La gestión de los residuos en cada ciudad o pueblo es responsabilidad de los municipios. Comprende las tareas de barrido, limpieza, recolección, reciclado y deposición de los residuos. A los fines de preservar el medio ambiente es necesario que cada una de las municipalidades modernicen sus sistemas de gestión de residuos apuntando a potenciar mecanismos de reducción, reutilización y reciclaje.

Sin embargo, el gobierno nacional propone sancionar una ley creando un Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER) que se financiará con una Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP) manejada desde el Ministerio de Ambiente nacional. La tasa se fijará por kilo de materiales en los envases y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado. El Ministerio de Ambiente se erige en el coordinador de los Sistemas Locales de Gestión Integral de Envases de todo el territorio nacional. Estos serán los municipios y las organizaciones de trabajadores del reciclado.

¿Cuáles son las posibilidades de que un organismo nacional haga una gestión eficiente de los residuos en todos los municipios del país? Para responder a este interrogante, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) tomó datos oficiales del Ministerio de Economía que permiten observar que:

• En la Argentina hay unos 2.170 municipios.

• El Ministerio de Ambiente de la Nación asiste financieramente con un programa nacional a 70 de estos municipios.

• Esto significa que el Ministerio de Ambiente llega a apenas el 3% de los municipios.

Estos datos muestran que la propuesta de gestionar los residuos en todos los municipios del país desde un organismo nacional es descabellada. El alcance marginal que actualmente tiene el Ministerio de Ambiente de la Nación en los municipios es lógico y previsible. Es imposible manejar desde una oficina en la Capital todos los municipios del país. Pero lo más grave es que el proyecto plantea crear un nuevo impuesto para que el gobierno nacional se arrogue funciones locales que tiene expresamente vedadas por la Constitución Nacional. El Artículo 5° de la Constitución no deja dudas al establecer que “Cada provincia dictará para sí una Constitución … que asegure su régimen municipal…”. En este sentido, el proyecto entra en abierta violación de la Constitución.

El avance de intervenciones nacionales sobre funciones provinciales y municipales no es original. Es la lógica que inspira a los Ministerios nacionales de Educación, Salud, Desarrollo Social, y el de Hábitat. El mismo artículo 5° de la Constitución que veda la intervención nacional en la organización municipal, también señala que la educación básica es responsabilidad de las provincias. Sin embargo, el Ministerio de Educación se dedica a “ayudar” con programas nacionales a las escuelas provinciales. Todas las provincias en sus Constituciones establecen que ellas serán las responsables por la salud pública. Pero el Ministerio de Salud nacional “ayuda” con programas nacionales a los centros de salud y hospitales públicos provinciales y municipales. Lo mismo sucede con el Ministerio de Desarrollo Social atendiendo población vulnerable y el Ministerio de Hábitat haciendo algunas viviendas en algunas ciudades.

La apropiación del gobierno nacional de impuestos para invadir responsabilidades provinciales y municipales es una de las causas de la decadencia argentina. Este accionar aumenta el déficit fiscal pero fundamentalmente baja la calidad de la gestión pública. La razón es que diluye las responsabilidades de las autoridades locales ante los fracasos y contamina el sistema político a través del sometimiento de voluntades usando la distribución discrecional de estas “ayudas”.

Estos antecedentes no deberían ser ignorados en la instancia de abordar un tema estratégico como es el cuidado del medio ambiente a través de una gestión eficiente de los envases. El Congreso tiene la oportunidad de reencauzar el tema rechazando la idea de crear otro impuesto para centralizar en el gobierno nacional funciones provinciales y municipales. Esto, además de extremadamente ineficiente, viola la Constitución.