Poder Ciudadano presentó los informes “Diagnóstico sobre Políticas de Integridad” y “Transparencia en las empresas públicas y privadas del sector energético argentino” en el marco de la iniciativa “Círculos Virtuosos”. La organización no gubernamental concluyó que si bien se observan ciertos avances en la adopción de políticas internas de integridad cuesta aún efectivizarlas y que formen parte de la cultura organizacional.

El estudio se centró en el nivel de adecuación de 251 empresas públicas y privadas del sector energético argentino a los estándares internacionales y legislación aplicable en materia de transparencia corporativa y políticas de integridad o anticorrupción. Dicho sector tiene un rol estratégico en el desarrollo económico, productivo y social. En consecuencia, las prácticas que atentan contra la competencia e integridad tienen un impacto directo en la vida de las personas y en el desarrollo del país.

Cabe destacar que el Programa de Integridad es la llave que tiene la empresa para demostrar que hizo todo lo que estuvo a su alcance para prevenir, o evitar, un soborno o tráfico de influencias. 

Inés Castresana, abogada que forma parte del área de transparencia y lucha contra la corrupción de Poder Ciudadano, en comunicación con El Auditor.info, detalló los puntos principales de los informes. “Círculos virtuosos es una iniciativa que busca promover estándares de mayor integridad en el sector energético focalizándonos, específicamente, en las PyMEs y empresas públicas del sector”, afirmó la especialista de la ONG. 

Para generar una mayor competitividad -según la organización no gubernamental- es necesario fortalecer las compañías, claves en la industria energética, y para ello es necesario que cumplan con los estándares de integridad y tengan programas para prevenir la corrupción. “El objetivo del diagnóstico es tener una línea de base para poder trabajar con estas empresas para ayudarlas a mejorar sus programas de integridad o desarrollarlos en el caso de que no los tengan”, completó la especialista. 

En lo que respecta a la legislación, Argentina cuenta con la Ley Nº 27.401 -sancionada en 2017- que incentiva a las empresas a contar con este tipo de programas y políticas para prevenir hechos de corrupción en las empresas. Sin embargo, la abogada afirmó que esta norma “nunca ha sido aplicada”. 

Poder Ciudadano expuso, mediante las conclusiones de la investigación, que las compañías del sector están avanzando en la adopción de políticas internas de integridad, pero todavía existen importantes retos para efectivizarlas e impregnar sus valores en la cultura organizacional y en su cadena de valor. Por otro lado, según el documento, se advirtió la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de reglas claras que regulen la relación entre el sector público y las empresas, asegurando su transparencia e integridad.

En detalle, menos del 30% de las sociedades relevadas reporta en sus sitios web contar con, al menos, un elemento mínimo obligatorio del Programa de Integridad. Castresana indicó que el código de ética y políticas que colaboren en la prevención de la corrupción son piezas imprescindibles que deben estar.

Por otro lado, ocho de cada 10 compañías grandes cuentan con al menos un elemento obligatorio. “La mayoría de estas empresas son multinacionales que ya tenían exigencias desde otros lugares donde operan o en sus casas matrices”, explicó la abogada de la ONG.

De acuerdo a los datos publicados, se analizaron 33 compañías cuyo accionista mayoritario es el Estado Nacional o alguno de los Estados provinciales (EPES). Se advirtió que 27 no brindan información en sus sitios web respecto a la existencia de un Programa de Integridad, coincidiendo en un bajo nivel de adecuación a la Ley N° 27.401 y estándares internacionales o buenas prácticas en materia de lucha contra la corrupción.

Para completar, el informe mencionó firmas que no cuentan con un sitio web, y otras con muy poca información relativa a su gestión, estructura y políticas. En los casos en que se publica, suele ser insuficiente. “Hay muy poca información, es difícil conseguir cuales son las empresas en las que los Estados provinciales tienen participación. Este es el principal desafío”, concluyó Inés Castresana.