisión, donde denunció graves hechos de corrupción en la actividad, como depredación de los recursos pesqueros, precarización laboral, falta de controles en las capturas y en las descargas de pescado, y una elevada pesca no declarada.

El derrotero que sufrió la querella ya fue detallado por este medio. Pero cabe mencionar que el 3 de marzo de 2020, el Juez Inchausti, al “declarar desistida la acción privada por inacción de la parte querellante”, también dispuso en la misma resolución “la devolución de la documentación acompañada, por el término de cinco días desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción”, aún reconociendo que la misma “habilitaba la interposición de una acción penal pública”.

Es decir, que el magistrado, si bien da por extinguida la acción penal correspondiente a la querella, también desiste de investigar las graves irregularidades denunciadas por el querellado, que son, en definitiva, la base central del asunto. Por lo que Maturana debió retirar, a riesgo de que sean destruidas, 5 cajas plagadas de prueba documental, en soportes físico y digital.

Pero finalmente, el último 3 de noviembre, el Dr. Inchausti resolvió hacer lugar a la prueba ofrecida, pero sólo a una parte de ella, desistiendo del resto, aduciendo que “no corresponde hacer lugar en tanto y en cuanto no se relaciona con la responsabilidad y/o relación con los hechos traídos a juicio por el hecho de que resulta sobreabundante con la prueba ya ofrecida”.

El problema es que los presuntos hechos de corrupción son muchos y vienen siendo denunciados hace años. Y al ser Inchausti el único juez en lo penal de la ciudad -el otro juzgado está subrogado por él-, las causas terminan recayendo siempre bajo su órbita.

En mayo del año 2019, en un procedimiento que hizo mucho ruido en la ciudad, el Dr. Santiago Inchausti, a través de la Unidad de Investigación contra la Corrupción de la Policía Federal, emitió una solicitud para secuestrar actas de carga y partes de pesca en el Distrito Pesca Nación, ubicado en el Puerto de Mar del Plata, que concentra nada menos que más del 50% de las capturas a nivel nacional. Dos años y medio después, del destino de la documentación no se supo más nada.

Lo que la Justicia buscaba allí eran pruebas documentales que apoyaran informes de la propia Auditoría General de la Nación. En el informe de la AGN correspondiente al período auditado desde el 20 de enero de 2012 hasta el 30 de diciembre de 2014, se afirmaba que “las balanzas utilizadas por la Subsecretaría de Pesca en dicho puerto durante la fiscalización de las descargas pertenecen a las empresas armadoras y no son sujetas a ningún procedimiento de control”. Así mismo, consigna que “en el procedimiento de control en el puerto de Mar del Plata se observó que a pesar de existir inspectores disponibles en la Delegación, una descarga se realizaba sin inspector”.

Existen dos tipos de inspecciones: las que se realizan en el puerto, antes y después del embarque, y las que se realizan a bordo. A su vez, el Parte de pesca es un documento con carácter de declaración jurada firmado por el capitán del buque y por el inspector a bordo (que no en todos los casos está presente), que contiene, entre muchos datos, la captura de las especies expresada en kilos. Una vez arribado el buque, se elabora un Acta de descarga labrada por el inspector de puerto donde se verifica el volumen y la composición de las capturas. Allí hace su aparición el Sistema General de Pesca (SISGRAL), en el cual la Subsecretaría de Pesca registra los datos de lo declarado en los Partes de Pesca contrastándolos con los del Acta de Descarga.

La Subsecretaría de Pesca lleva a cabo sus tareas administrativas de fiscalización en oficinas cercanas a los muelles de desembarque. Sin embargo, la auditoría advierte que en Mar del Plata “si bien las oficinas se encuentran en zonas cercanas, no todas las tareas de control se realizan en la zona portuaria: a pedido de los armadores, las empresas pesqueras o las plantas procesadoras, el control del peso de los productos descargados puede realizarse en dónde éstos lo indiquen, generalmente en las mismas plantas procesadoras”. 

Sobre aquel punto, agrega que además “las oficinas poseen serias deficiencias que pueden poner en riesgo la continuidad del servicio”. Además, señalaba otras irregularidades vinculadas al control: “Las Actas de Desembarco de los buques no controlados se confeccionan con los datos que se extraen de las Actas de Pesca presentadas por los armadores, sin ninguna otra verificación posterior”. Nada cambió con el paso de los años. Y ni la Justicia y ni la política dieron respuesta alguna.

En septiembre del año 2017 se radicó una denuncia ante la Fiscalía Federal 2 de Mar del Plata, por entonces a cargo de Nicolás Czizik, donde también tomó intervención el Juez Santiago Inchausti. Allí se denunciaban, entre otros posibles delitos, “adulteración de los partes de pesca, cohecho, instalaciones precarias, faltante de bienes inventariados, uso de vehículos oficiales para fines personales, maltrato laboral, y superpoblación de agentes”. La presentación la había realizado el ex Jefe de Distrito Puerto Mar del Plata, Juan Carlos Nicolau.

También a fines de 2016, el diputado provincial y Presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad (foto), presentó una denuncia contra la Aduana de Mar del Plata por “severas negligencias” que surgían de los mencionados informes de la Auditoría General de la Nación entre 2012 y 2014, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En aquel momento, se especulaba que la misma podía derivar en asociación ilícita, contrabando, enriquecimiento ilícito y hasta posible vinculación con el narcotráfico.

Abad detalló en su denuncia que “las balanzas tenían certificados de habilitación vencidos, por lo que no se sabía si el peso declarado de la mercadería a granel era el correcto; el depósito aduanero no estaba habilitado, cuando debería cumplir con todas las medidas de seguridad y control; y no había precios de referencia que permitiesen determinar lo que realmente debe tributarse al Estado”.  Pese a ello, nada ocurrió.

Para tener una cabal dimensión del tamaño del problema, lo que agrava aún más la inacción de la justicia, ya en el año 2011, el entonces titular de la AGN, el fallecido Leandro Despouy, sentenciaba en un artículo publicado en el diario “Clarín”: “Desde los 90, la Auditoría viene señalando el riesgo de colapso de los principales recursos pesqueros, debido a una crónica sobre explotación y a prácticas que están devastando algunas especies”.

Por su parte, en el año 2015 otro informe de la AGN consignaba que “la información volcada en los partes de pesca presentan vacíos e inconsistencias”. Y la correspondiente al período 2016-2017, sentencia que “todos los procesos de capturas de datos se realizan de forma manual, a pesar que, por ejemplo, en las plantas pesqueras las empresas disponen de balanzas electrónicas que registran los pesos y los almacenan en sus sistemas informáticos”.

Pese al paso de los años, nada parece haber cambiado.