El martes 22 de marzo, el secretario de Relaciones Exteriores de la Argentina, Pablo Anselmo Tettamanti, envió un cable con carácter “urgente” y “secreto” a María del Carmen Squeff, Representante Permanente de Argentina ante Naciones Unidas, sin autorización del Canciller Santiago Cafiero, ordenando que Argentina vote a favor de Rusia cuando la Asamblea General de la ONU se aprestaba a debatir sobre la invasión de aquel país a Ucrania. La información la dio a conocer Infobae y no fue un escándalo por muy poco.

Es que Tettamanti, virtual vice canciller de la Nación, responde verticalmente a la vicepresidente Cristina Kirchner, hoy enfrentada abiertamente con el primer mandatario Alberto Fernández. Y ante un tema tan sensible como un conflicto bélico que tiene en vilo al mundo, el asunto pudo haber pasado a mayores. Finalmente, Cafiero logró que la línea bajada por el Instituto Patria no se impusiera.  Pero el hombre de Cristina sigue en su cargo. Y la cuestión se presenta más compleja de lo que se cree.

Pablo Tettamanti, diplomático de carrera, abogado y doctor en derecho público, había sido designado embajador en Rusia por la ex presidente a través del Decreto Nº447/14 en abril del 2014, previo paso como director de Organismos Internacionales de la Cancillería, durante la gestión del fallecido Héctor Timerman. Pero en 2017 fue relevado de su cargo por Mauricio Macri “por razones de servicio”, que en verdad obedecieron a que la esposa del funcionario, Elida Bianchetti, publicaba en redes sociales mensajes furibundos contra el gobierno de Cambiemos y de apoyo a Cristina Kirchner.

Tres meses después del arribo de Tettamanti a la Federación Rusa, en julio de 2014, el presidente ruso Vladimir Putin visitó por primera vez la Argentina, durante el segundo mandato de la actual vicepresidente. El vínculo se vio fortalecido con el viaje de la por entonces mandataria a Rusia los días 22 y 23 de abril de 2015, donde se firmó el “Acuerdo de Integración Estratégica” entre ambos países, el cual estableció diversos planes de acción para la cooperación argentino-rusa en campos como el económico, el comercial, el científico, el militar, el medio ambiente, el minero, las comunicaciones, pesca y agricultura, y cultural, entre otros.

Más acá en el tiempo, el 7 de diciembre de 2021, el presidente Alberto Fernández compartió un almuerzo de trabajo en la Casa Rosada con una delegación de empresarios rusos liderada por autoridades del Fondo Soberano Ruso de Inversión Directa (RDIF), que financió la producción de la vacuna Sputnik, “para explorar oportunidades de inversión en diferentes sectores de la economía argentina y fortalecer el acuerdo de cooperación estratégica bilateral”.

Pero existe, solapado, otro posible foco de conflicto: la hidrovía. Donde también hay un Tettamanti involucrado.

Por el Sistema de Navegación Troncal, nombre técnico de la hidrovía, circulan millones de toneladas de mercadería transportadas en unos 6000 camiones, cada uno de ellos pagando un peaje que ronda los 3 dólares por cada tonelada de carga, con una recaudación aproximada de US$ 200 millones. Por esta vía sale del país el 80% de los granos y sus derivados y la totalidad de los autos que se producen en el país: una ruta que reúne US$70.000 millones por año.

Desde 1995, la empresa Hidrovía S.A. esta conformada por la compañía belga Jan de Nul en sociedad con la argentina Emepa S.A. Pero desde que se inició el gobierno de Alberto Fernández, el kirchnerismo duro venía presionando para la nacionalización de tamaño negocio, algo que el fallecido ex ministro de Transporte Mario Meoni resistía.

Uno de los más acérrimos defensores de la estatización es Horacio Tettamanti, primo de Pablo y ex funcionario de Cristina Kirchner. El 26 de noviembre de 2020, mediante el decreto 949/20, el Presidente Fernández ordenó delegar “en el Ministerio de Transporte la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional, por el régimen de concesión de obra pública por peaje, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal”. Es decir, la hidrovía.

Lo que generó una ataque virulento por parte de Tettamanti, quien manifestó, en enero de 2021: “Este decreto es una de las claudicaciones geopolíticas más graves de la historia argentina, después de la caída de Puerto Argentino en la Guerra de Malvinas. Por la forma que está redactado, por el mal castellano y horrores técnicos de confusión en cuanto a sujetos geográficos que involucra, seguramente no fue redactado en la Argentina. Lo más importante es la cita de la boya km 239, eso significa básicamente una claudicación y la entrega de la soberanía”.

El 20 de junio del año pasado, día de la Bandera, más de 50 referentes de diferentes ámbitos identificados con el kirchnerismo salieron a reclamar la estatización de la vía navegable, donde pugnaron por el fin de la concesión y para “recuperar para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas el imprescindible control y administración de la ruta fluvial”. Algunos de los firmantes fueron la diputada Fernanda Vallejos, los sindicalistas Pablo Moyano y Roberto Baradel, el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex juez Eugenio Zaffaroni, y el dirigente social Juan Grabois, entre otros.

Finalmente, pocos días después, el 1 de julio, el Gobierno oficializó la decisión de traspasar a la Administración General de Puertos (AGP), a cargo de José Beni, el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, mediante el Decreto 427/2021, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Alberto Fernández, el entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Inicialmente, la medida rige por el lapso de 12 meses. A partir de esta resolución, el Estado se hará cargo del mantenimiento del sistema y cobrará un canon, mientras los privados continuarán con los trabajos de dragado y balizamiento de la Hidrovía.

Uno de los más férreos impulsores de esta decisión fue el ministro de Defensa, Jorge Taiana, quien, en su rol de senador, presentó el 20 de julio de 2020 un proyecto para avanzar “en la construcción de un canal que permita a los buques de transporte de carga contar con una salida directa al mar en el Río de la Plata, desde los puertos fluviales hacia los del litoral marítimo y viceversa”.  Para ello, propuso la creación del Canal Magdalena. Al respecto, el entonces legislador afirmó que se trataba de “una cuestión de soberanía”, y de “tener una vía propia, corta, segura, sencilla, barata y económicamente y ambientalmente del menor impacto posible, hacia el Atlántico Sur”.

Ambos proyectos están demorados. Según trascendió, la liberación de los recursos por parte de Economía para el Canal Magdalena había quedado supeditada al acuerdo con el FMI y a la definición de las metas del déficit fiscal previstas para los próximos años. Como las negociaciones con el organismo crediticio ya se cerraron, debería haber novedades de un momento a otro.

Por su parte, el llamado a licitación de la Hidrovía se sigue dilatando.

El ex ministro Florencio Randazzo anunció en ocasión de las legislativas de 2021 que el ex intendente de la ciudad de Mar del Plata durante 2007 y 2015, Gustavo Pulti, iba a ser candidato a diputado nacional del frente Vamos con Vos, en el tercer lugar de la nómina. Pulti llegó a la jefatura comunal con su partido Acción Marplatense, y siempre se mostró alineado con el kirchnerismo, en especial con el ex gobernador Daniel Scioli. Pero en las últimas horas acaba de cerrar un acuerdo con el intendente Guillermo Montenegro, de Juntos por el Cambio. Vale decir que Pulti no logró ingresar al Congreso.

Acción Marpletense presentó en julio de 2020 una Resolución de su bloque en el Concejo Deliberante “para expresar nuestro más enfático apoyo” a la construcción del mencionado Canal Magdalena. Y allí revelaba que uno de los más importantes autores del proyecto presentado por Jorge Taiana era, justamente, Horacio Tettamanti.

Tettamanti, ingeniero naval y ex asesor de Oscar Parrilli, asumió como Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación el 12 de julio de 2012, cargo que dependía del ministerio de Transporte que comandaba en ese momento Florencio Randazzo. Antes de ello, fue integrante del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, miembro del Consejo Federal Pesquero y propietario y fundador del Astillero Servicios Portuarios Integrales (SPI). También fue precandidato a intendente marplatense por el kirchnerismo y funcionario municipal durante el gobierno de Pulti.

Durante su paso como funcionario nacional, el astillero SPI se vio beneficiado con varios contratos de reparación de naves de la Armada, y con el siempre controvertido dragado del puerto marplatense, que mereció dos informes por parte de este medio. También fue muy cuestionado el dragado del canal Martín García, realizado durante su gestión.

En 2013, la empresa resultó adjudicataria de la licitación 65/13 convocada por la Armada para proveer de software de navegación a la Escuela Nacional de Náutica. Si bien Tettamanti renunció a la presidencia de la firma el 31 de mayo de 2012, designó a su esposa, Adriana Lidia Grande, como directora suplente de la sociedad Servicios Portuarios Integrados. Hoy, quien está a cargo es Sandra Cipolla, una mujer de estrecha confianza del ex funcionario y actual presidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval.  

También en un trámite sumarísimo, teniendo en cuenta los tiempos administrativos del Estado, en marzo de 2020 (a sólo 3 meses de la asunción de Fernández – Fernández) SPI se quedó con el contrato de reparación de la Fragata Libertad de acuerdo a lo anunciado por pescare.com.ar :“La emblemática “Fragata Libertad” fue subida en la mañana de este jueves (por el 12 de marzo de 2020) al dique flotante mayor de SPI Astilleros, Mossdock 2000. La maniobra se ejecutó desde las 7 para aprovechar el escaso viento y las condiciones de mar”.

Los puntos de contacto entre los argumentos del proyecto de construcción del Canal Magdalena y la estatización de la Hidrovía son muchos, un tema que podría generar una nueva pulseada entre el Instituto Patria y el Gobierno de Alberto Fernández.

“Este decreto (por el 949/20) consolida ese modelo de colonización, de sometimiento y da por tierra todas las herramientas que teníamos los argentinos con las que podíamos articular una estrategia para poder contrarrestar este modelo de entrega de nuestra soberanía”, declaró Horacio Tettamanti.