Con casi 17 millones de habitantes y una superficie aproximada de 308.000 km2, la provincia de Buenos Aires presenta realidades absolutamente diferentes a lo largo de su territorio. Los 135 municipios que lo componen no son nada homogéneos, diferenciándose tanto en extensión geográfica, como también en sus demografías, tipo y concentración de la actividad económica y situación social. A partir de allí, los fondos que les destina el gobierno provincial pasan a ser claves a la hora de ejercer el poder sobre ellos.

El régimen de coparticipación bonaerense se estructura a partir del Coeficiente Único de Distribución (CUD), creado el 2 de junio de 1995 mediante el decreto 1069/95, que ordenó, a su vez, la Ley 10.559 promulgada el 22 de octubre de 1987, que establecía el reparto a las comunas. Pero lo cierto es que el CUD, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Hacienda, surge de una disposición muy compleja. Y para muchos también demasiado injusta.

El Coeficiente se da a conocer año tras año y puede sufrir variaciones. Para 2022, y con la idea de que no haya demasiado desfasaje entre los distritos, se tomó un promedio entre los períodos julio 2018 a junio 2019, julio 2019 a junio 2020 y julio 2020 a junio 2021. Sin embargo, apenas menos de 50 municipios registrarán alzas en sus índices, mientras que el resto, más de 85, tendrán bajas. Y la injusticia no mermó.

Los 3 municipios que más subieron están gobernados por el peronismo: Escobar (19,5%), General Las Heras (14,8%) y Alberti (10,3%). El partido que más salió perjudicado fue General Madariaga, perteneciente al radicalismo, cuyo índice cayó más de un 11% respecto a 2020.  Por su parte, Vicente López, manejado por Jorge Macri, caerá nada menos que 7,1%. Por debajo de él, solo hay 4 distritos.

Dentro del AMBA, además de Escobar, Lomas de Zamora y Tigre fueron los más beneficiados, con una suba de 9,3% y 6%, respectivamente. Saliendo del conurbano, también se anotaron Pehuajó (9,8%) y Mar Chiquita (7,0%), de los cuestionados intendentes peronistas Pablo Zurro y Jorge Paredi. Vale reconocer que La Matanza, el gran bastión k, apenas tuvo un incremento del 0,1%.

Si bien para compensar esto, el gobierno de Axel Kicillof incluyó en el presupuesto provincial un Fondo de Infraestructura de $17 mil millones a repartirse entre los municipios y otro de Fortalecimiento de Seguridad por total de $ 7 mil millones , la ley de coparticipación debiera ser revisada.

El sistema de reparto no puede ser más complicado. En su artículo 1°, la ley 10.559 afirma que “las Municipalidades de la Provincia recibirán en concepto de coparticipación el 16,14% (dieciséis con catorce por ciento) del total de ingresos que percibe la Provincia en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal de Impuestos”, determinando el criterio por el cual serán distribuidos los recursos:

Del 58% entre todas las Municipalidades de acuerdo a lo siguiente:

_ El 62% en proporción directa a la población.

_ El 23% en forma proporcional a la inversa de la capacidad tributaria “per cápita”, ponderada por la población.

_ El 15% en proporción directa a la superficie del Partido.

_ El 37% entre las Municipalidades que posean establecimientos oficiales para la atención de la salud, con o sin internación.

Este complejo mecanismo genera en los distritos una gran dependencia hacia la administración bonaerense, en especial aquellos gobernados por la oposición. Si se toman, por caso, las dos ciudades más importantes del interior, la situación queda dramáticamente expuesta.

Mar del Plata, cuyo intendente es Guillermo Montenegro, de Juntos, bajará este año un 0,7% respecto a 2020. Y Bahía Blanca, gobernada por Héctor Gay, también de la principal coalición opositora, caerá aún más: un 2,1%. La única excepción quizá sea La Plata, bajo control de Julio Garro, que subirá un 0,9%.

Hace 1 año y medio, el concejal marplatense Horacio Taccone ya advertía estas deficiencias, al afirmar que “tomando el Coeficiente Único de Distribución, cada uno de los habitantes del Partido de General Pueyrredon, con una población de casi 620.000 personas, según el Censo 2010, recibió $4.434 de fondos coparticipables. Un vecino de Tornquist (12.372 habitantes) recibió $37.441, uno de Trenque Lauquen $21.705 (33.442), de San Isidro $8.644 (291.600), de Vicente López $8.390 (269.400), de Necochea $9268 (95.000)y de Tandil $10.446 (125.000)”.

La ciudad balnearia ya venía cayendo. En el CUD anterior, había caído 5,5 % respecto a 2019, en tanto que Bahía y La Plata se mantuvieron sin cambios.

Traducido en plata fresca, tomando como ejemplo lo ocurrido en 2019, La Matanza, con casi 1.800.000 habitantes, recibió $4.000 anuales por habitante, mientras que la localidad de Pila, con apenas 2.500 personas, percibió $45.000 por cabeza. A su vez, Bahía Blanca, con $5.413 y 301.000 habitantes, recibió más que General Pueyrredón. La Plata, por su parte, con 827.000 ciudadanos, obtuvo $5112. Una inequidad evidente.

Si bien no la generó, al peronismo bonaerense le viene muy bien esta situación para sus aspiraciones políticas, pensando en 2023. Mar del Plata es la sexta ciudad más grande del país, y el tercer distrito electoral de la provincia. Es decir, un botín muy preciado. Desde que la restauración democrática de 1983, el justicialismo nunca pudo gobernar la ciudad. Estuvo muy cerca en 2019, cuando el actual jefe comunal, el ex juez Guillermo Montenegro, aventajó por apenas 9.000 votos a la candidata del kirchnerismo, la hoy jefa de la ANSES, Fernanda Raverta.

En el verano de 2021, la dirigente camporista anunció en la ciudad que el organismo bajo su órbita iba a invertir $ 100 mil millones para ampliar el puerto marplatense a través de la construcción de un nuevo espigón en el sector pesquero, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Inversión que vale decir que aún no fue concretada.

El FGS fue creado a través del decreto N° 897 el 13 de julio de 2007. Fue el paso previo a la ley 26.425 promulgada el 4 de diciembre de 2008 que dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En otras palabras, estableció que el total de los fondos administrados por las AFJP se traspasaran en especie al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. El mentor de aquella idea fue el procesado y condenado ex vicepresidente Amado Boudou.

Recientemente, el gobernador Kicillof anunció, también junto a Raverta, que su gobierno financiará la construcción de la avenida de circunvalación, una necesaria y ambiciosa obra que necesita Mar del Plata.

El 24 de noviembre de 2011, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la “Ley Marco de Regionalización de la Provincia de Buenos Aires”, enviada por el entonces gobernador Daniel Scioli. El ambicioso proyecto se proponía “construir una provincia homogénea, maximizar el crecimiento económico y el desarrollo social, y distribuir equitativamente el desarrollo económico en todo el territorio provincial”, entre otros objetivos. Para las regiones del interior, perseguía “liberar las potencialidades productivas y creativas locales, y fomentar el asentamiento poblacional”. Aquellas buenas intenciones quedaron sólo en anuncios.

En Marzo de 2018, la ex gobernadora María Eugenia Vidal intentó modificar esté régimen, pero finalmente el proyecto no prosperó. Los puntos más cuestionados del actual esquema, según un análisis de la Universidad de General Sarmiento, “estriban en dejar de lado el criterio de superficie por no representar una atribución justa en relación a las necesidades de gasto de las diferentes comunas, considerar las necesidades existentes de cada municipio, y principalmente abandonar el componente de salud en el esquema de reparto, ya que debido a las deficientes políticas públicas existentes desde hace décadas, se torna muy desigual dicho criterio”.

En un trabajo firmado por Alejandro López Accotto, Carlos Martínez e Irene Grinberg, se afirmaba que “en territorio bonaerense, los municipios no están habilitados a cobrar impuestos, aunque subsiste una polémica legal al respecto. Por tal restricción a su financiamiento, las comunas bonaerenses solamente pueden incrementar sus ingresos propios a través del cobro de tasas y contribuciones. Sin embargo, en un contexto en que la esfera de lo local se expande, con nuevas demandas y campos de acción, la posibilidad de prestar únicamente servicios cuyo financiamiento pueda solventarse a través del cobro de tasas y contribuciones se ve severamente acotada”.

Y agregaba: “Ya en el año 2002, los municipios de la Provincia de Buenos Aires, en promedio, apenas lograban financiar con sus recursos propios sus gastos en personal. Es decir que el financiamiento propio no era suficiente para desarrollar ninguna política por encima del pago de las erogaciones. Por tanto, los ingresos provenientes de transferencias de otros niveles de gobierno son un componente fundamental de los recursos municipales”. 20 años después, la situación es la misma, con municipios que destinan el 80% de sus ingresos sólo al pago de salarios.

Aunque también las comunas debieran revisar la asignación de sus recursos, se torna evidente que el actual régimen de coparticipación favorece la concentración de poder en la administración bonaerense.