A la hora señalada, los policías bonaerenses del Grupo Halcón debían caerle de sorpresa a Pedro Tomás Viale para llevárselo detenido, pero al espía de la Dirección de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) al final se lo llevaron muerto, asesinado, con once oricios de bala. En todo este tiempo, los investigadores nunca realizaron una reconstrucción de lo que sucedido aquella mañana del 9 de julio de 2013 en la propiedad de la calle Rocha Blaquier 1502, La Reja. A pesar de los contrapuntos entre las partes, al juez federal Martín Ramos le alcanzaron las indagatorias de los uniformados, las declaraciones testimoniales de la viuda e hijos, el peritaje balístico y la autopsia al cuerpo del «Lauchón» para enviar a dos de los acusados a juicio oral y para dejar al borde del sobreseimiento al resto. Casi nueve años e insistencias varias tuvieron que pasar para que los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín ordenaran reconstruir el hecho, según pudo confirmar Encripdata.

La medida de prueba será importante para comprobar si Gustavo Ernesto Martínez y Pedro Nelson Alegre acabaron con la vida del «Lauchón» Viale producto del enfrentamiento en el pasillo o si lo ejecutaron en el baño, donde el espía, acorralado, no tenía posibilidad alguna de escapar. También será casi que determinante para definir el futuro de los otros siete integrantes del Grupo Halcón, a quienes los abogados de la familia de la víctima insisten con llevarlos a un hipotético segundo juicio.

Según Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, jueces de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, «esta prueba pendiente y ordenada por quien tiene a su cargo la decisión final en relación a quienes se elevó la causa a juicio, impide tener por acreditado de manera fehaciente el agotamiento de la investigación». Después de la reconstrucción y no antes, entonces, el juez Ramos deberá resolver la situación judicial de los demás halcones: Ricardo Nuñez, José Humberto Antichan, Raúl Héctor Castro, Damián Norberto Ignomirellio y Cristian Andrés Herrera.

La reconstrucción no será inmediata. De hecho no hay fecha porque los jueces del tribunal ni siquiera fijaron día y hora para abrir el debate oral. Lo que sí habilitaron fue el período de admisibilidad de la prueba para que las partes ofrezcan los elementos que consideren necesarios para sustanciar el proceso, pero de eso se cumplirá un año en junio. El fiscal de juicio, cuando se realice, será Carlos Cearras.

Ninguna de las partes consultadas por Encripdata pudo asegurar si entre las pruebas se encuentra la cámara de filmación que tenía Ignomirellio adherida a su arma reglamentaria. Aquella mañana, Ignomirellio fue el brechero, es decir, el encargado de abrir con su asistente Herrera las puertas de la quinta de Viale para que luego entraran con prisa pero en orden los otros cinco halcones.

Los abogados de los Viale también responsabilizan del crimen a cuatro jefes policiales: Hugo Orlando Fasone, subcomisario a cargo del operativo en la casa en cuestión, Enrique Roberto Maldonado y Adrián Horacio Carrescia, jefe y subjefe de la DDI antinarco de San Miguel, y José Armando Tsuruoka, director de operaciones de la superintendencia antinarco de la Bonaerense.

Ellos fueron los que planificaron los allanamientos ordenados por el juez Juan Manuel Culotta para desbaratar la banda narco de Rodolfo Ángel Carricaburo, de la que supuestamente formaba parte Viale, y como sabían de quién se trataba, le encargaron a ese equipo del Grupo Halcón, que se suponían los mejores preparados de la Policía Bonaerense, la misión de arrestar al espía de contrainteligencia en su casa de La Reja.

Los abogados de los Viale hicieron suya la teoría de Antonio Horacio Stiuso, alias «Jaime»: que al «Lauchón», que reportaba para él, lo mataron para «mandar un mensaje» que «llegó a destino». En otras palabras: que todo se trataba de una «guerra de espías» al interior del gobierno de Cristina Kirchner porque el canciller Héctor Timerman firmó en enero de 2013 con su par iraní Ali Akbar Salehi el Memorándum de Entendimiento para avanzar de manera alternativa en la investigación por el atentado del 18 de julio de 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde murieron 85 personas. Para el sector de Stiuso, el pacto fue un duro golpe. Para el fiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, también porque, con el apoyo de «Jaime», acusaba al régimen chiíta de haber ordenado el atentado. Siempre según esa teoría, la «guerra de espías» llegó a su punto máximo con el suicidio inducido o asesinato de Nisman el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero.

El de Viale fue solo un capítulo en esa historia. Un capítulo al que le falta la última palabra.