El juzgado federal 1 de la ciudad de Dolores se ha convertido en los últimos años en un lugar estratégico para los intereses kirchneristas. Allí fueron procesados en diferentes expedientes y por distintos magistrados, entre 2019 y 2021, el fiscal de la causa de los cuadernos de las coimas k, Carlos Stornelli, el periodista de Clarín, Daniel Santoro, y nada menos que el ex Presidente Mauricio Macri.

Entre 2011 y 2021, quien estuvo a cargo del juzgado fue Alejo Ramos Padilla, un juez claramente identificado con el kirchnerismo. De hecho, ocupó un cargo en la filial marplatense de Justicia Legítima, la agrupación judicial k.

En marzo del año pasado, ante la confirmación de Ramos Padilla para titularizar el juzgado electoral de La Plata, la Cámara Federal de Mar del Plata nombró como subrogante en Dolores, hasta tanto se designe un titular, al juez de la localidad de Azul, Martín Bava, un funcionario que accedió a la magistratura a pesar del muy bajo puntaje obtenido en los concursos.

Ramos Padilla procesó en 2019, año electoral, a Stornelli y Santoro. Y Bava hizo lo propio en 2021, también pocos meses antes de las elecciones de medio término, con Macri. Los cargos principales en los tres casos fueron por presunto espionaje ilegal.

El 4 de mayo del año pasado, salió publicado en el Boletín Oficial la convocatoria formal para el “Concurso N° 465, destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires”, estableciendo el plazo de inscripción entre el 20 y 28 de mayo, y fijando “la prueba de oposición el 28 de junio de 2021, a las 8:30 hs”. El examen, finalmente, fue realizado en Tecnópolis.

Uno de los funcionarios judiciales que aspira dicho cargo es el actual Prosecretario Letrado del juzgado, y hombre de extrema confianza de Alejo Ramos Padilla, Gustavo Adolfo Puppo.

La designación de los jueces la realiza el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, a partir de una terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura.

Tal cual lo reveló este medio en su oportunidad, de acuerdo a una altísima fuente allí presente, habría ocurrido un hecho muy llamativo. “El examen tenía hora prevista de finalización a las 17 hs., por lo que todos los concursantes entregaron sus pruebas escritas a esa hora, finalizando el proceso de recepción a las 17:15 hs. Todos menos uno”, cuenta la fuente consultada. Según lo que pudo averiguar este medio, el mencionado Gustavo Puppo habría permanecido en la sala junto al personal de la Magistratura hasta pasadas las 18 hs, brindándole de ese modo la posibilidad de concluir su examen hasta una hora después de lo previsto. “No sólo eso. Además intercambiaba comentarios con la gente del Consejo”, detalla la fuente.

Al menos, extraño. Pero eso no habría sido lo único.

Como informara el diario “La Nación” el último 6 de mayo, tanto el propio Puppo como otra aspirante al cargo, Melina Rodríguez, también del círculo más cercano a Ramos Padilla, habrían sido favorecidos en la última reunión del Consejo de la Magistratura previo a su nueva conformación, “por los consejeros Gerónimo Ustarroz -representante del Poder Ejecutivo- y Alberto Lugones -representante de los jueces- para quedar bien posicionados en el concurso y llegar a la etapa de las entrevistas personales”.

De los 32 postulantes que se presentaron originalmente, sólo 10 de ellos llegaron a las instancias de las entrevistas. Entre ellos, Gustavo Puppo, sobre quien pesan algunas acusaciones.

El dr. Alejo Ramos Padilla fue designado por el Consejo de la Magistratura dominado entonces por el kirchnerismo, el 18 de junio de 2015, para subrogar el juzgado federal 1 de la ciudad de Bahía Blanca, cargo en el que se mantuvo hasta su renuncia el 31 de diciembre del mismo año.

Al momento de asumir, el actual magistrado de La Plata nombró a 16 personas ajenas totalmente a la jurisdicción. Revistieron funciones, entre otros, Mauro Labozzetta, proveniente del juzgado de Dolores; Leandro Massari y Victoria Fraga, empleados de la Procuración, a quienes el juez pidió expresamente a la procuración; Pablo Vicente Fermento y Juan Pablo Guidini, ambos empleados de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del MPF; Pablo Andrés Vassel, designado a instancias de la por entonces Presidenta del Consejo de la Magistratura Gabriela Vázquez, perteneciente a Justicia Legítima; Noelia Matalone, contratada en la Oficina Anticorrupción por el ex vicepresidente Amado Boudou y por el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina (Decreto 65/2012), y Mario Vajsejtl, cabo de la Policía Federal y custodio personal de Ramos Padilla, un hombre que solía presentarse armado frente a los funcionarios judiciales. Y Gustavo Puppo.

Apenas tomó posesión del cargo, el 24 de junio de 2015, el ex juez de Dolores inició un sumario interno llamado “Irregularidades reorganización del Juzgado Federal 1”, ordenándole a su personal de confianza “Tareas de Reunión de Información” fuera de todo registro formal., de los funcionarios que allí trabajaban.

Por aquellos hechos, hace ya más de tres años, el 16 de mayo de 2019, el fiscal subrogante ante el TOF de Bahía Blanca, Gabriel González Da Silva, solicitó requerimiento de instrucción contra Alejo Ramos Padilla por los presuntos delitos de abuso de autoridad y amenazas, durante su paso por la ciudad del sur bonaerense.

Previo a ello, el 31 de agosto de 2016, el juez Héctor Plou inició un sumario para lograr determinar qué había ocurrido durante la subrogancia de su colega. Todos los testimonios de los funcionarios alegaron haber sufrido los mismos hechos: fuerte presión psicológica, acoso laboral, modificación drástica de condiciones laborales, y despliegue de tareas de vigilancia, entre otras acciones.

“Ramos Padilla se presentó acompañado de una docena de personas. La actitud de algunos de ellos era absolutamente intimidante, llegando hasta a “tantear” en los estantes del escritorio, como si buscaran micrófonos. Hasta llegaron a revisar los residuos descartados por el personal”. Uno de los señalados es el dr. Puppo.

En el sumario mencionado, se lo acusa al aspirante a juez de Dolores de “cumplir funciones en extraña jurisdicción, residiendo temporalmente fuera del radio de 70 km de su jurisdicción de origen; sin autorización de las respectivas cámaras de apelaciones, y sin comunicación a la Corte Suprema”.

En su requerimiento de instrucción, el fiscal González Da Silva expresó que “lo que corresponderá pesquisar es si el accionar del magistrado (Ramos Padilla) excedió de un mero plan de reorganización y ordenamiento del juzgado, en cuyo marco trajo para tal labor a personal de su confianza, para pasar a constituir verdaderos episodios delictivos”. A tal efecto, solicita que se informe si en la subrogancia del Juzgado bahiense “requirió autorización expresa para ser acompañado por dicho personal”.

En el sumario, además, se afirma de Puppo que durante aquellos meses “demostró tener respaldo político, y manifestó y expresó abiertamente una tendencia política particular”.

En una ocasión, por una discusión que tuvo con la Prosecretaria, Susana Arrechea, “donde le reclamaba que no estaba a la altura del cargo y que no estaba a la altura de las funciones que tenía que cumplir, manifiestamente le dijo que se tenía que sentir muy agradecida con el gobierno kirchnerista y básicamente tenía que tener en su despacho un cuadro de Néstor Kirchner y agradecerle todos los días porque si no se hubiera creado la Secretaría de Derechos Humanos ella no sería Secretaria y no hubiera podido jubilarse como prácticamente está porque tiene los trámites iniciales como Prosecretaria, porque su calidad como empleada no le hubiera permitido llegar a ese cargo de no haber sido por la Secretaría de Derechos Humanos”.

Durante la subrogancia, se produjo otro extraño hecho protagonizado por Vajsejtl, Massari, dos de las personas llevadas a Bahía por Ramos Padilla, y Gustavo Puppo, que motivó una denuncia por parte de la Cámara Federal de Bahía Blanca a partir de una información suministrada por la titular del juzgado 2 de dicha ciudad, dra. María Gabriela Marrón.

El auto oficial Renault Megane dominio HRL350 perteneciente al juzgado subrogado sufrió un siniestro el 31 de agosto de 2015 en una ruta cercana a la localidad de Tres Arroyos, cuando era conducido por el cabo Vajsejtl acompañado por el Dr. Puppo y por Massari, provenientes de Mar del Plata a las 3:30 am. Las circunstancias del choque nunca quedaron del todo claras, pero el coche quedó depositado, seriamente dañado, en un destacamento policial.

Lo que la Cámara de Apelaciones intentó determinar fueron las razones sobre la utilización del automóvil oficial por parte de personal ajeno a la sede. La denuncia dice textual: “No se informó, ni tampoco se requirió autorización, respecto de su uso para el transporte de larga distancia de personas ajenas a esta jurisdicción, ni de las circunstancias por demás anómalas que rodean este episodio”.

Sobre Gustavo Puppo, el tribunal afirmó que “Ramos Padilla nunca informó las circunstancias de su desempeño en esta sede, pese a los reiterados requerimientos que le efectuó el Tribunal”. Y designó al hecho como “un posible delito de acción pública”. Nada se supo desde entonces.

Según pudo averiguar este medio, el fiscal González Da Silva estaría por emitir un dictamen respecto a Ramos Padilla, donde dirá si pide que lo llamen a indagatoria o el archivo de la causa si cree que no hay delito.

A su vez, el representante del MPF solicitó informes a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). “Los debe haber pedido porque en la intervención trataron muy mal a las mujeres”, sostiene una alta fuente bahiense que a su vez sufrió los malos tratos por parte del juez y su gente.

Resulta cuanto menos extraño que el kirchnerismo impulse la candidatura a juez de un hombre sospechado de ejercer coacción moral contra mujeres. Pero hay algo más.

La UFEM fue creada a través de la Resolución 1960 del año 2015, y está cargo de la fiscal federal de Morón, Mariela Labozetta. Uno de los integrantes del séquito llevado por Ramos Padilla a Bahía fue Mauro Labozetta, empleado del juzgado de Dolores y emparentado familiarmente con la funcionaria que debe opinar si hubo o no violencia psicológica.

“En todo este tiempo, el Dr. Ramos Padilla llevó adelante un proceso que demandó mucho esfuerzo de parte nuestra, con el consiguiente desgaste físico y emocional. Yo trabajaba de 8 a 20 hs, incluso sábados y domingos para poder cumplir con lo requerido por el Juez. Tampoco se respetó el período de lactancia de una empleada que había sido madre”.

Uno de los testimonios más destacados que consta en el sumario abierto en 2016.