“En esta jurisdicción, la política criminal de presunta lucha contra la trata laboral, se ha convertido en una política de actuación que, a los productores rurales, los persigue, los roba y, por último, los desapodera de la tierra, sin causa alguna que lo justifique”.

Con estas contundentes palabras, el 17 de febrero de 2022 el fiscal ante el Tribunal Oral de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, contestó una denuncia en su contra realizada por su colega ante la Cámara Federal, Daniel Adler, “por el temperamento adoptado en las causas de trata laboral”. A partir de las acusaciones del titular de la filial marplatense de la agrupación judicial K, Justicia Legítima, contra Pettigiani, el Procurador Eduardo Casal decidió abrir el sumario interno 1536/2021.  

El expediente abierto con motivo de la presentación de Adler expone crudamente un posible intento de expropiar tierras por parte de algunos personajes muy allegados al kirchnerismo a través de una mascarada legal. La maniobra detrás de las numerosas investigaciones judiciales abiertas por el presunto delito de trata laboral por parte de productores rurales de la zona parece haber sido detectada tanto por los propios damnificados como también por el Tribunal Oral de la jurisdicción.

En una presentación ante el Procurador Casal fechada el 19 de junio de 2020, en la cual ya acusaba a Pettigiani, el fiscal Daniel Adler reconoció que el foco está puesto en los productores locales: “La Fiscalía General a mi cargo ha puesto atención en lo que sucede en el sector agrícola y en especial el frutihortícola de la zona respecto a la trata con fines de explotación laboral. Incluso se han organizado jornadas de prevención con distintos actores sociales”.

Cabe consignar que el dr. Adler, un hombre de estrecha confianza de la ex procuradora ultra k Alejandra Gils Carbó, no ha faltado a la verdad. El 20 de octubre de 2020, bajo el título “La trata de personas en el mundo del trabajo”, la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas de Mar del Plata/Batán propuso un conversatorio para abordar este delito con la mirada puesta en el sector rural. Allí se ponderó, justamente, que la lucha contra la trata en la zona “nació a partir de la visión y compromiso del fiscal Daniel Adler”.

Uno de los presentes fue el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y amigo del Papa Francisco, Gustavo Vera. Dicho organismo depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y fue creado por la ley 26.842 promulgada por el gobierno de la actual vicepresidente Cristina Kirchner el 26 de diciembre de 2012. Vera coordina las acciones del Comité desde marzo de 2020.

Durante el primer semestre de gestión, el Comité elaboró el Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas 2020 – 2022. El 23 de septiembre de 2020, en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el Plan Nacional se elevó ante la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Nada parece casual. El viernes 30 de julio de 2021, el gobierno de Alberto Fernández anunció la ampliación del Programa de Asistencia a las Víctimas de Trata, a través del entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En la reunión, el hoy Canciller manifestó que “nosotros no pensamos que está todo hecho, sino que queda mucho por hacer y que aún hay una deuda pendiente; mientras exista explotación sexual, laboral, mientras exista trata en nuestro país, siempre va a haber una causa que nos encontrará luchando por resolverla e impartir justicia”. A su turno, Gustavo Vera destacó que “estas políticas públicas serán sustanciales para poder garantizar un proyecto de reconstrucción de vida para las víctimas.”

El plan bienal 2020-2022 fue aprobado en la 13ª reunión del Consejo Federal el 28 de diciembre de 2020, y consta de 100 acciones articuladas con 44 organismos divididas en 3 ejes estratégicos (prevención, persecución y asistencia). El Comité coordinado por Gustavo Vera funciona a través de la constitución de 21 mesas interinstitucionales en 18 provincias con acuerdo de los gobernadores, en donde confluyen organismos competentes del estado provincial, delegaciones del estado nacional, representantes del poder judicial, sindicatos y sociedad civil y articulación con municipios a los efectos de mejorar las acciones de prevención, persecución y asistencia, delimitando la competencia de cada organismo.

Pero hay algo que merece destacarse. Recién el 5 de noviembre de 2021, en una reunión del Comité, se celebró la puesta en funcionamiento del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas en la órbita del Ministerio de Justicia, mediante el cual los bienes decomisados de sentencias judiciales contra tratantes sean destinados a la reparación de las víctimas.

Pero la creación del citado Fondo se había reglamentado mediante el decreto 844/2019, el 9 de diciembre de 2019, último día del Gobierno de Mauricio Macri. La conformación del Fondo estaba prevista en la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sancionada, como se dijo, en 2012.

Es por ello, que el año pasado, la Cámara de Diputados emitió una Resolución pidiendo informes al respecto. En el documento se afirma que “según los registros el Consejo (contra la Trata) entre el 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha, se reunió solo una vez por modalidad virtual cuando, en rigor, en su reunión constitutiva en el año 2016 se dispuso llevar a cabo anualmente 3 reuniones”.

En otro aparte, se pone el foco justamente en el demorado Fondo: “Otra deuda que acarrea el Consejo es la implementación del FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA. Se estima que más de 3 millones de dólares y 150 propiedades fueron decomisadas. Un patrimonio del que no se ha dado cuenta ni se explica porqué no ha llegado a las beneficiarias del Fondo”.

Pero a fines de 2021, todo lo que informó el Comité, en palabras del propio Vera, es “que un 67 % de las acciones del plan se encuentran ejecutadas y/o en estado de ejecución avanzado”, y que quedaba”un 33 % de acciones por poner en práctica durante el 2022, segundo año de ejecución del plan”. Demasiado impreciso.

Pero más allá de esta desprolijidad, los cañones del fiscal Pettigiani también apuntan contra Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), junto a María Alejandra Mángano.

“La Procelac (Lavado de activos) y la Protex no asumen los resultados de políticas criminales ineficientes, deslegitimadas y que se han transformado, en el terreno de la trata laboral y a espaldas de la sociedad, en el caballito de batalla de una facción política, para perseguir a los productores rurales de la jurisdicción”, señala el fiscal ante el TOF.

No conforme con ello, agrega que “los límites que la realidad presentaba a la problemática en Mar del Plata, llevaron a la estructura que dirige Colombo a buscar otros métodos de supervivencia, generando la banalización de un delito grave, a través de la expansión indebida de la figura penal de la Trata en la faceta laboral”.

Según datos de la PROTEX, entre 2008 y 2018 el departamento Judicial de Mar del Plata encabezó el ránking nacional de las jurisdicciones con más condenas por trata de personas, con 271 sentencias en las que fueron condenadas al menos 564 personas. Pero todas fueron por explotación de la actividad sexual. En cambio, por trata laboral, no hubo ninguna condena, ya que los procesos se caen por su propio peso al llegar a la instancia del juicio oral.

“A pesar de lo expuesto, se siguen iniciando causas y permanecen abiertas muchas de ellas, solo para evitar tener que reconocer la inexistencia de delito alguno”, prosigue Pettigiani. Una de las más destacadas es el caso de la Compañía Industrial Frutihortícola S.A., más conocida como El Frutillar, cuyos directivos fueron procesados en enero de 2021, también por trata con fines de explotación laboral, por el juez Santiago Inchausti. Los dueños de la empresa vienen denunciando que son víctimas de una persecución desde el año 2016, cuando el caso tomó estado público casi “de casualidad”.

Para resaltar la importancia del sector en la economía local, vale destacar que sólo en el año 2017, la ciudad exportó más de 160.000 kilos de frutillas. En Mar del Plata, además, se estima que hay 400 hectáreas de kiwi. El dato más contundente que refleja la producción del distrito es que allí se produce el 80% del kiwi nacional que se consume en el país. Y más aún: el cordón frutihortícola de Gral. Pueyrredon constituye uno de los más importantes del país, y el segundo de la Provincia. El 80% de la producción de kiwi de Argentina proviene de nuestra ciudad, generando, según estadísticas oficiales, más de 20 mil puestos de trabajo.

“Ante la falta de apoyo jurisprudencial, la persistencia de mantener una política criminal desacertada, sólo podría ser explicada en una política que ha puesto a los productores como enemigos del Estado”, sostiene Juan Manuel Pettigiani, en obvia referencia al recordado conflicto con el campo en 2008, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

“Las denuncias por explotación laboral en todo el cordón frutihortícola de la zona comenzó en 2009, después de la pelea con el campo”, refiere una fuente. “Y se fueron incrementando con los años, aún durante el gobierno de Cambiemos. Pero desde que asumió el gobierno de Fernández, las denuncias se aceleraron muchísimo, lo que llama mucho la atención”, agrega.

Las causas más conocidas son los de “Gregorio Sotelo”, “Soriano”, “Ferreyra”, “Wilson”, “Porco”, y “Gareca”. Sobre este último, cabe consignar que los imputados fueron procesados con prisión preventiva, manteniendo a una persona que luego fue absuelta en el juicio durante dos años y medio en prisión. Además, también está el caso “Varacalli”, tratado por este medio en un artículo reciente.

Inevitablemente, el tema conecta con la expropiación de tierras, un viejo anhelo de algunos exponentes del kirchnerismo duro. Por ejemplo, el dirigente social y también amigo papal, Juan Grabois, quien directamente propicia una reforma agraria, y que no hace mucho, en 2020, había advertido que “hay una oleada de tomas de tierras que se va a profundizar“, y que “la gente no va a querer seguir viviendo hacinada”. Además, sugirió que la solución “más inteligente es lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y darle a la gente para que se haga su casa”.

Desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en diciembre de 2019, las tomas aumentaron considerablemente. Sólo en la provincia de Buenos Aires hubo en menos de un año, más de 1.800 usurpaciones de terrenos, según reconocía el propio oficialismo.

En este contexto parece enmarcarse la reciente y controvertida decisión del juez Alejo Ramos Padilla, muy cercano al kirchnerismo y con un puesto también en la filial marplatense de Justicia Legítima, la misma que preside Daniel Adler. El ex magistrado de Dolores, en su carácter de titular del juzgado federal de La Plata, resolvió que la usurpación de Los Hornos, ubicada en el ex predio nacional del Club Planeadores, no fue un delito y archivó el expediente que tramitaba desde el 16 de febrero de 2020.

Ramos Padilla entendió que quienes tomaron las 163 hectáreas no lo hicieron de manera clandestina, sino que fue a plena luz del día. Así mismo, señaló que “las familias que ocupan las parcelas en conflicto no cuentan con posibilidades económicas y políticas públicas de acceso al suelo”.

Argumentos llamativamente similares a los expuestos por Grabois.