La jueza federal María Servini tramita una causa en la que se investiga un mecanismo de venta de acciones del Estado en la empresa Central Puerto a Pampa Energía, cercana al ex presidente Mauricio Macri, durante el gobierno de Cambiemos.

La denuncia, formulada por la Oficina Anticorrupción, está focalizada en el ex titular del Tribunal de Tasaciones Darío Guilteman, y en el ex funcionario del Ministerio de Energía Marcelo Blanco, quien en la actividad privada había trabajado para Pampa Energía y el banco alemán Deutsche Bank, uno de los contratados para gestionar la colocación de deuda externa durante el gobierno de Cambiemos.

Ambos, según la denuncia, funcionaron en tándem para resolver un rápido trámite de venta de las acciones estatales en Central Puerto. La operación se vio parcialmente frustrada por la abrupta salida de Blanco del cargo, en medio de una ola de denuncias por incompatibilidades de su cargo y la sospecha de una maniobra para beneficiar a Pampa Energía.

“El 2 de agosto de 2018 las acciones de Central Puerto S.A. debían salir a cotizar en Wall Street entre USD 17,50 y 21,50 pero lo hicieron a USD 16,50. De este modo, la oferta pública, recaudó 330 millones de dólares en vez de los 450 millones previstos inicialmente y en consecuencia, la acción de la misma compañía en el mercado porteño se derrumbó un 16,8%”, explica la denuncia de la OA.

“Como el grupo controlante se había apurado a deshacerse de su parte a buen precio antes del cataclismo, las sospechas no tardaron en aparecer. Medio centenar de operadores e inversores acusaban a las autoridades del Merval y a los bancos colocadores de la nueva acción en Wall Street (Bofa Merrill Lynch, JP Morgan y Morgan Stanley) de haber inflado el valor estimado para favorecer a los accionistas mayoritarios (Nicolás Caputo y Guillermo Reca) en desmedro de los minoritarios”, añade el documento.

“También cargaban contra la Comisión Nacional de Valores (CNV) por no haber evitado el uso de información privilegiada por parte de Nicolás Caputo y Guillermo Reca”, resumió.

Según la OA, “no podría descartarse que el apresurado e irregular procedimiento de tasación de las acciones del Ministerio de Energía en Central Puerto S.A., promovido en abril de 2018 por Marcelo Pedro Blanco, persiguiera favorecer el negocio de la compra de dichas acciones por parte de Pampa Energía S.A., Nicolás Caputo, Guillermo Reca o todos ellos en conjunto, recuperando sus posiciones mediante la adquisición de las acciones del Estado valuadas por debajo de la cotización de venta de las acciones de las cuales se desprendieron”, sintetizó la presentación.

Si bien la causa está en un estado embrionario, una primera aproximación a los hechos arroja que el beneficio para los privados (y el consecuente perjuicio para el Estado) podría rondar los 100 millones de dólares.

La operación se montó sobre el porcentaje de participación estatal en Central Puerto (CEPU S.A) fue promovida por Blanco invocando un decreto que disponía la venta de lo que quedaba en manos del Estado de las empresas de energía. La jueza Servini le requirió al fiscal Ramiro González que dictamine si impulsa o no la investigación, un paso procesal indispensable para determinar si habrá causa judicial.