“La ley 26.080 no respeta el equilibrio entre la política, los jueces y los abogados que, según la Constitución, tiene que garantizar la composición del Consejo”, advertía la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su recordado fallo del 17 de diciembre del año pasado cuando declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que había impulsado en 2006 la entonces senadora Cristina Kirchner.

El 23 de febrero de aquel año, con 148 votos positivos, la Cámara de Diputados aprobó, a través de la ley 26.080, la modificación de la composición del organismo que selecciona y sanciona a los jueces propuesto por la actual vicepresidente. Y desde allí, el vínculo entre la política y la justicia se enrareció cada vez más.

Un revelador trabajo realizado por el Magister en Administración Pública, Pablo Hunger, llamado “Desarrollo evolutivo del Consejo de la Magistratura de la República Argentina 1998-2014”, demuestra con cifras y números contundentes cómo el Consejo se trasformó, a partir de la entrada en vigencia de la reforma de Cristina Kirchner, casi en un apéndice del gobierno kirchnerista, al igual que el rol que jugó el Congreso de la Nación en aquellos años.

De allí en más, la justicia no volvió a ser la misma. La discrecionalidad a la hora de tratar nombramientos y remociones de jueces comenzó a dominar la escena. 

“Creado el Consejo, la política, y en este caso el gobierno kirchnerista, tuvo que idear nuevas maneras para ejercer presión”, afirma Hunger.

“De acuerdo con la evidencia recolectada”, agrega el autor, se concluye que “las sucesivas reformas al Consejo de la Magistratura perjudicaron a la administración de justicia al permitir desbalances e intromisiones del poder político partidario producto del goce de una posición hegemónica”.

El proceso de designación de jueces comienza en el Consejo, donde se realiza un concurso público y se conforma una terna de candidatos. Dicha terna pasa al Poder Ejecutivo, que elige a uno y lo envía al Senado, que con una mayoría simple de sus 72 integrantes, lo aprueba. Un proceso similar ocurre en las provincias, para el nombramiento de jueces en el fuero ordinario, donde intervienen los gobernadores y los senados provinciales.

El cuerpo fue creado a partir de la reforma constitucional de 1994, pero entró en funciones 4 años más tarde. La ley 24.937 estableció su funcionamiento y le asignó las tareas, entre otras, de seleccionar a los jueces de los tribunales inferiores, emitir propuestas de ternas vinculantes, y aplicar sanciones disciplinarias, además de administrar los recursos del Poder Judicial, con excepción de la Corte.

Así mismo, creó cuatro Comisiones permanentes: de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, de Disciplina, de Acusación y, de Administración y Financiera.

La conformación original del Consejo era de 20 miembros. Su titular era el Presidente de la Corte, los jueces tenían 4 representantes, los legisladores 8, mientras que los abogados poseían 4 vocalías, los académicos 2, y el Poder Ejecutivo, 1.

Así funcionó hasta el año 2006, cuando la ex Presidente presentó su proyecto, que, entre otras cosas, reducía a 13 la cantidad de sus integrantes. A partir de aquella norma, el Consejo funcionó con 6 legisladores nacionales, 3 jueces, 2 abogados, 1 representante del Poder Ejecutivo y 1 del mundo académico. Es decir, con una clara mayoría política. Dicha ley es la que declaró inconstitucional el máximo tribunal del país, retrotrayendo la situación a aquellos años.

Con la ley 26.080, el sector político se fortaleció al quedar con 7 miembros (3 senadores, 3 diputados y el representante del Poder Ejecutivo), en desmedro de los otros estamentos, que bajaron proporcionalmente mucho más su representatividad.

Con la ley original, la representación política era del 45%. Luego, con la reforma impulsada por Cristina Kirchner, subió a 53%.

Afirma Pablo Hunger en su estudio que, con la conformación original, “la cantidad de miembros designados, respectivos a los distintos estamentos, respetaba un equilibrio plural que conducía sin excepción a lograr un amplio consenso”, agregando que “ante su ausencia, gracias a una presencia desproporcionada de cualquiera de los actores partícipes, se produciría un desequilibrio perjudicial y nocivo en el marco institucional requerido para desempeñar una imparcial administración de justicia”.

El desequilibrio se comprobó fehacientemente en la composición de las Comisiones, de acuerdo al detalle brindado por el informe, ya que de allí surgen los dictámenes que luego serán tratados en el plenario.

Allí se puede ver, por ejemplo, que antes de la reforma, la Cmisión de Selección de magistrados estaba compuesta por 4 abogados, 3 jueces, 2 diputados, 2 miembros del ámbito académico, y el representante del Poder Ejecutivo. Luego de ella, pasó a estar integrada por 3 legisladores, 3 jueces, 1 académico, y el representante del PEN.

En otras palabras, el sector político pasó de representar el 16,66% antes de 2006, al 50% luego de aquel año. Contundente.

Respecto a la Comisión de Disciplina, la misma estaba constituida, originalmente, por 4 senadores, 4 jueces, 1 abogado y 1 académico. Es decir, la política tenía el 40%. Con la reforma, pasó a estar integrada por 1 abogado de la matrícula federal, 2 senadores, 2 diputados, 2 jueces, 1 académico y el representante del PEN, lo que se traduce en un 55% de representación política.

Haciendo foco en la Comisión de Selección, el análisis de Hunger señala que “el desempeño de los representantes populares refleja un fortalecimiento de la disciplina partidaria tanto oficialista como opositora derivando en un alejamiento de posiciones que tensionó el alcance de consensos para la confección de ternas”.

Y arroja cifras concretas, que reflejan el grado de discrecionalidad con el que comenzó a moverse el Consejo al ritmo de los humores políticos.

“Durante los años 2011 y 2013 el cuerpo emitió solamente tres (3) resoluciones por año, las que elaboraron 6, 17 y 7 ternas respectivamente”. En los años anteriores, siempre de acuerdo al estudio en cuestión, la producción había sido sustancialmente mayor. En 2007, se emitieron 19 resoluciones; al año siguiente, 24. En tanto, en 2009, hubo 27 resoluciones, mientras que en 2010, se registraron nada menos que 40.

“El cuatrienio 2003-2006”, añade Hunger, “reflejó una considerable actividad: el año 2003 vio sancionadas 19 resoluciones, el año 2004, 26; el año 2005, 16 y el año 2006, 14; todas ellas se corresponden con un total de 38, 82, 30 y 56 ternas respectivamente. La participación político-partidaria ofrece una saludable variación en la totalidad del período, la que en ningún caso muestra vestigios de subsunción a la disciplina partidaria”.

Así y todo, entre 2003 y 2015, la gestión kirchnerista nombró 511 jueces nacionales y federales sobre un total de 908 magistrados, según reveló la Asociación por los Derechos Civiles.

Más claro resulta aún lo siguiente: “Desde 1998 hasta 2002, a lo largo de 182 reuniones, se configuró un promedio de 22 ternas. Los cuatro años siguientes vieron elevarse tal cifra a un promedio de 51 ternas producto de una cantidad de 166 reuniones”.

En cambio, luego de la reforma y hasta 2010, “la comisión se reunió en 100 oportunidades dictaminando un promedio de 71 ternas”. Y concluye: “El último cuatrienio padeció un decrecimiento exponencial con promedios considerablemente menores a los iniciáticos mostrando un promedio levemente mayor a una cantidad de 11 ternas por año. Sus resultados evidenciaron una producción de casi un 50% de la obtenida en el primer cuatrienio de funcionamiento, en unas escasas 41 reuniones de comisión”.

Este medio ya había citado un informe publicado en 2012 de la citada Asociación por los Derechos Civiles: “El retraso del Consejo de la Magistratura en concluir los concursos y la demora del Poder Ejecutivo en remitir al Senado la elección de uno de los candidatos de las ternas, continúa provocando un deterioro del sistema constitucional. La magnitud de este fenómeno se refleja en que en los últimos dos años -2010 y 2011- el Consejo solo concluyó 5 concursos públicos destinados a cubrir 21 vacantes, mientras que solo en 2010 se concluyeron 39 concursos destinados a cubrir 119 vacantes. Por su parte, hasta julio de 2012 se encontraban pendientes en el Ejecutivo 81 designaciones”.

El presupuesto nacional para el ejercicio 2021 le asignó al Poder Judicial la suma de $81.718 millones, lo que representa el 1,3% de las erogaciones del Estado, de los cuales el 0,9% corresponden al Consejo y el 0,4% a la Corte.

De los casi $82.000 millones asignados al Poder Judicial, el 93% se destina a gastos de personal: $76.156 millones.

En relación a la Comisión de Disciplina, el estudio destaca que mientras que en 2007, es decir el primer año de puesta en práctica de la nueva norma, hubo 36 reuniones en el seno de la misma, con el paso del tiempo las mismas cayeron en forma notable, registrándose apenas 7 en 2013. En 2010, hubo 25 encuentros.

Por su parte, un año después, ya habían caído a más de la mitad: 11.

“El reglamento general establece, como mínimo, una reunión semanal”, afirma el autor del trabajo. Una cifra que estuvo muy lejos de cumplirse.

Y prosigue: “El cuatrienio 2002-2006 arrojó una cantidad de 30 expedientes cuyo dictamen determinó la imposición de sanciones. A lo largo de dichos años, el porcentaje de las mismas fue de un 3.4% en relación al total de expedientes resueltos. Los resultados reflejan un significativo 9% en el primer año del cuatrienio que desciende progresivamente hasta valores nulos en el año 2006”.

En el período citado, “los números muestran un total de 514 expedientes de los que surgieron 81 dictámenes acusatorios. El porcentaje de los mismos osciló entre un 8% y un 20% por ciento acaecido en el 2005, configurando éste el máximo valor”, concluyendo que “se aprecia un descenso de ocho puntos porcentuales que devino en un 12% en el año 2006. El valor promedio fue de un 14.75% anual”.

En tanto, luego de la reforma, la cantidad de expedientes comenzó a bajar, con un piso de solo 145 en 2012, al igual que los dictámenes sancionatorios, llegando a representar apenas menos del 3%.

Pero quizá uno de los datos más reveladores del trabajo es el referido al incremento del “porcentaje que ostentó el oficialismo después de la sanción de la ley 26080 sobre el total de miembros del Jurado de Enjuiciamiento y sobre la mayoría necesaria para proceder con la destitución de magistrados”.

Mientras que la incidencia mencionada en 2006 significaba el 22%, para el año 2014 el mismo había subido al 28,6%, lo que representa un incremento del 30%. Más rotundo es el referido a la mayoría necesaria para la destitución: 33% en 2006 y 40% en 2014.

Es decir, que el kirchnerismo hacía gala de un gran poder de fuego.

Tal como informó este medio en abril pasado, sobre un total de 974 cargos existentes entre la justicia federal y la nacional, 244 de ellos están vacantes, es decir, que se encuentran subrogados por magistrados nombrados “a dedo”. Lo que representa, nada menos, que el 25,05%. En otros términos, 1 de cada 4 jueces ocupan sus cargos a través de mecanismos ajenos a lo que la Constitución ordena.

Lo que sin duda genera un estado de sometimiento al poder político. Otro más.

Los datos brindados por el trabajo de Hunger hablan por sí solos. Mientras que en 2007 el Consejo apenas nombró 7 jueces subrogantes, en 2011 la cifra casi se triplicó, llegando a 19 subrogancias designadas por el cuerpo.

Los magistrados subrogantes son aquellos que reemplazan a los titulares de los diversos juzgados cuando se producen decesos, renuncias, vacancias breves o prolongadas, remociones o cualquier otra causa que produzca la ausencia del magistrado oportunamente designado.

Nada de todo aquello podría haber sido posible de no ser por “la mayoría construida por el kirchnerismo en las elecciones legislativas de 2005, que le permitió sancionar la primera de las iniciativas que produciría alteraciones en el equilibrio que yacía en el pleno del Consejo de la Magistratura”.

Más aún. “El proceso electoral del año 2011”, asegura Pablo Hunger, “brindó al oficialismo una mayoría absoluta. El hecho de alzarse con un 53% de la totalidad de los votos le otorgó un número de escaños suficiente para sesionar sin la presencia de ninguna otra fuerza política opositora; la cantidad de diputados conseguida lo facultó a detentar el quórum propio”.

“En conclusión”, afirma el estudio, “se vislumbra como, bajo un nuevo marco normativo que incrementó la participación oficialista en las Comisiones y en el ámbito del Plenario, los resultados fueron magros: la cantidad de reuniones de comisión disminuyó y el número de jueces subrogantes y de magistraturas vacantes aumentó”.