La mayoría de los casos se resuelven con un juicio, pero otros, con debate y todo, dejan más interrogantes que certezas. «Bobinas blancas» es uno: el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó en septiembre a tres mexicanos y tres argentinos por los 1862 kilos de cocaína y a un cuarto argentino por lavar activos con criptomonedas para financiar la operación narco, pero el caso lejos está de terminarse no solo porque los investigadores no descubrieron cómo se llamaba alias «Licenciado», el verdadero jefe de la organización, no capturaron a un canadiense y tres mexicanos más involucrados y no resolvieron la situación de los despachantes aduaneros imputados sino porque otro tribunal todavía no definió la suerte de la abogada enjuiciada como cómplice del joven que ejecutó en el 2018 a uno de los mexicanos acusados y a su hijo y porque los detectives aún buscan pistas sobre ese sicario que esa misma noche se convirtió en un fantasma en el barrio de Belgrano.

Las seis fuentes con conocimiento de los cuatro expedientes que hacen al caso señalaron off the record ante Encripdata tres interrogantes –el informante de la DEA, el «arrepentido» que no fue y el rol de la abogada Julieta Bonanno– que podrían llevar hasta el sicario que asesinó de un tiro en la cabeza a Rodrigo Alexander Naged Ramírez y su hijo John Naged la noche del 4 de junio de 2018 en el departamento D del piso 10 de la avenida Cabildo 2659.

Todo comenzó el 13 de marzo de 2017 cuando el agregado de la Drug Enforcement Administration (DEA) en la Argentina, Steven Genevish, le ofreció al superintendente de Drogas Peligrosas de la Policía Federal (PFA), comisario general José Luis Valdivia, «compartir información relacionada con el tráfico de drogas». Pero no eran datos sueltos, eran demasiado precisos: advertía que la organización financiada desde México pretendía utilizar el puerto de Campana para exportar cocaína a Barcelona, España, en bobinas de láminas de acero. No solo eso: además, dio los nombres de la empresa exportadora, de la importadora y de tres despachantes aduaneros con sus respectivos teléfonos de contacto. Por si faltaba algo, también aportó las patentes de los autos en los que se movían y hasta la dirección del depósito de Bahía Blanca donde los traficantes preparaban los «ladrillos» de cocaína.

Con semejantes detalles entregados por la DEA, al juez federal de Campana Adrián González Charvay y a los detectives de Drogas Peligrosas de la PFA les bastó solo tres meses para realizar el 18 de junio de 2017 los allanamientos, arrestar a siete involucrados y secuestrar 1376 kilos de cocaína en el depósito señalado de Bahía Blanca y otros 486 kilos en un galpón de Luján de Perdriel, Mendoza.

Una de dos: el informe de la DEA fue el resultado de «tareas de vigilancia, escuchas telefónicas o dichos de un arrepentido», como sugirió el abogado Gabriel Jarque, defensor de uno de los mexicanos, al solicitar excluirla como prueba, sabiendo que si los jueces le daban la razón, el resto de la causa debía anularse, o fue consecuencia de que «alguien cantó», como sospechó el fiscal Gabriel González Da Silva.

En su alegato, el fiscal fue más allá: «Alguien cantó, yo tengo mi sospecha, sospecha, no afirmación, no tengo pruebas, pero sí indicios sobre quién habló con la DEA. Naged Ramírez estaba a la miseria, no podía hablar (tras el ACV en la cárcel), a punto tal que le suspendieron el proceso por incapacidad, estaba hecho bolsa, perdón el término, pero lo fueron a matar. ¿Qué sabía que lo quisieron silenciar? ¿Por qué no pasó lo mismo con sus compatriotas aunque estuvieran presos? La inferencia que me surje, que no está basada en ninguna prueba, es que Naged Ramírez fue el que alertó, con todas las precisiones que se dieron, a la DEA. Luego, no podía mandar al frente a nadie más si no podía hablar. No se trató, perdón el término, de una ‘mexicaneada’ hacia sus superiores, nunca lo vamos a saber, Naged Ramírez está tres metros bajo tierra».

El defensor de otro acusado planteó su hipótesis ante Encripdata: «Naged Ramírez fue eliminado porque fracasó. Era el jefe de la célula en la Argentina. Fue un mensaje para otras células. Jamás especificó quién era su jefe regional, a qué cártel pertenecía, ni su enlace canadiense, nada, porque una eventual colaboración a quien más dañaba era a él. Quien explicó los alcances de la operación fue alguien al que el juez de Campana le dio la falta de mérito». Y para reforzar su teoría, señaló hacia dónde indagar: «Tenes que examinar por el lado del locador de los galpones, el despachante de aduana o la empresa de logística que quedó afuera«.

Este abogado consideró, incluso, que la nota de la DEA a la PFA escondía una maniobra de forum shopping al indicar que los mexicanos tenían planeado sacar la cocaína desde el puerto de Campana porque quería que interviniera el juez de esa jurisdicción. Con solo una semana de tareas de campo, este magistrado comprobó que los narcos en realidad tramaban algo en el depósito señalado en Bahía Blanca, pero así y todo siguió con el caso desde su despacho en Campana. Solo cuando cerró la instrucción, el juicio pasó a ese fuero. De hecho, se quedó con la parte residual. En ese tramo se encuentran, justamente, los despachantes de aduana, a los que les dio la falta de mérito, que para el abogado fue el indicio de que entre ellos se ocultaba el informante de la DEA.

Al pasar, el fiscal reveló un secreto: que el mexicano Max Rodríguez Córdova, jefe junto a Naged Ramírez de la «pata local» del cártel mexicano, había declarado como «arrepentido» ante el fiscal Pedro Rebollo, pero que el juez González Charvay no lo aceptó con base al primer párrafo del artículo 3 de la Ley 27.304: «oportunidad: el acuerdo con el imputado arrepentido sobre lo previsto por el artículo 41 ter del Código Penal deberá realizarse antes del auto de elevación a juicio, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equivalente». Como sucedió en casos complejos, otros magistrados aprobaron acuerdos de colaboración para usar la información en un desprendimiento. Podría haberlo hecho: ni en ese momento ni ahora, el juez sabe quién es alias «Licenciado», qué cártel intentó hacer «Bobinas Blancas» ni dónde están el canadiense Kenneth James Booth y los mexicanos Javier Cabrera Madrigal -sobrino del «Licenciado»-, Juan Manuel Corsa Pimentel y Rubén de Luna Rodríguez si es que esos son sus verdaderos nombres.

Como sea, mientras el narco Rodríguez Córdova no conseguía ser «arrepentido» para mejorar su situación frente a los demás, un sicario, en presencia de la abogada Bonanno, ejecutó pocos dísa después al jefe de la operación Naged Ramírez, que «no podía hablar» producto del ACV que había sufrido en la cárcel, y a su hijo, que había dejado todo en México para acompañarlo en ese departamento de Belgrano.

Quizás tenga razón el abogado en eso de que a Naged Ramírez lo mataron porque «fracasó».

Alias «Licenciado» perdió mucha plata y mucha cocaína, que también es plata.

Y en el mundo del narcotráfico, los «fracasos» no se pagan con plata sino con la muerte.

De paso, la ejecución de uno era un mensaje a Rodríguez Córdova y al resto.

Emmanuel García, el argentino que recibió criptomonedas de parte del «Licenciado» y que entregó los dólares resultantes a los encargados de la operación narco, tenía miedo de que ellos quisieran matarlo. No por nada, aquel 18 de junio de 2017, cuando los policía federales lo fueron a detener a su piso de la Recoleta, el empresario llamó al 911 pensando que había llegado su hora. Los uniformados tuvieron que tirar abajo la puerta blindada.

De la casa de García, secuestraron 160 mil dólares en efectivo.

«Licenciado» le transfirió 233.232 dólares a El Águila María SRL como anticipo de exportación.

Amilcar Martino pagó 865.871 dólares por adelantado al Grupo Guasch SRL para comprar las bobinas.

El 5 de junio de 2017, es decir 13 días antes de su caída, Rodríguez Córdova «perdió» 39.200 dólares al pagar por adelantado seis meses de alquiler de dos departamentos amueblados con cocheras en Puerto Madero.

El 14 de junio de 2017, Marcelo Cuello «perdió» otros 30 mil dólares de la organización al abonar una seña para poder usar por seis una «bodega» en Quilmes para guardar la cocaína y las bobinas.

Por las manos de García pasaron otros 239.200 dólares del cártel.

Y según Rodríguez Córdova, alguien enterró plata en algún lugar.

Para el fiscal, el cártel mexicano gastó 1.567.503 dólares porque pensaba quedarse mucho tiempo en la Argentina. De hecho, aunque el juez y los policías, tras el alerta de la DEA, pudieron evitar el contrabando de 1862 kilos de cocaína en las ocho «bobinas blancas», alias «Licenciado», siempre desde México, seguramente consiguió «coronar» algunos cargamentos porque operaba desde 2014. De hecho, el Grupo Guasch SRL llegó a exportar entre 2016 y 2017 unos 46 rollos de acero a España y Canadá por un total de 874 mil dólares. En aquella época, esta misma comercializadora envió dos bobinas a México y de allí a Canadá, donde los agentes aduaneros encontraron 372 kilos de cocaína ocultos de la misma forma que en las bobinas secuestradas tres días antes en el depósito de Bahía Blanca. Para el fiscal no existieron dudas de que el «Licenciado» también tenía otra célula activa en Mendoza. Orlando Neri Maturano y Ariel Alejandro Rigoletti, dueño de Tele Exbe SA, hicieron entre 2015 y 2017 unos 57 envíos desde Mendoza hasta Montreal. Recién entre mayo y junio de 2017, los policías de Canadá decomisaron en cinco oportunidades, pero no en rollos de acero sino en piedras de cuarzo, 1062 kilos de cocaína. De hecho, el mexicano Luna Rodríguez le indicó al argentino Martino que, además de rollos de acero, la idea era esconder la droga entre piedras de cuarzo.

A principios del 2017, los narcos mexicanos tuvieron problemas con los dueños del Grupo Guasch SRL: Luna Rodríguez quería que sus «empleados» trabajaran en el galpón de noche y a puertas cerradas, pero los empresarios argentinos se negaron.

En mayo, Leandro Guasch comentó lo ocurrido con el despachante Damián Limanski:

– Claro, que raro ¿No? Son más raros. Lo que pasa es que la funda esa es preocupante porque la que él quiere es tipo una tela, es medio difícil bah hay que cortarlas todas para abrir.

– Ahí está la historia ¿La tela esa cómo se la sacas a una bobina de diez toneladas? ¿Y querés que te tire otra cosa? Creo, y estoy casi seguro, que si hay papel plateado o algo plateado, rebota la imagen de scanner, no se puede scannear. Se entiende lo que te quiero decir ¿no? Si tenés una chapa galvanizada toda plateada, ¿cómo mierda te llega el scanner hasta adentro?

– La deben tener estudiada los flacos. Le rebota la imagen.

– Está bien, pero vos la aislás con ese nylon y qué mierda… no te lo detecta un perro, no te lo detecta un scann, no te lo detecta nada. Lamentablemente para mí, porque yo lo aprecio fuera de todo yo lo aprecio, termina mal Darío con esta historia, pero, bueno, cuando la vida te aleja de algo viste, por algo te aleja ¿no?

– Y sí. Menos mal que no viajamos porque nos pueden llegar hasta rastrear los viajes.

Enterado de los problemas con el Grupo Guasch para operar, alias «Licenciado» bajó la orden para que Martino abriera la filial de Can Trade Conections SRL y para que consiguiera otros despachantes que quisieran trabajar con ellos sin hacer tantas preguntas. Así fue como llegó en enero de 2017 a hablar con los tres aduaneros mencionados en la nota que la DEA le mandó en marzo a la PFA. Como el alta de la empresa ante la AFIP y la Aduana se demoraba, Martino compró algunos rollos de acero a El Águila María SRL, de Chaco, también apuntada en la alerta. Tras esos incovenientes ajenos a la organización, el informante hizo el resto.

Los mexicanos que se encontraban en el país al 18 de junio de 2017 cayeron presos.

Con tan solo 29 años, Julieta Bonanno apareció de la nada para defenderlos.

Extraña fue la manera en la que la abogada decía defenderlos. La noche del 4 de junio de 2018, la joven letrada fue a la casa de los Naged, según su declaración, para llevarles la plata del alquiler que miembros del cártel le habían transferido a ella desde México y Guatemala. También para trazar la estrategia. Llegó a las 21.43, pero no entró sola. En ese instante se metió un hombre con capucha. Ya en el departamento, siempre según su versión, el ladrón les gritó: «¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la droga?». Pero no buscaba nada de eso ni se llevaría algo del lugar. Solo sus vidas. Ni más ni menos. Entonces les disparó en la cabeza y a otra cosa. A las 22.35, con las víctimas ya muertas y el sicario hecho fantasma, la abogada llamó al 911:

– 911, ¿dónde es la emergencia?

– Hola, sí, en Capital.

– ¿En qué calle?

– Avenida… Cabildo.

– Sí, señora, ¿Cabildo?

– Ay cómo es… 2659.

– ¿Qué es: una casa, un departamento?

– Un departamento, un departamento.

– Piso del departamento, por favor.

– Décimo, décimo D.

– ¿Qué pasó?

– No sé, entraron, empezaron a los gritos, a mí me encerraron.

– ¿Siguen ahí?

– No, no, salí, están muertos… ay por favor.

– ¿Qué pasó, señor? Digame.

– Yo vine a ver a mis clientes y no sé, entraron, entró uno, empezó a los gritos…

– Sí.

– Y están muertos los dos…

– Yo te mando el móvil, quedate tranquila.

– Por favor.

– Van para allá, quedate ahí en el lugar, van para allá.

– Gracias.

– ¿Quién era el que entró? ¿Lo viste?

– No sé, ¡No, no, no!

– ¿Quién te escondió?

– El que les disparó, estaban de capucha…

– Van para allá, van para allá, quedate tranquila.

– Gracias.

El juez González Charvay, que investigaba a Naged padre por las «bobinas blancas», se hizo cargo del doble crimen. Bonanno declaró que ella solo ató con cinta a su cliente y al hijo porque el sicario se lo exigió antes de encerrarla en el lavadero porque, según sus palabras, con ella «no era la cosa», pero los peritos forenses detectaron restos de pólvora en su mano izquierda: «Si bien pudo no ser ella la que efectuó los disparos, al menos se encontraba en situación de proximidad con quien sí los hiciera o pudo incluso haber manipulado el arma». Bonanno, aunque abogada, se quedó sin argumentos.

Su coartada de encierro en el lavadero terminó por caerse cuando los detectives, al allanar días después su casa de Ituzaingó, encontraron un papel en el que había escrito el nombre de los cuatro mexicanos a los que decía defender y sobre el de Naged Ramírez una especie de profecía autocumplida, «lo van a matar», y, finalmente, «muerto». La abogada, esta vez, no se quedó sin argumentos, directamente no tuvo nada para decir frente a semejante autoincriminación. La joven Bonanno, entonces, pasó de testigo a imputada y de defender a los mexicanos a a ser defendida por Leopoldo Murúa y Nicolás Proz como cómplice del sicario que mató a su cliente y al hijo.

Murúa y Proz, además de defender a Bonanno, también asistieron, aunque por poco tiempo, a los otros tres mexicanos. Astutos, quisieron tirar abajo toda la causa, pero ya no solo por la nota de la DEA sino por el estallido del espionaje ilegal de la banda integrada por el falso abogado, falso espía de la AFI y falso informante de la DEA Marcelo D’Alessio. Como publicó autor de esta nota en TN.com.ar el 23 de abril de 2019, los abogados le solicitaron al por entonces juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla ser querellantes en ese caso luego de conocer que el denunciante Pedro Etchebest aportó un audio en el que D’Alessio, para ganarse su confianza, le aseguró que había sido informante del agencia antidrogas estadounidense: «Yo hice las ‘bobinas’, ahora te muestro las fotos». «Las ocho incautaciones más grandes de cocaína y marihuana en el país las hice yo», agregó en medio de la extorsión.

Pero los abogados no pudieron tumbarla.

Y, entonces, los mexicanos los corrieron.

Ya en Bahía Blanca, los narcos volvieron a cambiar de estrategia y, asesorados por otros defensores, firmaron un juicio abreviado en el que, sin contestar preguntas, reconocieron el delito imputado a cambio de una pena menor a la probable en juicio. En el debate, el fiscal solo debió demostrar la responsabilidad penal del argentino que actuó como brazo financiero del cártel mexicano. Al final, los jueces Pablo Díaz Lacava, Pablo Candisano Mera y Pablo Larriera sentenciaron en septiembre a 15 años de cárcel al mexicano Max Rodríguez Córdova, el «arrepentido» que no fue, 14 años a sus compatriotas Jesús Madrigal Vargas y GIlberto Acevedo Villanueva, 6 años a los argentinos Amilcar Darío Martino y Marcelo Rafael Cuello, 5 años a su hermano Darío Maximiliano Cuello y 5 años a Emmanuel García.

Mientras tanto, por estas semanas en Buenos Aires, Murúa y Proz siguen intentando anular pruebas que comprometen a Bonanno. Una, por caso, es la pericia a su iPhone. Estos abogados denunciaron que los policías federales rompieron la cadena de custodia del aparato al llevarlo sin cumplir el protocolo en cuestión a la empresa Cellebrite para abrirlo. «Eso representa casi la totalidad de la prueba indiciaria de la fiscalía», aseguraron ante Encripdata.

En realidad, Bonanno dejó sus dedos pegados en todas partes, como en aquel papel que secuestraron los detectives en su casa. Si la joven abogada sabía que alguien pretendía matar a su cliente, como ella misma lo escribió de puño y letra, no tenía que hacer otra cosa más que advertirlo en la Justicia o en la Policía, pero, en vez de eso, fue hasta la casa de la víctima tan casualmente la misma noche y a la misma ahora en la que el sicario decidió actuar.

En ese papel, además de la profecía cumplida por el asesino, Bonanno había escrito algo más: «13 marzo».

El 13 de marzo de 2017 fue, justamente, el día en el que la DEA le entregó a la PFA los datos aportados por el informante.