“Por lo expuesto, habré de disponer, en carácter una medida cautelar y provisoria, de administración del predio que fuera lugar de explotación, sito en calle El Mirador y el Monte de Sierra de los Padres”.

Con estas palabras, el titular del juzgado federal 3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, resolvió en favor de una presunta víctima de trata laboral otorgándole el campo donde trabajaba. La controvertida decisión tuvo lugar el último 8 de noviembre de 2021, y fue a partir de un pedido de la Defensoría Pública de Víctimas de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Inés Jaureguiberry. La fiscal del caso, Laura Mazzaferri, había dictaminado en favor de la solicitud.

En la causa se investiga la presunta “captación, traslado y acogimiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad”, entre ellas, la mujer y su hijo menor de edad, que fueron los beneficiados de la medida cautelar. Los responsables del campo, a quienes se les trabó un embargo, fueron procesados por Inchausti el 26 de febrero de 2021 por “trata de personas con fines de explotación laboral”.

La intervención de la dra. Jaureguiberry dio inicio cuando la víctima solicitó la asistencia técnica de la Defensoría Pública, a lo que se hizo lugar, alegando “la especial gravedad de los hechos investigados, carencia de recursos económicos y la situación de vulnerabilidad que ameritaban la intervención del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD)”. En ese momento, la mujer se encontraba viviendo únicamente con su hijo en el predio inspeccionado. Por esta razón, la defensora solicitó ante el Juzgado el dictado de la medida cautelar.

El dr. Inchausti designó como “depositario judicial” del campo “al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a los fines de preservar los bienes y garantizar que una eventual orden de decomiso pueda ser efectivamente ejecutada cuando adquiera firmeza”. Pero como el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca declinó su carácter de depositario, la Defensora de las Víctimas emitió un documento donde hace saber que se encuentran “en tratativas para coordinar que otra institución pública” pueda asumir dicho rol. Fuentes judiciales la afirmaron a este medio que la medida será apelada.

Sin embargo, la decisión del juez de primera instancia no deja de ser muy polémica.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), creada en el año 2013 y a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, sostiene que “una reparación justa debe aspirar, en primer lugar, a la reposición de las cosas al estado previo a la violación del derecho, y al pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que pueda haber sufrido”. En ningún caso se habla de la posibilidad de que reciba un campo.

Inevitablemente, el tema conecta con la expropiación de tierras, un viejo anhelo de algunos exponentes del kirchnerismo duro. Por ejemplo, el dirigente social y amigo del Papa Francisco, Juan Grabois, quien directamente propicia una reforma agraria, y que no hace mucho, en 2020, había advertido que “hay una oleada de tomas de tierras que se va a profundizar“, y que “la gente no va a querer seguir viviendo hacinada”. Además, sugirió que la solución “más inteligente es lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y darle a la gente para que se haga su casa”.

Desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en diciembre de 2019, las tomas aumentaron considerablemente. Sólo en la provincia de Buenos Aires hubo en menos de un año, más de 1.800 usurpaciones de terrenos, según reconocía el propio oficialismo.

En su pedido al juez Santiago Inchausti, la Defensora de las Víctimas puntualizó, con llamativos argumentos, que “de no adoptarse la medida, la víctima se vería obligada a tener que elegir entre abandonar el predio que le sirve de sustento material, o bien explotarlo en condiciones informales, lo cual la expondría al riesgo de posibles represalias, estigmatizaciones o sencillamente la imposibilidad de comercializar en el mercado formal el producto de su trabajo por no contar con los requerimientos regulares del circuito de distribución”.

La Defensoría Pública de Víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires fue puesta en funcionamiento el 28 de diciembre de 2020 por Resolución DGN 1284-2020. En el año 2017, se crearon -dentro de la estructura del Ministerio Público de la Defensa de la Nación- 24 cargos de Defensor/a Público/a de Víctimas (uno por provincia y uno para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

En su resolución, el magistrado sostuvo que hay “peligro de demora”, y que “la cautela no puede obtenerse por medio de otra medida precautoria, hasta tanto se dirima el fondo del asunto, en este caso, en la celebración del juicio oral”. Por último, señala que lo dispuesto debe ponerse en conocimiento del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata.

Dicho organismo depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y fue creado por la ley 26.842 promulgada por el gobierno de la actual vicepresidente Cristina Kirchner el 26 de diciembre de 2012. Desde marzo de 2020 quien coordina las acciones del Comité es otro amigo papal: Gustavo Vera (foto portada, junto a Francisco).

Durante el primer semestre de gestión, el Comité elaboró el Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas 2020 – 2022. El 23 de septiembre de 2020, en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños el Plan Nacional se elevó ante la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Finalmente, en junio de 2021 se promulgó la Decisión Administrativa 532/2021, que jerarquizó el rol y las funciones de la Dirección de Apoyo del Comité Ejecutivo, que pasó a denominarse Dirección Operativa.

En abril de 2018, Gustavo Vera fue procesado por el fallecido Claudio Bonadío, por presunta malversación de fondos, al no devolver unas máquinas textiles que se le habían entregado en calidad de depositario judicial. Pero en febrero de 2020, le fue dictada la falta de mérito.

Según datos de la PROTEX, entre 2008 y 2018 el departamento Judicial de Mar del Plata encabezó el ránking nacional de las jurisdicciones con más condenas por trata de personas, con 271 sentencias en las que fueron condenadas al menos 564 personas. De hecho, la titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la psicóloga Zaida Gatti, consideró a comienzos de 2020 que la ciudad “tiene un altísimo nivel de trata de personas”.

Consultado al respecto, una empinada fuente judicial local aclara que “se suele confundir trata sexual con explotación laboral. Todas las condenas fueron por delitos sexuales”. Y afirma tajante: “En la ciudad no hubo hasta ahora una sola condena por explotación laboral. Las causas a medida que avanzan van cayendo porque lo que hay mayormente es trabajo en negro, pero no explotación como dice la ley”.

Mar del Plata registra gran cantidad de expedientes abiertos por este delito, con cientos de procesados en el fuero federal penal. El último ocurrió el pasado 10 de diciembre, cuando el juez Inchausti dictó el procesamiento de una pareja de productores agropecuarios y un abogado. También está el de Matías Etchebest, el hijo del denunciante del fiscal Carlos Stornelli, que pese a que se siguen acumulando causas similares, no avanza desde 2018.

Quizá una de las más recordadas sea el caso de la Compañía Industrial Frutihortícola S.A., más conocida como El Frutillar, cuyos directivos fueron procesados en enero de 2021, también por trata con fines de explotación laboral, y también por Santiago Inchausti. Los dueños de la empresa, que en las últimas horas sufrió un nuevo operativo de la justicia federal marplatense, esta vez por órden del Juez Civil Santiago Martín, cercano a los k, por presuntos casos de covid entre los trabajadores presentes, vienen denunciando que son víctimas de una persecución desde el año 2016, cuando el caso tomó estado público casi “de casualidad”.

Para resaltar la importancia del sector en la economía local, vale destacar que sólo en el año 2017, la ciudad exportó más de 160.000 kilos de frutillas. En Mar del Plata, además, se estima que hay 400 hectáreas de kiwi. El dato más contundente que refleja la producción del distrito es que allí se produce el 80% del kiwi nacional que se consume en el país. Plantar una hectárea de dicha fruta cuesta entre 30 y 40 mil dólares y luego hay que esperar 5 años para empezar a cosechar los frutos.

“Las denuncias por explotación laboral en todo el cordón frutihortícola de la zona comenzó en 2009, después de la pelea con el campo”, refiere un importante funcionario judicial local. “Y se fueron incrementando con los años, aún durante el gobierno de Cambiemos. Pero desde que asumió el gobierno de Fernández, las denuncias se aceleraron muchísimo, lo que llama mucho la atención”, agrega.

En 2016, durante la gestión de la ex procuradora ultrakirchnerista Alejandra Gils Carbó, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas impulsó la apertura de más de 1.650 causas, mientras que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) decidió 383 intervenciones. Ambas fueron creadas en 2013.

El 20 de octubre de 2020, bajo el título “La trata de personas en el mundo del trabajo”, la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas de Mar del Plata/Batán propuso un conversatorio para abordar este delito con la mirada puesta en el sector rural. Allí estuvo, entre otros, el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Gustavo Vera.

Según se informó entonces, allí se trazó “un panorama nacional y regional de la trata de personas, la explotación laboral, con eje en la realidad de las víctimas y la necesidad de un Estado presente en los territorios”.

En el encuentro, el propio Vera fue muy contundente: “Es muy importante la recuperación de los instrumentos de explotación para la reinserción social y laboral de las personas explotadas”.