Una grave denuncia penal se radicó en las últimas horas en los tribunales de Mar del Plata, que involucra nada menos que a un abogado perteneciente a la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires.

El funcionario, según afirma la presentación judicial realizada por el dr. Matías Quiñones en representación de su cliente, presunto damnificado, inició “una acción de reivindicación”, valiéndose de un acta adulterada, “para intentar obtener un predio rural propiedad de un particular”.

En otras palabras, el abogado, actuando en representación del Estado y del gobierno bonaerense, se quiso quedar con un campo que no le pertenece. Y a través de un acta trucha.

De este modo, el letrado, de acuerdo a la denuncia, de nombre Luciano Piovani, habría cometido los delitos de falsedad ideológica y abuso de autoridad, en función de los artículos 293 y 298 del Código Penal. En la misma presentación, que tramita en la fiscalía 10 de delitos económicos de la ciudad de Mar del Plata, también fue denunciado el oficial de justicia, Diego Ismael Estévez.

Pero este hecho no habría que tomarlo como un episodio aislado.

La extraña situación se inscribe dentro de un contexto enrarecido respecto a la política habitacional promovida por el gobierno argentino, y del delicado hábito de usurpación de tierras que se da en todo el país, en un escenario de alta inflación.

El predio en cuestión se trata de una propiedad de 4 hectáreas, con 2 viviendas y personal que todos los días trabajan en el sembrado, ubicado en la ruta 226 km 13.5 del distrito de General Pueyrredón.

Es decir, se halla enclavado en medio del cordón frutihortícola de la zona, una de los más importantes del país. Tanto es así, que hace pocos meses, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación le otorgó a la producción de kiwi local un aval para diferenciarlo, con el propósito de promover, defender y proteger la actividad y el sistema de producción.

La presunta víctima, de iniciales C.V., es dueño de la finca desde el año 1998. Su propietario anterior, Enrique Radke, había sido declarado insano en 1990, siendo su hermano Adolfo quien se ocupaba de gestionar sus bienes.

El 1 de febrero de 2018, el juzgado civil y comercial 1 de Mar del Plata, donde tramitaba el expediente 122828 “Radke Enrique Alfredo s/sucesión”, resuelve reputar “vacante la sucesión”, abierta a partir de la muerte de la madre de aquel, titular registral del predio. Para que una sucesión sea declarada vacante no se deben presentar presuntos herederos o directamente no debe haberlos.

Ante esta situación, se pide intervención a la Fiscalía de Estado, donde es designado curador de la misma el denunciado, Luciano Piovani, perteneciente a la plantilla del mencionado organismo, a partir de un decreto del gobernador bonaerense.

De acuerdo a su sitio web, “la Fiscalía de Estado tiene como misión la representación y defensa en juicio de la provincia de Buenos Aires, tanto en carácter de demandada como demandante. La Constitución provincial establece que el organismo “será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado”.

En su reglamentación interna, el Fiscal de Estado puede actuar por sí o por abogados debidamente habilitados como parte de la dependencia y que sigan sus instrucciones. En la teoría, debiera ser un organismo autárquico y autónomo, pero en la práctica, depende de los designios y humores del poder político de turno. En este caso, de la administración de Axel Kicillof.

Una vez que tomó intervención, el dr. Piovani solicitó “se libre mandamiento de constatación a fin de indagar el estado de ocupación del inmueble y que se designe como oficial de justicia ad hoc a Diego Ismael Estévez”, también dependiente de la Fiscalía de Estado.

Asi fue como el 1 de octubre de 2018, se dicta una orden judicial, a pedido de Piovani, “con el fin de determinar el estado y ocupación del inmueble, debiendo individualizarse a los ocupantes del mismo, determinando en qué carácter lo hacen y requiriendo la documentación que acredite el mismo”.

Pero lo curioso del caso es que el abogado, al actuar, ya sabía que el predio no pertenecía más a la familia de Radke. Además, claro está, que el mismo ya tenía dueño desde hace 24 años.

¿Por qué?. Porque en 2017, tanto Piovani como también Estévez se presentaron en el proceso sucesorio, ya que Enrique Radke había fallecido el 14 de diciembre de 2013, luego de estar internado 23 años en un Hogar Municipal de la ciudad. Justamente, la razón por la que se presentaron era por su fallecimiento.

“Nunca mantuve ningún tipo de relación comercial con el sr. Enrique, ya que cuando compré el predio en 1998, el mismo ya se encontraba declarado insano, y su hermano Adolfo era quien actuaba en calidad de curador, y en el año 1997 mediante plano formalizado por el Agrimensor Ángel E. Rodríguez subdividió la parcela 858 generando las parcelas 858-a y 858-b”, reafirma el denunciante.

Finalmente, el 8 de febrero de 2019, a través del oficial de justicia Estévez, se llevó a cabo el acto procesal solicitado insólitamente por el dr. Piovani en octubre del año anterior. Pero lo que allí ocurrió es muy llamativo.

Lo explica la denuncia: “Estévez se presenta y es atendido por una persona de sexo femenino que no se identifica ni aporta su nombre, quien le informa que el inmueble es de pertenencia de Don Enrique Radke y que se lo alquilaba a C:V., y que, desde el fallecimiento de aquel, C.V. habría continuado con la ocupación”.

Los hechos descriptos parecen bastante burdos. “Todas las personas que se encuentran dentro del predio, o se encontraban en aquel entonces, lo hacen en calidad de trabajadores, generalmente ocasionales o de temporada, desconociendo todos la titularidad del predio o sus antiguos dueños”, afirma el denunciante.

Y agrega otro dato: “Resulta muy llamativo que no hayan advertido que en el predio se encuentra instalado el “Club San José”, quien posee una parte de la parcela”. Nada se dijo de aquella presencia. Dicho club compró una parte del terreno al mismo tiempo que el denunciante.

También se presenta bastante curioso el hecho de que el oficial de justicia no haya identificado a la presunta “persona de sexo femenino” que le brindó los datos, como se puede apreciar en el acta.

Por otra parte, justo se trata de la información que necesitaban para afirmar que el campo estaba alquilado, por lo que de ese modo, podían proceder a su decomiso. Es decir, pretendieron que una persona fallecida hacía más de 5 años figure como locador del inmueble.

De allí surge que se habrían valido de un acta adulterada, lo que hace aún más grave el delito.

Así las cosas, el dr. Piovani, “a sabiendas que el acta de constatación no cumplió con lo ordenado judicialmente, ya que nunca se identificó al ocupante, ni se intentó hacerlo, que se recabó una declaración testimonial sin orden alguna, de una persona que no identificó ni aportó dato alguno, y con un contenido a sabiendas falso pero que beneficiaba los intereses representados por el denunciado, inició una acción de reivindicación en contra de C.V., por parte de la Fiscalía de Estado, intentando obtener la propiedad del predio rural, aduciendo un falso carácter de inquilino”. Contundente.

Además, cabe destacar un hecho que hace aún más sospechosa la operación. El denunciante ya conocía al dr. Luciano PIovani, ya que había requerido sus servicios para “tramitar la pensión por incapacidad de Enrique Radke, tiempo antes de su fallecimiento”.

Es decir, que el sr. Radke fue declarado insano en 1990. A través de su hermano Adolfo, en 1998 el denunciante adquiere parte del predio, quien lo ocupa y lo trabaja desde entonces.

Enrique Radke muere en 2013, y poco antes, el dr. Piovani toma contacto con el denunciante. Al tomar intervención en 2017 por el proceso sucesorio, resulta evidente que el letrado sabía del fallecimiento de Radke.

Y así y todo, procedió. Al menos, extraño.

Más, como se dijo, tratándose de un campo dedicado a la actividad frutihortícola, con la producción de kiwi como principal actividad. Los antecedentes abonan la sospecha.

El 8 de noviembre de 2021, el titular del juzgado federal 3 marplatense, Santiago Inchausti, resolvió en favor de una presunta víctima de trata laboral otorgándole en carácter provisorio el campo donde trabajaba, designando como “depositario judicial” al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La controvertida decisión tuvo lugar luego de un pedido de la Defensoría Pública de Víctimas de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la dra. Inés Jaureguiberry.

Dicha funcionaria, al igual que Piovani, pertenecen a estamentos del gobierno de Axel Kicillof de menor rango, menos visibles, pero no por ello, menos importantes. De hecho, el dr. Piovani fue designado “Subdirector Juicios Contradictorios Delegación Mar del Plata” de la Fiscalía de Estado, a través del Decreto 50/19 publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires el 2 de enero de 2020.

“En esta jurisdicción, la política criminal de presunta lucha contra la trata laboral, se ha convertido en una política de actuación que, a los productores rurales, los persigue, los roba y, por último, los desapodera de la tierra, sin causa alguna que lo justifique”, denunció el 17 de febrero de 2022 el fiscal ante el Tribunal Oral de la ciudad, Juan Manuel Pettigiani, ante una presentación en su contra realizada por su colega ante la Cámara Federal, Daniel Adler, “por el temperamento adoptado en las causas de trata laboral”.

“Hay un movimiento de pinzas, al menos en estos casos”, razona un importante abogado de Mar del Plata. “A través de las causas por trata, van por las quintas de los productores, y a través de las herencias vacantes, también”, prosigue.

De acuerdo a lo que pudo sondear este medio, la acción del dr. Pïovani se trataría de una práctica habitual en esta zona que se estaría extendiendo peligrosamente, junto a una gran cantidad de denuncias por trata que tramitan en la justicia marplatense.