Primero fue el titular de la secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Luciano Scatolini, quien apuntó directamente al gobierno municipal de General Pueyrredon: “Le dejamos el desafío al intendente Guillermo Montenegro, necesitamos el acompañamiento local para coordinar y generar más terrenos y loteos en Mar del Plata”.

Luego se sumaron voces desde el bloque de concejales del Frente de Todos, que le solicitaron al Ejecutivo local que adhiera al Plan Nacional de Suelo Urbano, con el objetivo de disponer de más lotes y terrenos que puedan incluirse en futuros sorteos del Plan Procrear.

La pregunta se impone: ¿Qué hay detrás de esta escalada de reclamos? Es cierto que los lotes escasean y el país, y en especial la provincia de Buenos Aires, sufre un alarmante déficit habitacional, que según el censo 2010, alcanza a 3,6 millones de familias. En Mar del Plata, en concreto, la oferta de terrenos para la nueva etapa del Procrear es baja: apenas 57. Pero hay algunas cuestiones que llaman la atención.

En las últimas horas, la concejal kirchnerista Sol de la Torre presentó en el HCD del distrito un proyecto de comunicación a través del cual le solicita al Departamento Ejecutivo que se incorpore al Plan Nacional de Suelo Urbano, creado por Resolución 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

La edil del Frente de Todos, que tiene cada vez más ascendiente entre sus pares, señaló que la problemática del acceso a tierra y vivienda digna en la ciudad “representa un déficit estructural” que requiere “distintos tipos de políticas en función de los diversos y variados obstáculos que las familias deben transitar al momento de intentar acceder al derecho a una vivienda digna”.

También tiene su lugar en el Concejo Deliberante, dentro del mismo espacio, Rodolfo Tata Gandolfi, dirigente del Movimiento Evita. Y es una voz muy escuchada.

Sol de la Torre está muy vinculada al dirigente social Juan Grabois, y fue funcionaria de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Grabois milita en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), donde también está Emilio Pérsico, del Evita, promueve una reforma agraria y supo decir, para fomentar el acceso a la vivienda, que “la solución más inteligente es lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y darle a la gente para que se haga su casa”.

Amigo del papa Francisco, con quien estuvo muy ligado allá por el año 2010, Grabois también creó el Proyecto Artigas, desde dónde planteó la necesidad de avanzar con una agricultura familiar que haga un uso responsable del medio ambiente. A su vez, el dirigente tiene cada vez más arraigo en Mar del Plata.

El discurso de Bergoglio aquí juega un rol fundamental.

Hace poco tiempo, en la apertura de la centésimo novena Conferencia Internacional del Trabajo, pronunció una frase temeraria, pero que expresa claramente su pensamiento más profundo. “La propiedad privada es un derecho secundario que depende un derecho primario entendido como “el destino universal de los bienes”.

Y aquí comienza a surgir la línea que une a Grabois con Fernanda Raverta, que maneja la caja más codiciada de la política: la ANSES.

La hija del ex montonero Mario Montoto perdió por apenas 9.700 votos en la elección de 2019 contra el actual jefe comunal de General Pueyrredon, y mantiene grandes esperanzas de lograr ocupar en 2023 la tan esquiva intendencia para el peronismo.

En la ciudad se invierten mensualmente desde ANSES, en concepto de jubilaciones, pensiones, asignaciones, complemento para el salario familiar, Programa Alimentar, Complemento Leche, otras prestaciones y Repro II, la suma de 8.755,5 millones de pesos. No es poco.

El Presupuesto 2022 del municipio asciende a $36.637 millones. Es decir, lo que vuelca la ANSES a la ciudad representa casi el 24% de sus ingresos totales. A eso hay que sumarle lo que llega desde el Procrear y los fondos recibidos por los movimientos sociales.

Raverta suele mostrarse en público con el mencionado Luciano Scatolini, el elegido del gobierno para manejar las políticas habitacionales.

Scatolini, antes de acceder a la secretaría de Desarrollo Territorial,fue Subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, Escribano General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y Director Nacional del ProCreAr. No es un improvisado y tiene un pasado que lo vincula con la militancia de los setenta: sus padres estuvieron detenidos durante la última dictadura. Además, su padre fue el primer Director de Derechos Humanos bonaerense.

Lo que el kirchnerismo le reprocha a Guillermo Montenegro, y a varios intendentes de la oposición, es que no hayan adherido sus municipios a los diferentes planes de vivienda. Pero en especial a uno: al mencionado Plan Nacional de Suelo Urbano, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi, que manejó un presupuesto en 2021 de $300.000 millones.

Creado el 8 de mayo de 2020, en plena cuarentena por el coronavirus, a través de la Resolución 19/2020, dicho programa “está destinado al financiamiento y apoyo para la generación de lotes con servicios y los instrumentos legales que sean necesarios para favorecer la producción de suelo urbanizado”, en palabras oficiales.

En off, desde el gobierno bonaerense sostienen que el plan busca la “producción de suelo junto a una regulación del mercado inmobiliario y el fortalecimiento de políticas de gestión y planificación por parte de las provincias y los municipios”.

Quien está a cargo del plan es Luciano Scatolini, que además es autor de la “ley de Hábitat” en la provincia de Buenos Aires.

Sancionada el 29 de noviembre de 2012, la norma 14.449 se propone “la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable, conforme lo establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”. Como así también “proveer suelo urbanizable en centros urbanos y zonas rurales”.

En su artículo 5, define las responsabilidades: “El Estado Provincial será el encargado de la ejecución de las políticas necesarias para la satisfacción progresiva del derecho a una vivienda y a un hábitat digno, incluyendo la participación de los Gobiernos Municipales y de las Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro que en su objeto social propendan al fomento de dichos objetivos y la iniciativa privada, teniendo prioritariamente en cuenta las demandas sociales de la población”.

Scatolini no oculta su enojo con los intendentes bonaerenses: “No hay un compromiso entre los niveles del Estado. Tres de cada cuatro municipios en la provincia nunca adhirieron a la Ley de Hábitat, que es la que facilita las herramientas para la producción de suelo urbano”, afirma.

“El plan es nacional”, agrega, “pero el protagonismo lo tienen las provincias y los municipios, que deben establecer prácticas sanas de regulación y de planificación del uso del suelo, porque no es una facultad del gobierno nacional”.

Sobre este andamiaje se monta el kirchnerismo para avanzar sobre las comunas. Y el mejor argumento que encuentran a su paso es el espinoso tema de las usurpaciones, que por otro lado, encontraron un aliado impensado en la justicia, cuando el juez k Alejo Ramos Padilla justificó una gran toma en la ciudad de La Plata hace pocas semanas, en un fallo que debe ser leído como parte de una estrategia.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) hay 80 barrios populares en General Pueyrredon sobre terrenos privados, en los que residirían 7.165 familias. La superficie total de estos asentamientos sería de 328,25 hectáreas, ubicados en la ciudad de Mar del Plata, Batán, Sierra de los Padres y Chapadmalal.

Por otro lado, y este es el dato que más importa, se estima que existen aproximadamente 200 asentamientos en terrenos fiscales.   

De acuerdo a información brindada por la Defensoría del Pueblo de la ciudad, se recibieron durante 2020, 534 denuncias penales por usurpación de inmuebles o terrenos, una cantidad casi similar a la del mismo período de 2019. Si bien no hay datos actualizados, en función de diversas fuentes consultadas, la cifra para 2021 sería similar.

Idéntica situación ocurre en Bahía Blanca, la otra ciudad grande del interior de la provincia y gobernada por el intendente Héctor Gay, de Juntos. Desde la subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la comuna, informaron que entre el 21 de agosto y 16 de noviembre de 2020 se produjeron 52 usurpaciones en las que intervino la Policía, calificando a la situación de “inédita”.

Las zonas de Mar del Plata donde más terrenos fiscales hay es un misterio. Este medio intentó hablar con el área correspondiente del municipio (Banco de Tierras), pero adujeron que no podían brindar esa información. Sin embargo, la misma fue obtenida desde sectores vinculados a Juan Grabois: “Que la municipalidad no mire para otro lado, hay mucho terreno libre”. La fuente mencionó los barrios de Las Heras, Batán, Parque Camet, y algunas zonas del sur. Es decir, en la periferia de la ciudad.

En julio del año pasado, se registraron fuertes jornadas de protesta en las calles de la ciudad organizada por el Frente de Lucha Piquetero, que nuclea a Barrios Unidos en Lucha, la Cooperativa A Trabajar, el Movimiento Argentina Rebelde, Cuba MTR, Votamos Luchar y el Polo Obrero.

“Se necesita de manera urgente un plan de viviendas en Mar del Plata, que significa trabajo para muchos compañeros y un techo para quienes necesitan una vivienda digna”, afirmó uno de los líderes.

Si bien los reclamos partieron de la izquierda dura, hay vasos comunicantes con los sectores más radicalizados del kirchnerismo. En especial a través de Juan Grabois, quien afirmó tajante hace pocos meses: “Toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad”.

El amigo del Papa es el nexo entre los principales actores sociales en Mar del Plata. Entre ellos, se destacan Matías Maciel, máximo referente local del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), integrante del Frente de Todos; Gonzalo Vigil, de Barrios de Pie; Facundo “Apache” Villalba, dirigente de la CTA local e integrante del Movimiento Evita; y los mencionados Sol de la Torre y Rodolfo Tata Gandolfi.

Frente a esta problemática, el intendente Guillermo Montenegro fue contundente en su pedido: “Queremos que los vecinos vivan tranquilos y en paz. Por eso no solo realizamos acciones para prevenir, sino que también vemos necesario que se cambie el tipo del código penal que hoy es absurdo y necesita aggiornarse, para dar herramientas a la policía y a la Justicia para actuar”.

En concreto, abogó por un endurecimiento de la pena para este delito, modificando el art. 181 del Código Penal. De inmediato, desde distintos sectores del kirchnerismo le salieron a responder, exigiéndole que ceda más terrenos para viviendas.

El derecho penal define a la usurpación como el delito de apoderarse “violentamente o con intimidación” de un inmueble o de un derecho de otra persona. Actualmente, el código penal, que rige desde 1921, contempla que si no hay violencia o el terreno no se encuentra alambrado no habrá delito.