Apenas transcurridos tres meses desde la asunción del poder, la vicepresidente Cristina Kirchner presentó una denuncia contra la AFIP durante la gestión del ex Presidente Mauricio Macri por presuntos “manejos ilegales y operativos clandestinos”, con el objetivo de ejercer un “hostigamiento y persecución contra opositores políticos”. Con aquella presentación, y la posterior ampliación de diciembre de 2020 que hiciera la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, la ex mandataria apunta claramente a dos objetivos: denostar el actual proceso del caso “Vialidad”, cuyas audiencias son cuestionadas sistemáticamente por la prensa k, y dejar sin efecto el futuro juicio por supuesto lavado de dinero.  

Hacia allí dirige los cañones. Si lograra anular las inspecciones realizadas por funcionarios de carrera de la AFIP entre 2001, cuando comienzan a revisar los movimientos de la constructora Gotti SA, predecesora nada menos que de Austral Construcciones, la nave nodriza del presunto testaferro k, Lázaro Báez, y 2019, pero haciendo hincapié más que nada en el período iniciado en 2016, Cristina Kirchner le estaría asestando un golpe casi letal a los expedientes citados. Es que ambos procesos se nutren, en parte, en los pormenorizados trabajos de los sabuesos del organismo, hombres de dilatada trayectoria y que solamente se han dedicado a hacer su trabajo, sin distinguir el color partidario.

En los últimos días se produjeron casi en simultáneo dos novedades en la causa que más desvela a la vicepresidente. En el expediente conocido como “Los Sauces-Hotesur”, donde también están procesados sus hijos Máximo y Florencia, además de ser confirmado uno de los jueces del Tribunal designado, el fiscal del caso desestimó un pedido de la defensa de la ex jefa de Estado para que todos los imputados sean sobreseídos.

La abogada Silvina Martínez había pedido el juicio político del juez Daniel Obligado por considerar que beneficiaba a Cristina Kirchner y demoraba injustificadamente la convocatoria al debate oral. El Tribunal Oral Federal 5, además del mencionado magistrado, está integrado por Adriana Pallioti y Adrián Grunberg. Tanto esté último, Grunberg, como Obligado ya participaron en resoluciones que decidieron no hacer juicios orales: aquel con el Plan Qunita y el segundo con el Memorándum con Irán.

El plenario del Consejo de la Magistratura, cuyo titular es Diego Molea, un hombre muy allegado al kirchnerismo, desestimó el pedido de juicio político argumentando que “no se observan hechos que sustenten o puedan poner en duda la rectitud de la intervención del magistrado denunciado”. Daniel Obligado fue quien le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou en plena pandemia de covid, luego revocó aquella medida, y finalmente redujo su pena en diez meses.

Antes de la decisión del cuerpo que selecciona y sanciona jueces, la defensa de Cristina Kirchner y de sus hijos, a cargo de Carlos Beraldi, pidió al tribunal sus sobreseimientos por inexistencia de delito, basado sobre prueba producida justamente en la etapa previa al inicio del juicio. Sin embargo, el fiscal federal de la causa, Diego Velasco, decidió rechazar dicho pedido, aduciendo, de manera más que razonable, que las pruebas del caso se deben debatir durante el proceso. Además, conminó al Tribunal Oral Federal 5 que fije fecha de inicio de juicio. Pero antes de ello, el TOF debe decidir si acepta el pedido de la defensa de Cristina Kirchner.

La hipótesis de dicho expediente es que los Kirchner cobraban retornos de la obra pública a través de alquiler de plazas hoteleras y propiedades, principalmente a Lázaro Báez, pero también a Cristóbal López. El monto investigado asciende a $120 millones.

En su dictamen, el fiscal Velasco señaló que “Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elizabeth Fernández, Máximo Carlos Kirchner fundan la empresa Los Sauces con el objeto de quese canalicen por allí y mediante locaciones de inmuebles los pagos ilegales del delito precedente, la obra pública concedida a Lázaro Antonio Báez”. La jurisprudencia sostiene que la existencia de un delito precedente o un ilícito previo constituye un elemento ineludible para la existencia de lavado de activos.

Y allí es clave la causa conocida popularmente como “Vialidad”, donde están procesados la ex Presidenta, además de su ministro de Planificación, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, y Lázaro Báez, entre otros, y cuyas audiencias comenzaron el 21 de mayo de 2019.

El proceso se inició “por haberse detectado en materia de obra pública vial un plan diseñado en Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Báez las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia entre los años 2003 y 2015”. Sobre un total de 88 obras llevadas a cabo en la provincia de los Kirchner, 52 se contrataron con empresas relacionadas con Báez.

La importancia de las investigaciones radica en el hecho de que las mismas conectan con el expediente por la emisión de facturas truchas en beneficio de Austral. que tramitaba en Bahía Blanca, donde también estaba procesado Lázaro Báez, el cual se trataría de uno de los delitos precedentes de la causa “Vialidad”. La maniobra estaba destinada “a resguardar o encubrir sobreprecios de la obra pública, volcándose ese altísimo circulante a operaciones de lavado de dinero”, según la acusación.

Pero aquí la vicepresidente ganó una batalla: la Cámara bahiense resolvió revocar, en un fallo muy polémico, al presunto testaferro k, aduciendo que la misma fue armada entre el diario “La Nación”, y la propia AFIP. El problema que presenta este argumento es que las inspecciones de los sabuesos tuvieron lugar durante el gobierno kirchnerista.

El antecedente de la “cartelización” de la obra pública

Pero todo había comenzado mucho antes, cuando el organismo recaudador, por entonces a cargo de Alberto Abad, detectó facturación apócrifa en favor de la constructora santacruceña Gotti SA, la favorita de Néstor Kirchner como gobernador de la provincia austral. Quien comandaba aquellas inspecciones era la seccional de AFIP de Comodoro Rivadavia, desmantelada debido a ello progresivamente desde 2008, ya bajo el mando, primero de Claudio Moroni, y luego de Ricardo Echegaray.   

Un dato que es preciso recordar. Hace prácticamente 16 años, el 23 de noviembre de 2005, el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna, denunció sobrecostos y cartelización en la obra pública. Lo hizo en plena Cámara de la Construcción. Allí dijo que hay licitaciones de Vialidad que “son investigadas por Defensa de la Competencia e incluso por el Banco Mundial”. Una semana después, salió eyectado de su cargo por el ex Presidente Néstor Kirchner. Aquel hecho hoy cobra mayor relevancia.

En una de las audiencias de “Vialidad”, Lázaro Báez declaró que hubo animosidad en su contra, afirmando que hubo un traslado irregular de todas las actuaciones a la delegación de Mar Del Plata de la AFIP, ya que su empresa tenía domiciio en CABA y luego en el sur.

Pero vale recordar que en 2012, fue el propio Ricardo Echegaray quien decidió rebajar de categoría a la seccional Bahía Blanca, donde se estaban investigando las maniobras con facturas apócrifas, y que a raíz de ello, las actuaciones se mudaron a la ciudad balnearia. Además, la fiscalización por parte de regionales diferentes de aquella en la que el contribuyente tiene su domicilio fiscal es completamente legal y resulta ser una práctica bastante habitual en la jurisdicción de Interior de la AFIP. No conforme con ello, hay que volver a subrayar que la seccional Comodoro Rivadavia, luego de la desmantelación, no tenía aún infraestructura suficiente.

Lo deja bien en claro un funcionario marplatense: “Después que aparecen las apócrifas de Bahia, que es lo que motiva en 2012 el cierre de la regional bahiense, queda todo stand by. Y en la fiscalización que se le hace a Austral en CABA se le informa erróneamente al juez Penal Económico López Biscayart, en un informe sin firma, una deuda de la empresa que no daba condición objetiva de punibilidad para denunciarla penalmente, menos de 500.000 pesos, sin analizar en absoluto las usinas de apócrifas de Bahia Blanca que es lo que se retoma en Mar del Plata en 2016, tirando abajo el falso informe que la AFIP Caba hace en 2015”. Y agrega: “La deuda era de más de $60 millones”.

Pero además la Seccional Mar del Plata tiene una vasta experiencia en el análisis de facturas truchas. A partir de un exhaustivo trabajo por parte de los sabuesos marplatenses en la década del ´90, en el caso conocido como “Red Hotelera Iberoamericana SA”, donde se inspeccionaron “salidas no documentadas” por parte de dicha empresa, el 26 de agosto de 2003 la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia al fallar sobre el particular. Otro trabajo “modelo” reconocido es el correspondiente a Radio Emisora Cultural S.A.

Causa por lavado

En el expediente en el que la vicepresidente y sus hijos quieren ser sobreseídos sin juicio, hay otro punto de contacto con el trabajo hecho desde Mar del Plata. El fiscal Diego Velasco recordó que una de las firmas involucradas Hotesur SA, fue gerenciada hasta 2013 por Valle Mitre SRL, propiedad de Lázaro Báez. Como esta última no contaba con fondos, Austral Construcciones le giró más de 70 millones de pesos, proveniente, casualmente, de la obra pública.

En las reinspecciones realizadas en 2016, “se destacó que Valle Mitre suscribió junto a Austral Construcciones un “Contrato de Consultoría Integral en materia hotelera y asesoramiento general para el desarrollo y/o apertura de nuevas unidades de negocio”.

Así lo explica una fuente de la investigación: “Claramente las consultorías eran inventadas, y fue la única forma que encontraron para poder inyectar los fondos para justificar el déficit que se les generaba por los alquileres”. Y añade que “Valle Mitre le facturó a Austral sumas irrazonables en tareas de consultoría que nunca realizó y en habitaciones que nunca se ocuparon. Ambas típicas operatorias de lavado”.

Un dato que ratificaría la operatoria es que Valle Mitre solo tenía empleados gastronómicos en su nómina. Es decir, ningún profesional capacitado para realizar consultorías ni contrataciones con terceros.

La fuente consultada señala que la operatoria le permitía “a Valle Mitre generar los ingresos y la caja que posibilitara pagar irrazonables alquileres fuera de valores de mercado a los Kirchner, dueños de la propiedad”, y a Austral Construcciones “retirar el dinero de sus cuentas bancarias que habían ingresado en blanco por la obra pública sobrefacturada o que nunca se hizo, para hacerse del efectivo mediante facturas apócrifas de Valle Mitre, La estación, Don Francisco, etc. por servicios de consultoría inexistentes y habitaciones nunca ocupadas”.

Las inspecciones y los trabajos realizados por funcionarios de carrera de la AFIP nutren en gran medida ambas causas, “Vialidad” y “Hotesur”. De allí la desesperación de la vicepresidente por acusar al organismo recaudador durante la gestión de Cambiemos de actuar como un “grupo de tareas”.