Aquella noche, los policías de seguridad aeroportuaria (PSA) demoraron a David Ávila Ramos, alias «Maradona», y Juan José Morito González, «Juanito», porque quisieron entrar al país, procedentes de Madrid, España, con 754.630 euros y 254.000 dólares sin declarar. Era el 31 de enero de 2014 y faltaba poco para la medianoche. Cuando su hombre desplegado en Ezeiza le contó lo que acababa de pasar, Diego Xavier Guastini, de vacaciones en Pinamar, ni siquiera se inmutó, siguió jugando con la taza de café como si nada. «Andate», fue lo único que le dijo, que significaba que ya estaba, que se fuera de ahí, que dejara a las dos «mulas» a su suerte, que después lo arreglaría, que se asegurara que no lo siguieran. Para «Mangangá», por lo molesto, o «Dolarín», por su oficio de cuevero, esas divisas eran monedas. Por cada cargamento de divisas perdido, sabía, «coronaba» muchos más.

Y eso que sus «mulas» fallaron bastante: dueño de la cueva financiera de la calle Florida 520, desde la que armaba la logística para mover las ganancias del narcotráfico internacional entre la Argentina, Ecuador, México y España, Guastini dejaría en el camino un total de 1.524.715 euros y 1.443.030 dólares entre el 6 de diciembre de 2012 y el 6 de mayo de 2014.

Pero en un período muy similar, entre el 5 de diciembre de 2013 y el 25 de junio de 2014, «Dolarín» compró siete propiedades por 20,8 millones de pesos, que para la época eran 2.649.275 dólares, según los documentos oficiales a los que tuvo acceso Encripdata.

En limpio: aunque perdió 2,5 millones de dólares, adquirió inmuebles por 2,6 millones.

Era cierto: por cada cargamento de divisas perdido, «coronaba» muchos más.

Guastini puso sus «mulas» al servicio de los clanes Loza y Atachahua Espinoza. O las comisiones por esas operaciones fueron altas o tenía otros negocios como para disponer de tanto dinero y todo junto. Antes y después de aquella época, de alguna u otra manera tuvo relación con los casos Bérgamo, «Leones Blancos«, «Narcogolf«, Sancho y Tigres de Arkan. Y aunque se definía como un financista que solo tocaba plata, también traficó cocaína.

Las siete propiedades estaban registradas a nombre de Paraíso Construcciones SA, una empresa que en los papeles pertenecía al financista Hugo Díaz y la esposa Natalia Puccar, pero que en la realidad la manejaba el propio Guastini. De esas unidades, tres eran del edificio de la calle Florida 520, donde tenía su cueva principal, y dos eran del de la calle Lavalle 658, donde tenía más oficinas. El microcentro porteño era su centro de operaciones.

Los otros dos, en Puerto Madero: el 7 E de la calle Petrona Eyle 355, ni más ni menos que en el exclusivo edificio Aleph, del Grupo Faena, por el que firmó un boleto de compraventa por 2,3 millones de dólares. En ese piso -y también en el Banco Provincia- estuvo toda una temporada Ávila Ramos por la causa que le abrieron por las divisas incautadas en Ezeiza. González Morito, en tanto, aguantó en una casa de Díaz en Lanús.

Como reveló Encripdata, como Díaz arrastra sus problemas con barras de Boca, Independiente y Lanús hasta la cueva de Guastini, este se encargó de «desaparecerlo». Frío, calculador, decidió solucionarlo de raíz. Aunque parezca un guión todavía sin vender para Netflix, ordenó enterrar los restos desmembrados de su viejo socio en alguna parte de su casa de fin de semana en Abbott. Tenía un pequeño bosque. Lo mismo hizo con Alberto «Papo» Mejía, uno de los colombianos que sin querer le llevó el dato para lo que luego fue una traición llamada «Leones Blancos».

Ya sin Díaz en Paraíso Construcciones, Guastini continuó manejando la empresa con la colaboración de Nazareno Gutiérrez, su contador de siempre, y Fabián Guillermo Ayala, un policía bonaerense. Consciente de que los investigadores le seguían los pasos tras las sucesivas caídas de sus «mulas», «Dolarín» aprovechó la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal y de esa manera blanqueó la tenencia en el país de seis de los siete inmuebles por un total de 39.172.450 pesos, alrededor de 2,5 millones de dólares según la cotización oficial del 12 de abril de 2017.

Al español Ávila Ramos, una de sus «mulas» que llegó a ser su socio, algunos dicen que por robarles a unos colombianos un cargamento de 400 kilos en el puerto de Málaga y otros dicen que por darles el chivatazo a los policías para que les incautaran a otros colombianos 8740 kilos en el puerto de Algeciras o tal vez por las dos cosas, «entregar» a unos y robarles a otros para quedarse con algo que no era suyo, lo ejecutaron el 12 de mayo de 2018 a la salida de la comunión de su hijo en la Iglesia de la Virgen del Rocio en San Pedro Alcántara, cerca de Marbella. Así acabó la carrera del «Maradona» de los narcos de la Costa del Sol.

Acorralado por la Justicia, Guastini pactó: declaró como «arrepentido» en el millonario tráfico de divisas y entregó datos que serían esenciales para hacer caer a los clanes Loza y Atachahua Espinoza. A cambio, el 20 de septiembre de 2019, un tribunal lo sentenció a solo 3 años de prisión en suspenso. Aunque consiguió su objetivo de no estar ni un solo día en la cárcel, todo se terminó muy pronto: la mañana del 28 de octubre de 2019, un sicario, apoyado por una moto y dos autos, lo esperó pacientemente, dejó que saliera de su casa y a la vuelta de la Municipalidad de Quilmes le encajó tres tiros.

El crimen de Guastini disparó una guerra silenciosa en su entorno por quedarse con sus cosas. Había muchas propiedades por repartir. Además de los seis inmuebles blanqueados, «Dolarín» dejó más unidades de Florida 520, la casa de la calle Miró, la playa de estacionamiento de 24 de noviembre al 500, todo eso en la Ciudad, la casona de Alem al 1200, Lanús, la quinta de Abbott y el galpón de la avenida Antártida Argentina 3001, Zárate. También autos. Y armas, varias armas, como los tres fusiles de asalto Colt ArmaLite AR-15 que tenía en su cueva. Pero no todo estaba a su nombre.

Por caso, el estacionamiento, ubicado frente al Hospital Ramos Mejía, fue puesto a subasta en mayo de este año por una deuda con el acreedor hipotecario. Además arrastraba casi 2 millones de pesos impagos por el ABL. El piso base: 480 mil dólares.

A la muerte de «Dolarín», los investigadores pusieron los ojos sobre su grupo de trabajo, entre los que se contaban miembros de la Policía Federal (PFA), Policía Bonaerense, Servicio Penitenciario Federal (SPF) y Secretaría de Inteligencia (SIDE / AFI). Así, el fiscal de juicio Marcelo Agüero Vera llegó a un acuerdo de juicio abreviado con Gutiérrez y Ayala por haber administrado Paraíso Construcciones para Guastini.

El juez Luis Gustavo Losada, del Tribunal Oral Penal Económico (TOPE) 1 porteño, homologó recientemente el acuerdo. Como implica todo juicio abreviado, Gutiérrez, que ya había declarado como «arrepentido», y Ayala reconocieron los delitos imputados y el fiscal propuso, a cambio, 3 años de prisión en suspenso. El juicio abreviado tiene la fuerza de sentencia firme. Los condenados, además, se comprometieron a pagar una multa de 41.629.715,04 pesos cada uno.

Al parecer, ninguno tiene la plata suficiente. Con base a documentos oficiales, Encripdata pudo reconstruir que Ayala, como teniente de la Policía Bonaerense, presentó en el 2019 su declaración jurada al 2016, en la que reconoció solo dos cosas: que tenía el 100 por ciento de un inmueble en el partido de Las Flores con valor fiscal de 188.970 pesos comprado gracias a un préstamo y que manejaba fondos públicos de la Dirección de Coordinación Logística del Ministerio de Seguridad provincial. Después, negó tener empresas o actividades laborales o profesionales simultáneas a su cargo, depósitos bancarios o dinero en efectivo y deudas o acreencias. Nada dijo sobre su rol en Paraíso Construcciones. Menos que menos, obviamente, sobre su vínculo con Guastini.

Lo que dijo o no dijo, a esta altura, ya es secundario: si Gutiérrez y Ayala no pagan la multa, se arriesgan a terminar en la cárcel.