Argentina hace años que se convirtió en la república del doble estándar. Hay políticos y periodistas que se han vuelto especialistas en el uso del doble rasero para analizar la realidad. Todas las semanas hay ejemplos donde comprobarlo. Me voy a detener en dos de los últimos: las protestas por la falta de gasoil y la represión policial en Lomas de Zamora.
La escasez de gasoil en casi todo el territorio nacional puede explicarse por varias razones: una demanda a niveles históricos (la industria y el agro en crecimiento), una menor producción local del combustible (desde YPF a las petroleras extranjeras) y la importación insuficiente. La ineficacia oficial para anticiparse al problema y tratar de resolverlo completaron la tormenta perfecta.
La falta de provisión, que todavía persiste, y los aumentos de precios, algunos regulados y otros de facto, dispararon una ola de protestas de los dueños de camiones. Además de un corte en la autopista Buenos Aires–La Plata que tuvo enorme visibilidad, los piquetes se extendieron por todo el país. Sus organizadores hablaron de sesenta caminos cortados. Lo curioso es que estas interrupciones al derecho a transitar fueron aceptadas y, en algunos casos, celebradas por los mismos que critican los piquetes organizados por el gremio de Camioneros o las interrupciones originadas en las protestas de los movimientos sociales. Los medios y periodistas que suelen expresarse en furibundos editoriales contra los cortes, esta vez, no los vieron tan mal. El malestar de los dueños de los camiones les resulta comprensible. ¿Qué hubiesen dicho o escrito si los sesenta bloqueos hubieran sido organizados por Hugo Moyano?
Del otro lado de la grieta hubo una actitud parecida. La semana pasada la policía bonaerense que conduce Sergio Berni –quien apareció en la autopista desalojando ante las cámaras de la televisión un piquete por la falta de gasoil «en cinco minutos»– reprimió con palazos y balas de goma una movilización de estudiantes y profesores del Instituto de Formación Docente 103 de Villa Fiorito. Los manifestantes reclamaban por los reiterados robos que sufren cuando concurren a estudiar. En los últimos episodios, unos ladrones ingresaron a robarles dentro del Instituto y en otro caso llegaron a gatillarle un arma a un alumno que, por fortuna, no se disparó. «Nos pegan los ladrones, nos pega la policía, nadie nos cuida», se lamentó uno de los jóvenes.
Nadie del gobierno de Buenos Aires ni del gobierno nacional salió a cuestionar claramente el accionar represivo de la policía. Ni hablar de la falta de seguridad. Los medios progresistas tampoco le dedicaron demasiada cobertura al tema. ¿Qué hubiesen dicho si la represión la ejecutaba la policía de la Ciudad de Buenos Aires por una situación similar en una escuela de la capital?
Todo se analiza según a quién favorece o perjudica. Los dirigentes políticos, los medios y periodistas que hablan sólo para convencidos han transformado este mecanismo en un recurso válido y habitual. El costo del doble estándar es el empobrecimiento de la discusión política y la decadencia del debate público. Siento nostalgia de los años en los que esa manera amañada de contar la realidad tenía un costo.