En las teorías conspirativas, una persona se sienta en el banquillo de los acusados y, con tal de declarar su inocencia, denuncia que todos se pusieron de acuerdo para perjudicarlo. Pero a veces, muy pocas veces, esas conspiraciones existen: el asesinato de Lucas González, a manos de policías de la Ciudad en Barracas, es una de esas. No solo los tres efectivos de civil que dispararon contra el auto en el que la víctima viajaba con tres amigos acordaron, desde el primer instante, sostener el «enfrentamiento armado» sino que también al menos otros trece uniformados, de diversos rangos, se sumaron a la escena para encubrir el crimen: «nadie filma, nadie saca fotos», «buscar lo que se tenga que buscar para justificar el mocaso», «emprolijar esta cagada», «se la pusieron» el arma de juguete en el auto; con esas frases, quedó más que demostrada la conjura. Pero hay más: según los investigadores, un comisario, jefe de todos los ya detenidos, fue el que dio la orden de encubrir el homicidio y dos abogadas y dos policías más, que sabían cómo habían sido los hechos, omitieron denunciarlo a pesar de ser funcionarios públicos. Según pudo reconstruir Encripdata, si uno de estos cuatro hubiera hablado, habría evitado, al menos, que Julián, Joaquín y Niven, todos de 17 años, pasaran la noche del 17 de noviembre detenidos en el Centro de Admisión y Derivación. Pero no lo hicieron y eso también tiene consecuencias.

Fueron, entonces, 21 funcionarios públicos, entre policías y letrados los que, por acción u omisión, formaron parte de la conspiración. Para confirmar sus roles es determinante recrear la secuencia.

A las 9.40 de la mañana, los policías de civil Gabriel Alejandro Isassi, Juan José Nieva y Fabián Andrés López abrieron fuego contras la Volkswagen Surán de los menores. Dispararon once veces. A Lucas le acertaron un proyectil calibre 9 milímetros en la frente. La trayectoria fue de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Por las pruebas balísticas, planimétricas y testimoniales, lo más probable es que haya sido Nieva el que mató a Lucas. El juez Martín Del Viso procesó a los tres como «coautores materiales» del crimen de Lucas y del intento de homicidio de Julián, Joaquín y Niven.

A las 9.40.36, Isassi informó por sistema radial: «Enfrentamiento armado, enfrentamiento armado. En Vélez Sarsfield, en Iriarte y Vélez Sarsfield, por favor, se nos fue, se nos fue el vehículo, Suran color azul, cuatro masculinos armados. Por favor, Comando, que estén atentos, estaban armados. Cuatro masculinos menores, con apariencia menores, jóvenes».

Pocos segundos después, Julián llegó a llamar a su mamá: «Mamá, mamá, me quisieron robar el auto, hirieron a mi amigo». También a su papá: «Papá, papá, me quisieron robar y le pegaron un tiro a mi amigo». Javier intentó calmarlo y le dijo que buscara a policías para que lo ayudaran. Joaquín también le avisó a su mamá y ella, al papá.

A tres cuadras de allí, en Alvarado y Perdriel, Julián frenó para pedirles auxilio a dos policías, Micaela Fariña y Lorena Miño, pero, en vez de eso, ellas los hicieron bajar del auto a él y a Joaquín mientras Lucas se moría.

Los policías dijeron algo más: «Nadie saca foto, nadie filma, nadie saca nada».

A las 9.59.35, apareció en escena el comisario Rodolfo Alejandro Ozan. Ya estaba al lado del auto donde agonizaba Lucas. En ese instante, llamó al comisario Fabián Alberto Du Santos:

Rodo: Fabi…
Fabi: ¿Qué pasó? ¿Se mandaron un moco?
Rodo: Un re mocaso, boludo, aparentemente…
Fabi: No hay…
Rodo: Le dije a Inca, que está como subcomisario.
Fabi: Ah…
Rodo: Que vaya y busquen lo tenga que buscar para justificar esto.

La conversación entre «Rodo» y «Fabi» es más larga. Según ese audio -los peritos informáticos la rescataron del celular de Du Santos porque no la borró ni desintaló la aplicación CubeCallRecorder-, Ozan confesó ordenarle al subcomisario Roberto Inca que buscara lo que tuviera que buscar para «justificar el mocaso» y le pidió a Du Santos que llamara a Juan Horacio «Perro» Romero para que bajara a «emprolijar esta cagada». Ozan luego llamó al comisario Daniel Alberto Santana para explicarle lo que acababa de suceder. Santana no era uno más: era, hasta ese 17 de noviembre, el jefe de todos los policías de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya.

La llamada entre Ozan y Du Santos fue reveladora: diez minutos después de que Isassi, Nieva y López abrieran fuego contra Lucas y sus amigos, sus superiores ya estaban operando para encubrirlos. Para eso, mandaron a Inca y Romero. Ya en el lugar de los hechos, Inca habló con los ahora procesados por el crimen. En ese momento, acordaron sostener la coartada del «enfrentamiento armado». Pero necesitaban una prueba que no existía.

Alrededor de las 11.30, los papás de Julián y Joaquín llegaron al lugar. Después de discutir y discutir, consiguieron que un comisario les sacara las esposas a los chicos. Los médicos del SAME ya habían llevado a Lucas al hospital.

Unos minutos antes, a las 11.23.31, desde el juzgado en turno ordenaron que fuera la Policía Federal (PFA) la que hiciera las pericias correspondientes porque del supuesto fuego cruzado había participado la Policía de la Ciudad. Pero recién a las 12.49.44, es decir tres horas después del hecho, se acercaron los primeros agentes de la PFA a la escena y a las 13.44.05 llegó el subcomisario Pablo Andrés Blanco para ponerse al frente de todo.

Entre las 13 y las 14 llegó a la escena del crimen la abogada Verónica Andraca, de la División Asuntos Penales y Contenciosos, que asesora a la Policía de la Ciudad. Se quedó, al menos, hasta las 20.48. En otras palabras: estuvo cuando todo estaba a cargo de su propia fuerza, se quedó cuando todo pasó a manos de la Policía Federal (PFA), presenció la incautación del arma de juguete y hasta dio vueltas alrededor del auto de los chicos. Su jefa era Silvia Alejandra Ozón, titular de la División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Pero Andraca y Ozón no informaron los nombres de los policías involucrados para que sus superiores pudieran abrir el sumario administrativo. Andraca ni siquiera tomó apuntes sobre los pormenores del hecho a pesar de haber estado casi nueve horas en la escena.

A las 16.30, los responsables de la División de Búsqueda de Evidencias de la PFA encontraron el arma de juguete, una réplica de «The Punisher», ni siquiera tenía sistema de tiro.

A las 19.14, la abogada Andraca quedó grabada por una cámara de televisión muy cerca del vehículo de los chicos.

A las 19.22.34, el OP4D comunicó: «Se secuestró una réplica de revólver de color negra plástica. El menor en el Hospital Penna se encuentra grave con respirador. Al lugar arribó SAME int. 355. Interviene el Juzgado de Menores 3. Averiguación Ilícito personal de PFA, trabajando subcomisario Pablo Blanco, división Intervenciones Judiciales».

En consecuencia, los detectives de la PFA se llevaron detenidos a Julián y Joaquín. Como tenían 17 años, los alojaron en el Centro de Admisión y Derivación. Niven, acompañado por su mamá a una comisaría, terminó en el mismo lugar. Los chicos pasaron la noche allí, pero, como tenían miedo de que les hicieran algo malo, trataron de no dormirse.

A Lucas lo trasladaron al Hospital El Cruce, donde moriría al día siguiente.

Pero esa noche, los policías de la Ciudad siguieron encubriendo todo.

Entre las 20.52 y las 21.14 de ese 17 de noviembre, el principal Héctor Claudio Cuevas le reenvió al oficial primero Lucas Damián Varas varias fotos por WhatsApp -que después borró-:

Varas: ¿Tenían una réplica como decía el poli?
Cuevas: se la pusieron.
Varas: -audio borrado-
Cuevas: Los pibitos se asustaron.
Varas: ¿Está vivo todavía?
Cuevas: Está con muerte cerebral. Los tres dispararon casi 20 tiros.
Varas: Estaba cortando la [calle] y cuando viene la abogada a hablar conmigo, vino atrás, me saludó y me contó su versión, desparramó mierda para los tres.
Cuevas: La abogada me dijo que esto se da vuelta, es insostenible.

La abogada era, obviamente, Andraca.

Varas no dijo nada de lo que sabía a la «superioridad».

Cuevas, peor: según la pericia odorológica forense, los perros entrenados reconocieron tres huellas de olor humano en el arma de juguete: una de esas era, justamente, de él, según el informe completo al que accedió Encripdata. Las otras dos correspondían a las oficiales Micaela Soledad Fariña y Lorena Paola Miño, las dos mujeres policías que declararon que ellas solo arrestaron a los amigos de Lucas. Al principio, el juez resolvió detenerlas, pero los camaristas ordenaron liberararlas al decretar su falta de mérito. Con la nueva prueba en su contra, ni más ni menos que el hallazgo de sus sudores en la pistola plantada para sostener la coartada del «enfrentamiento armado», el fiscal Leonel Gómez Barbella solicitó que vuelvan a ser arrestadas. El juez rechazó esa posibilidad al analizar el informe preliminar, pero el fiscal insistió con la medida al recibir el informe terminado. Al final, el magistrado puso reparos al cuestionar la validez científica de la pericia odorológica. El fiscal insistirá.

Aunque desde la tarde la investigación estaba a cargo de la PFA, el comisario Santana, jefe de todos los policías porteños de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, fue cerca de la medianoche hasta el Hospital Penna para saber cómo se encontraba Lucas y le avisó a su jefe, el comisario mayor Fabián Lencina, que corría peligro de muerte.

Solo recién cuando fue detenido, Santana desligó responsabilidades hacia Lencina, al decir que «bajó» al lugar para «pasar parte» a su jefe. Como los dos fueron las máximas autoridades policiales intervinientes directa o indirectamente, para el fiscal, los uniformados inferiores no pudieron manipular el operativo «no solo sin su conocimiento sino sin su orden».

Y al analizar el celular de Santana, los investigadores descubrieron que el 17 de noviembre a las 11.15 de la mañana, es decir, tan solo 95 minutos después de lo sucedido, Santana le reenvió a Lencina seis fotos: una era de Julián detenido sobre la vereda, otra era del auto de los chicos y otra más era de Lucas desangrado en el interior del vehículo.

Pero Santana y Lencina borraron esas imágenes y los mensajes de esas horas clave.

«Ese borrado formó parte del encubrimiento de las conductas perpetradas», insistió el fiscal.

Al día siguiente, desde las 18.32, el oficial primero Pablo Daniel Granara le escribió a Cuevas:

Granara: ¿Qué onda, gordo, te van a prender fuego la comisaría?
Cuevas: Nos prenden fuego el rancho.

Minutos después, criticaron a los tres policías que dispararon, que por esas horas, con otro juez y otro fiscal a cargo de la investigación, no estaban detenidos:

Granara: En estos momentos tienen que estar en Paraguay.
Cuevas: Yo fui el primero en llegar. Y vi todo. Lo que hicieron.
Granara: Hasta la chota.
Cuevas: Sí, sí. Mal. Era imposible dibujar eso.

Pero Granara tampoco contó lo que sabía. De esa forma, por ser funcionario público, formó parte del encubrimiento. Como su compañero Varas. Como las abogadas Andraca y Ozón. Y como el comisario mayor Lencina, directamente con un rol activo. En una conspiración que ya tiene 14 protagonistas arrestados y siete más en la mira, según reprochó el fiscal.

De no haber sido por los papás de Julián y Joaquín, que llegaron rápido a la escena del crimen y fueron testigos involuntarios de ese encubrimiento, y los cientos de amigos de Lucas, que defendieron su honor ante los medios de comunicación, los conspiradore se habrían salido con la suya.

Los familiares exigieron que no haya un corte en la línea de responsabilidades.

Exigieron que se cumpla la ley: que todo acto de encubrimiento, por acción u omisión, tenga sus consecuencias.

Nada más, pero nada menos.