Armando Juliani cayó el 14 de octubre de 2008 como parte de la célula mexicana que producía metanfetaminas en una quinta de Ingeniero Maschwitz. El por entonces juez federal de Campana Federico Faggionatto Márquez lo procesó dos semanas después, pero, al considerarlo un simple «partícipe secundario», lo benefició con la excarcelación. Pero el acusado no era un personaje secundario: también enviaba efedrina por correo hacia México. Cuando el magistrado descubrió eso y quiso indagarlo otra vez, ya era tarde: estaba bien escondido. Y no pensaba entregarse tan fácil. No de nuevo. Así, en diciembre cumplió doce años prófugo. Pero, según pudo reconstruir Encripdata con base a documentos oficiales, no es un prófugo cualquiera: supo ser informante de la Secretaría de Inteligencia (SIDE, ahora AFI). Tal vez no se dio cuenta, pero la información que obtenía del negocio por trabajar para Juan Jesús Martínez Espinoza llegó hasta la oficina de la Drug Enforcement Administration (DEA) en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Tal vez algo de eso explique por qué ha podido esquivar tanto tiempo la Justicia.

Juliani, como tenía una pescadería en San Martín, declaró que les llevaba comida «muy condimentada y picante» los martes y los jueves a los mexicanos que elaboraban metanfetaminas, pero lo que no dijo fue que él mismo mandaba efedrina oculta en suelas de zapatos hacia México. Para eso, retiraba la efedrina de la quinta, la acondicionaba en las hormas junto con Luis Marcelo Tarzia y Ricardo Daniel Martínez y la mandaba a los contactos de Martínez Espinoza en León, Guanajuato. Lo hacía desde la sede de DHL en la avenida Belgrano 447. Sin embargo, algo pasó en el medio que los responsables de esa empresa courier decidieron abrir las encomiendas: 81 kilos de efedrina. Como reaseguro, Juliani usó un documento de identidad a nombre de Jorge Alberto Erguanti, pero quedó grabado por la cámara de seguridad del local.

Cuando el Consejo de la Magistratura suspendió en octubre de 2009 a Faggionatto Márquez -finalmente destituido en marzo de 2010-, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado subrogó el juzgado de Campana y ordenó el 23 de diciembre de 2009 la captura del acusado sin saber que había sido informante de la SIDE.

A Martínez Espinoza, un tribunal lo condenó en 2012 a 14 años de prisión. A «Ricky» Martínez, a 4 años. Tarzia nunca llegó a sentarse en el banquillo de los acusados: falleció el 1 de enero de 2009 en la clínica Santa Isabel.

Juliani tampoco: está prófugo desde 2009.

Y casi le sale bien.

El juez federal de Campana Adrián González Charvay, que se hizo cargo del juzgado tras la subrogancia de Arroyo Salgado, declaró extinguida la acción penal por prescripción y, en consecuencia, sobreseyó el 7 de julio del año pasado al exinformante de la SIDE involucrado en el tráfico de efedrina hacia el cártel mexicano. Con eso, también levantó la orden de captura nacional y la inhibición general de bienes.

Sin embargo, el fiscal federal Sebastián Bringas apeló. Al considerar prematura tal decisión, le solicitó al juez que consultara si el acusado, por ejemplo, tenía antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia (RNR) o si la jueza federal María Servini lo investigaba por el triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferron y Leopoldo Bina, sucedido tres semanas después de que los policías bonaerenses allanaran la quinta de Martínez Espinoza en Ingeniero Maschwitz. Además, observó que los hechos imputados podrían tener relación con lo descubierto por la propia Servini al investigar a las autoridades de la Sedronar por dejar entrar legalmente 47.625 kilos de efedrina entre 2004 y 2008. «40.972 kilos fueron desviados a manos de condenados, procesados o denunciados por maniobras de narcotráfico», remarcó en el procesamiento de 2014.

En otras palabras, al ver que el juez quería sobreseer a Juliani por el solo paso del tiempo, el fiscal trazó una línea de argumentación para que el expediente pasara al magistrado que tiene abierta el caso Sedronar: la parte principal fue elevada a juicio y la residual continúa en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, vacante desde que Sergio Torres saltó a la Corte Suprema de Justicia bonaerense.

Sin embargo, González Charvay, tras realizar esas averiguaciones, que dieron negativo, volvió a declarar extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyó a Juliani. Y el fiscal volvió a apelar la decisión.

Los integrantes de la Cámara Federal de San Martín le dieron la razón al fiscal: Encripdata pudo saber que los camaristas Alberto Lugones, Marcos Morán y Néstor Barral no solo revocaron el sobreseimiento sino que también le ordenaron al juez que «reexamine la temática de competencia», una forma elegante de decirle que se declare incompetente para que el juzgado federal 12 de Comodoro Py acumule el caso Juliani al caso Sedronar.

Pero no todo es tan sencillo: aunque el tramo principal contra José Ramón Granero y otros funcionarios de la Sedronar ya fue elevado a juicio en el 2018, el tribunal hasta ahora no empezó el debate oral y público.

Según el informe de 2008 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la Argentina informó en el 2007 que la industria farmacéutica tuvo «necesidades legítimas» por 21 mil kilos de efedrina y 22 mil kilos de pseudoefedrina. El 17 de julio de 2008 explotó la quinta de Ingeniero Maschwitz. El 13 de agosto de 2008, encontraron los cuerpos de Forza, Ferron y Bina en General Rodríguez. El 5 de septiembre de 2008, en una conferencia conjunta, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Aníbal Fernández, la ministra de Salud Graciela Ocaña y el titular de la Sedronar Granero anunciaron la prohibición casi al máximo de la importación de efedrina, pero ninguno de los tres supo responder cuántos kilos demandaba la industria farmacéutica. En el informe de la JIFE del año siguiente, el Gobierno aclaró que en el 2007 el sector en realidad solo necesitó 156 kilos de efedrina y 9.700 kilos de pseudoefedrina.

La triangulación del precursor químico entre India, China, Argentina y México, que como metas, crystal o ice provocó una epidemia de consumo de opiáceos y la muerte por sobredosis de cientos de personas en los Estados Unidos, casualmente se cortó para siempre a partir del triple crimen de General Rodríguez.

Quizás Juliani, como informante de la SIDE e indirectamente de la DEA, sepa algo más, algo que lo hizo esconderse durante los últimos doce años.

Quizás los investigadores lo puedan encontrar en General Madariaga.