Según un análisis elaborado a partir de datos oficiales, hay en la Argentina actualmente cerca de un 23% de cargos vacantes en la justicia federal y nacional, entre todas las instancias y fueros. El porcentaje cobra mayor envergadura si se lo compara con estadísticas del año 2012, donde un trabajo confeccionado por la Asociación para los Derechos Civiles, afirmaba que el 18,17% de los jueces eran subrogantes. Es decir, que en vez de reducirse, las subrogancias crecieron con el correr de los años.

La conclusión a la que se llega a partir de estas cifras es que uno de cada 4 magistrados ha sido designado por un sistema distinto al establecido por la Constitución Nacional para el acceso a la magistratura. De acuerdo a los especialistas, la elevada proporción de jueces provisorios impacta, por sus deficiencias, en la garantía de independencia judicial.

El dato se desprende del último informe elaborado por la propia Comisión de Selección de Jueces y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura que preside la diputada Graciela Caamaño. Según el documento, hay en todo el país 988 vacantes en la justicia nacional y federal, de los cuales 146 ya tienen trámite iniciado en el cuerpo. Por su parte, en el Poder Ejecutivo hay 85 cargos tramitados, y en el Senado de la Nación, 5.

Para calcular el porcentaje de vacancias en el Poder Judicial, una cifra que en el Gobierno nadie sabe definir con precisión, cuando debiera ser información pública y transparente, se tomó como base un informe de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, que estimó un total de 4.319 cargos de jueces en todo el país, tanto en el fuero ordinario como en el federal, y en todas las instancias. Sobre dicho total, los casi 1.000 cargos subrogados que establece el documento de la Magistratura representan el 23%.  

El proceso de designación de un magistrado federal comienza en el Consejo de la Magistratura, donde se realiza un concurso público y se conforma una terna de candidatos.Dicha terna pasa al Poder Ejecutivo que elige a uno y lo envía al Senado, que con mayoría simple de sus 72 integrantes, lo aprueba. Un proceso similar ocurre en las provincias, para el nombramiento de jueces en el fuero ordinario, donde intervienen los gobernadores y los senados provinciales. Prácticamente un cuarto de los magistrados ocupa el cargo salteándose el mecanismo establecido por la Constitución, lo que se traduce en una mayor injerencia del poder político.

El 6 de junio de 2018, el Gobierno de Mauricio Macri promulgó la nueva Ley de Subrogancias, la cual dispone que los nuevos jueces sean elegidos por sorteo con acuerdo del Senado. La norma anterior fue declarada inconstitucional hacia fines de 2015 por la Corte Suprema. Pese a ello, en varios casos tampoco se cumple aquella ley.

Durante las administraciones kirchneristas, en especial la de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, la Cámara Alta no podía intervenir, generando por parte del Consejo de la Magistratura maniobras discrecionales a la hora de designar jueces subrogantes. Allí está el caso ya comentado por este medio del poco fundamentado nombramiento de Alejo Ramos Padilla como subrogante en Bahía Blanca.

Según un informe publicado por el Ministerio de Justicia por entonces a cargo de Germán Garavano, entre 2016 y 2018 se realizaron 169 nombramientos de magistrados nacionales y federales. El mismo trabajo consignaba que había a su vez 88 pliegos en el Senado. Y para 2019, esa cifra se había elevado a 200. Pero apenas asumió, el Gobierno de Alberto Fernández decidió retirar dichos pliegos destinados a cubrir los juzgados subrogados, con la excusa formal de revisarlos. Pero desde esa fecha, las designaciones fueron muy escasas.

El proyecto de reforma judicial que diseñó el oficialismo, que está paralizado en el Congreso, pese a la gran cantidad de cargos vacantes, se propone crear más juzgados y Cámaras. Actualmente, el territorio del país se encuentra dividido en 17 jurisdicciones federales: Comodoro Rivadavia, General Roca, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Resistencia, Corrientes, Posadas, Paraná, Rosario, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, San Justo, La Plata y San Martín. Si se aprueba la reforma, habrá más.

En la jurisdicción Mar del Plata, por ejemplo, hay varias vacantes. El juzgado Federal 1 se encuentra subrogado nada menos que desde 2015, mientras que la Cámara está integrada por 2 jueces desde marzo de 2018, debiendo nombrar a un tercero en diversas oportunidades. Por su parte, el Tribunal Oral sólo tiene 1 miembro titular.

Mientras esto ocurre, algunos de los tribunales de alzada tienen previsto conformarse en lugares insólitos, como la Cámara de Comandante Luis Piedra Buena, que tendrá competencia sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego. La ciudad santacruceña apenas cuenta con 10.000 habitantes y, según publicó el diario “La Nación”, registra solo 15 abogados matriculados de los cuales 6 tienen el título bloqueado.

Si bien es cierto que el proyecto data de 2015, su creación es cuanto menos llamativa, resultando muy similar a lo ocurrido en 2010 con la AFIP de Ricardo Echegaray, que creó la División Río Gallegos, aglutinando allí las fiscalizaciones de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez.

En julio pasado la Magistratura aprobó las ternas para designar a los posibles camaristas. Y el último 7 de octubre, con dictamen de la Comisión de Selección, el Plenario del cuerpo aprobó el Concurso 364 destinado a cubrir los tres cargos de vocal en la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena.

El Consejo de la Magistratura fue creado por la reforma constitucional de 1994 pero recién entró en funcionamiento en 1998. La Ley 24.937 estableció su funcionamiento y le asignó las tareas primordiales de seleccionar a los Jueces de los tribunales inferiores, emitir propuestas de ternas vinculantes y aplicar sanciones disciplinarias a los magistrados.

La conformación original del Consejo era de 20 miembros. Así funcionó hasta el año 2006, cuando la entonces senadora Cristina Kirchner presentó un proyecto para reducir a 13 la cantidad de sus integrantes, con la Ley 26.080, que rige en la actualidad, aunque dicha norma se encuentra en revisión por la propia Corte Suprema de la Nación.

El órgano lo integran 3 senadores, 3 diputados nacionales –en ambos casos, dos por la mayoría y uno por la minoría-, 3 jueces, 2 abogados, 1 representante del Poder Ejecutivo y 1 del mundo académico, con un mandato de 4 años. Y posee cuatro comisiones: Administración y Financiera, Disciplina y Acusación, Selección y Escuela Judicial, y Reglamentación.

Su actual Presidente es Diego Molea, un abogado muy allegado al kirchnerismo y rector de la Universidad de Lomas de Zamora. Completan el cuerpo Alberto Lugones, Graciela Caamaño, Juan Manuel Cullota, Silvia Giacoppo, Diego Marías, Carlos Matterson, María Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Ricardo Recondo, Vanesa Siley, Gerónimo Ustarroz, y Pablo Tonelli.

La influencia de la política en las decisiones es una de las críticas que más recibe el Consejo: sobre 13 miembros, 7 provienen del ámbito político. Consultado en su momento por este medio, el reconocido abogado constitucionalista Daniel Sabsay, afirmaba que “lo primero que hay que hacer es terminar con el predominio absoluto de la política en el Consejo. Si bien no le alcanza para lograr la mayoría absoluta (N. de R: se requieren dos tercios para ello), sí le alcanza para una mayoría para influir tanto en la designación de un juez o en su destitución”.

La correlación entre las subrogancias y esta realidad se hace más que evidente.