Aquel 14 de enero de 2020 fue un martes de lluvia torrencial, pero tres empleados aeronáuticos aprovecharon su acceso a la pista de aterrizaje para esconder tres cajas de cartón entre la pared interna del fuselaje y unos palets. Querían «coronar» un cargamento millonario. Pero, a pesar del cielo que no daba tregua, el personal de la Sección Unidad de Apoyo Operativo Metropolitano, de la Aduana, revisó el avión con un perro entrenado para la ocasión. Era el avión matrícula PH-CKA de MartinAir. El vuelo MP 1692 había empezado en San Pablo, Brasil, y tras tocar el aeropuerto internacional de Ezeiza, Argentina, debía continuar por Quito, Ecuador, y Ámsterdam, Países Bajos. El perro se volvió loco con el olor a cocaína. Ahora, dos años después, los acusados fueron condenados por la operación.

Aunque reconocieron el delito, ninguno confesó a quién le habían comprado los 87 kilos de cocaína ni a quién pensaban vendérsela.

O ellos solo eran la mano de obra de una organización narcocriminal en las sombras.

El juez federal Luis Alberto Imas, del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 3 porteño sentenció en abril a Adrián Enrique Álvarez, despachante de aviones, a 6 años de prisión como autor del delito de contrabando agravado, según pudo confirmar Encripdata; al tío Jorge Luis Álvarez, técnico en mantenimiento de aeronaves, a 5 años como partícipe necesario; y a Víctor Hugo Gil, técnico aeronáutico, a 2 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo como partícipe secundario.

Para eso, los ahora condenados firmaron un juicio abreviado con el fiscal general Santiago Roldán en el que a cambio de reconocer el delito, accedieron a penas más bajas y se ahorraron el paso por el banquillo de los acusados.

Además del reconocimiento del delito, el magistrado tuvo en cuenta como atenuantes de las penas la ausencia de antecedentes penales computables, el grado de instrucción (los tres con secundario completo), el nivel sociocultural, el grupo familiar de contención y «la imprensión recibida en ocasión de conocerlos» en la audiencia preparatoria. Además, los Álvarez se encontraban estudiando en el centro universitario de detención.

Pero llegar al juicio abreviado no fue fácil. Al principio, ninguno quiso confesar nada. Adrián Álvarez siempre hizo uso de su derecho de negarse a declarar.

En cambio, Gil lo hizo tres veces: en la primera, le echó la culpa a aquel: «Lo único que puedo decir es que me siento usado, pisoteado y humillado por un hijo… como Adrián. Lo digo así. Lo conozco de trabajar ahí conmigo, de verlo y haber sido un pedazo de p… y haberme puesto en este lugar en el que me puso. Me partió el corazón y me pisoteó y no lo esperaba de él. Hace diez años que lo conozco y no esperaba que me hiciera esto, no solo a mí sino mi fuente de trabajo y a todos mis compañeros». En la segunda, reiteró: «Pedí esta audiencia para extender mi declaración debido a que dentro de mi bronca y decepción tal vez no la pude demostrar en ese momento, pero solamente quiero dejar en claro que ese día solamente ayudé a una persona que me pidió una mano para mover unas cajas las cuales eran pesadas y que realmente desconocía su contenido y su peligrosidad». Ya en la tercera, terminó de explotar contra su colega: «Básicamente me presento para ampliar mi declaración ya que a esta altura pensé que Adrián iba a presentarse a declarar y poner en claro mi situación. Como no lo hizo, quiero contar mi historia de lo sucedido». Pero su historia era una excusa tras otra.

Jorge Álvarez también responsabilizó por lo sucedido a su sobrino.

La instrucción a cargo del juez Javier López Biscayart y los fiscales Emilio Guerberoff y Diego Iglesias, titular de la fiscalía antidrogas (Procunar), sigue abierta para intentar identificar los otros eslabones de la operación.

Al que más le sirvió el juicio abreviado fue a Gil: dos días después de la sentecia, recuperó la libertad.