Primer hecho: la vicepresidente de Nicaragua Rosario Murillo informó el 7 de enero a través de los medios de comunicación que el vicepresidente para los Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, «hermano» Mohsen Rezai, según sus palabras, estaría llegando en las siguientes horas a Managua para participar de la jura de Daniel Ortega como presidente por cuarto mandato consecutivo;

Segundo hecho: Rezai, jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán al tiempo de los atentados a la Embajada de Israel en la Argentina, en 1992, y la sede de la AMIA, en 1994 y que sobre su cabeza pesa una orden de captura internacional con alerta roja de Interpol por el segundo ataque, fue, efectivamente, invitado de honor este 10 de enero en la celebración de Ortega;

Tercer hecho: de la jura de Ortega, además del «hermano» Rezai, también participó el embajador de la Argentina en Nicaragua, Daniel Capitanich, pero el prófugo iraní, así como llegó a Managua, se fue sin siquiera ser molestado por la Interpol.

Esos son los tres hechos irrefutables, todo lo demás son excusas.

Como las respuestas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Consultada por el periodista Daniel Santoro en Clarín, explicaron que «la Casa», como llaman los propios espías a la ex SIDE, «no tienen un delegado de Inteligencia en Nicaragua» y que servicios de Inteligencia extranjeros como la CIA estadounidense y la Mossad israelí «tampoco informaron la visita de Rezai a Nicaragua».

Ante las repreguntas de Encripdata sobre la información brindada a Clarín, un vocero aseguró que no tenía nada más para informar. Una de las preguntas obvias era saber cómo pensaba hacer la interventora Cristina Caamaño para que el escándalo diplomático de Rezai en Nicaragua y todo lo que vino después -menos él a la Argentina- no se volviera a repetir. En otras palabras: saber cómo la AFI, de ahora en más, le seguiría los pasos a Rezai y los otros seis acusados del atentado a la AMIA para forzar a la Interpol a que los atraparan si alguno volvía a salir de Irán. Pero, de nuevo: «No hay nada más que informar. Es todo». Es cierto: no había nada más que informar, los hechos eran esos.

Si los jueces hablan a través de sus sentencias, los espías debieran hacerlo a través de sus objetivos cumplidos.

Todo lo demás son excusas.

El 1 de marzo de 2020, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández expresó: «Debemos construir consensos para un nuevo diseño del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Mientras tanto, queriendo reponer el orden que se ha perdido, esta misma semana que iniciamos dictaré un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifique la Ley de Inteligencia, impidiendo a los organismos de Inteligencia y a sus miembros realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia. No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución. Esa calidad institucional que pregonamos solo se logrará si todos ayudamos a conocer la verdad. Por eso, a 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) (sic) desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de Inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo. Lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema. De esta manera, a paso firme, estamos poniendo fin al secretismo con que se manejan parte de los fondos públicos, a la influencia de la Inteligencia estatal en las investigaciones judiciales y a cualquier forma de espionaje político».

Una forma de conocer la verdad del atentado a la AMIA es llevar a los acusados hasta el juzgado federal 6 -sin magistrado titular desde la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral- para que puedan ejercer su derecho de defensa.

Según la hipótesis principal, trabajaba por el fiscal Alberto Nisman -gran parte con información obtenida por servicios de Inteligencia extranjeros- y continuada por el fiscal Sebastián Basso, los principales dirigentes del régimen iraní decidieron atacar la sede mutual judía en la cumbre del Comité de Asuntos Especiales de la tarde del 14 de agosto de 1993 en Mashhad, segunda ciudad más poblada del país persa. De la reunión participaron el guía espiritual Alí Khamenei, el presidente Alí Rafsanjani, el ministro de Información y Seguridad Alí Fallahijan, el ministro de Relaciones Exteriores Alí Velayati, el sheik Mohsen Rabbani, que sería consejero Cultural en Argentina, y el tercer secretario de la Embajada en Buenos Aires Ahmad Asghari. Con la fatwa firmada por el guía espiritual de la Revolución, los jefes de la fuerza Quds Ahmad Vahidi y de la Guardia Revolucionaria, el propio Rezai, se hicieron cargo de la operación. La fecha elegida: a las 9.53 de la mañana del 18 de julio de 1994. La dirección: Pasteur 633, Buenos Aires, sede de la mutual judía.

La interventora de la AFI, a través de la Resolución 439/2021, aprobó el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), elaborado por la Comisión para la Elaboración del Plan de Inteligencia Nacional, para el período 2021-2024. Caamaño ordenó que esa resolución fuera de «carácter público», pero que el plan en sí fuera de «carácter secreto» porque su «conocimiento por personal no autorizado pueda afectar gravemente los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Nación». De todas maneras, en Argentina, la web oficial del Gobierno, la AFI informó que «el Plan de Inteligencia Nacional se encuentra estructurado en función de los ocho lineamientos estratégicos establecidos por el presdiente de la Nación para el Sistema de Inteligencia Nacional, en octubre de 2020, entre los que se destacan el desarrollo integral de la Nación, terrorismo, la política exterior, el Atlántico Sur y el Sector Antártico, los recursos naturales estratégicos, el crimen organizado y las ciberamenazas«.

Un hombre con conocimiento del Sistema de Inteligencia Nacional explicó a Encripdata que «los Planes de Inteligencia Nacional nunca llegan a ese nivel de especificidad, tienen objetivos más generales, pero, obviamente, todo lo asociado al Hezbollah y el terrorismo está contemplado». Eso no es un secreto: la Argentina declaró al brazo militar del Hezbollah como una organización terrorista. Lo hizo cuando los encargados de la Unidad de Información Financiera (UIF), primero en tiempos de Mauricio Macri y luego en los de Fernández, congeló los activos de los líderes del Partido de Dios libanés.

El Presidente, al prorrogar el 7 de diciembre la intervención de la AFI a través del Decreto 832/2021, adelantó que «la normalización de la situación sanitaria nacional e internacional impone de manera urgente el desarrollo, afianzamiento y consolidación de las relaciones de cooperación internacional, principalmente en lo que respecta al intercambio de información necesaria para el cumplimiento de los fines y objetivos normativamente establecidos».

Si Caamaño incluyó en el Plan de Inteligencia Nacional la lucha contra el terrorismo en general y la lucha contra el Hezbollah, acusado del atentado a la AMIA, en particular y si Fernández consideró clave para eso «consolidar las relaciones de cooperación internacional para el intercambio de información», entonces la presencia de Rezai en Nicaragua debió ser un objetivo de la AFI. En la jerga de «la Casa»: «reunión exterior».

La reunión de la información de lo que sucede en el exterior se realiza de dos maneras complementarias: a través de delegados en los países de interés, como podrían ser Irán, Nicaragua y Cuba, y a través del intercambio de información con países con intereses geopolíticos mutuos, como Estados Unidos e Israel. Nada de eso sucedió. Irán porque fue desde donde Rezai, como vicepresidente de Asuntos Económicos, despegó y Nicaragua y Cuba porque fueron los lugares que visitó durante su viaje oficial por América Latina. Por si no se entendió: el acusado de participar en la planificación del atentado más sangriento de la historia argentina viajó por los aeropuertos principales de esos tres sin que los servicios de Inteligencia de la Argentina, Estados Unidos e Israel se dieran cuenta. La fuente vinculada al Sistema de Inteligencia Nacional consideró que no hubo retaceo de información por parte de la CIA y el Mossad sino que la desinteligencia se debió a una cuestión básica: «Nosotros creemos que el caso AMIA es un tema presente en todos los servicios, pero no es así. Si les pedís colaboración, te la brindan, todo lo que tengan, pero [el atentado de 1994 en Buenos Aires] no está en su agenda».

Es cierto: el canciller Santiago Cafiero consiguió que el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken aceptara presentar una declaración conjunta, que fue aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para mostrar el rechazo mutuo a la presencia de Rezai en Nicaragua, pero la agenda de los países no se declara, se impone; no se muestra, se demuestra. Hechos, no palabras. Y en este caso, Inteligencia, mucha inteligencia.

Porque lo sucedido con un prófugo iraní no fue la primera vez.

Porque así nadie puede decir que haya sido la última.