Regresaron los masivos cortes de luz, con todo lo que ello implica: la posibilidad de perder algún electrodoméstico, sufrir un golpe de calor o tener que caminar por calles “boca de lobo”, con el riesgo que presenta.

Luego de que en vísperas de año nuevo unos 85 mil usuarios dentro del AMBA sufrieron la falta de suministro eléctrico, el ENRE multó a la distribuidora Edesur por unos 239 millones de pesos por “incumplimientos en la calidad de servicio”.

Lo curioso es que el sistema de distribución funciona mal por dos razones principalmente: primero por el congelamiento de las tarifas que no permiten realizar las obras y remodelaciones necesarias, y segundo por el cepo a las importaciones que impuso el Gobierno en mayo del 2020.

Para que quede claro, el ENRE es auditado por la Unidad de Auditoria Interna (UAI) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que depende del Ejecutivo Nacional.

En otras palabras, el mismo que te llevó a mantenerte en una situación paupérrima y deficiente (actualmente Edesur le debe una millonada a Cammesa, la administradora del mercado eléctrico), te sanciona por brindar un servicio defectuoso.

Alguien ingenuamente podría decir que la medida de congelar tarifas tiene que ver con el alto costo del servicio y la imposibilidad de pagarlo para muchos sectores. De más está decir que los subsidios que brinda el Estado para que las boletas de luz no sean astronómicas, se pagan igual por el usuario, solo que a través del IVA que abona en el supermercado.

Escándalo aparte generó la inversión anunciada por el Gobierno para mejorar la conectividad de internet en las cárceles. La misma será de mil millones de pesos y se financiará con aportes obligatorios que deben hacer empresas de servicios tecnológicos y telecomunicaciones (Fibertel, Movistar, Cablevisión, etcétera).

El problema es que mientras ello sucede, aún hay provincias, sobre todo en el norte del país, que no cuentan con un sistema de conectividad adecuado. Ello a pesar de haber pasado la pandemia y la virtualidad en el medio.

A tal punto afectó esto que, según un informe brindado por el Ministerio de Educación en junio de 2020, el 10% de los alumnos matriculados abandonaron la escuela (1.1 millones de un total de 11 millones).

Como si ello fuese poco, resulta ser mucho más urgente la resolución del problema que presenta hoy la falta de empleo y alimento: la pobreza infantil se ubica en 54,3% a nivel nacional, dato que asciende al 71,4% en el Gran Buenos Aires.

Hablando de alimentos, Juntos por el Cambio presentó un proyecto que propone reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajándolo del 21% al 18%.

Quien salió a criticar esta medida fue el economista Roberto Cachanosky: “Pedir una baja de 3% del IVA es una propuesta de gente que no mira los números y tampoco sabe de economía. 1) La principal fuente de financiamiento del tesoro es la emisión, 2) antes bajen impuesto al cheque, 3) sean machos y pidan baja de gasto público”, redactó en su cuenta oficial de Twitter.

Al margen de ello fue muy claro al mencionar que “la inflación se come en un mes la baja de los 3 puntos de IVA. No tiene sentido”.

¿Habrá tomado la oposición una decisión solamente mirando la tribuna? Y hablando de oposición, los gobernadores de Juntos por el Cambio ya adelantaron este lunes que no participarán de la reunión convocada para este miércoles por el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el fin de dar explicaciones sobre los avances de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suarez (Mendoza) y Horacio Rodríguez Larreta (CABA) aseguran que se trata de una “reunión política” y manifestaron que ese encuentro debe darse dentro del ámbito parlamentario con los jefes de bloque.

A los cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio se les sumó un quinto integrante, el cordobés Juan Schiaretti, quien también auguró su ausencia en dicha junta

“La reunión de Guzmán con los gobernadores no es un hecho político; es un acto institucional para explicar la negociación con el FMI”, aseveró esta mañana el presidente Alberto Fernández en declaraciones a Infobae. También anunció que el ministro Guzmán convocará a todos los jefes de bloque al Ministerio.

Escándalo en puerta, desde la oposición ya empiezan a discutir respecto del lugar adecuando para el encuentro: dicen que tiene que ser en el Congreso y en ningún otro lugar.

Pero las rispideces entre el oficialismo y Juntos por el Cambio se agravaron anteriormente, con el voto en contra al presupuesto 2022 de la principal fuerza opositora.

El Gobierno, ni lento ni perezoso, busca brindar recursos a las provincias de forma discrecional: a las gobernadas por el oficialismo mayor repartición; a las otras, simplemente trabas.

Así las cosas, todo indica que los acuerdos necesarios para plantear un programa de Estado a largo plazo no llegarán y con ello la decadencia de la Argentina se profundizará aún más.

© Tribuna de Periodistas, todos los derechos reservados