Diego Santilli, -diputado nacional-presentó un proyecto en virtud del cual contempla “la baja en la edad de imputabilidad, un fuero especializado en menores, penas diferenciadas para delitos graves, aceleración en los juicios con un plazo máximo de 2 años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad”.
En concreto, esun proyecto de leybasado en el Sistema de Responsabilidad PenalJuvenil y en la noción de justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos de los adolescentes que contempla en bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años.
Ahora, en este temaexplica Santilli,que se basaron en la información estadística oficial de la Corte Suprema de la Nación, casi el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años.
Por lo tanto, presenta un proyecto de ley que ahonda en los métodos de abordaje restaurativoa cargo deequipos interdisciplinarios, donde tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación a la ley.
Seindicaademás que en “lugarque la única consecuencia sea la cárcel, el proyecto propone que los adolescentes deban realizar todas las medias posibles para reparar el daño producido por el delito y que las víctimas y la comunidad que sufrieron daños tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación”.
Dicho proyecto de ley prevé “que los juicios contra personas adolescentes sean realizados en el plazo de dos años y en caso de que el plazo transcurra sin que el proceso llegue a su finalización, constituirá una falta grave para las autoridades judiciales intervinientes y evitar la posibilidad que las autoridades judiciales “cajoneen” expedientes, estableciendo responsabilidades claras”.
También ilustra Santilli, que en el“caso que lainiciativa seaaprobada, se buscará evitar la saturación del sistema penal mediante la creación de un fuero especializado de justicia penal juvenil, que descomprimirá el trabajo de los tribunales penales y permitirá llegar más rápido a la finalización de los juicios”.
Entre otras cosas, se propone ladesjudicialización de los procesos penales, lo que permitirá al Estado contar, como primera respuesta al delito, con diferentes medidas socioeducativas, que deberán llevarse a cabo de acuerdo al Abordaje Restaurativo, entendido como un proceso en el que todas las partes implicadas en un conflicto (ofensor, víctima y comunidad) resuelven colectivamente cómo manejar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro”.
Se buscar un “abordaje restaurativo de trabajo desde la interdisciplina, a fin de que las decisiones no se tomen en forma aislada, dispersa y fraccionada, sino mediante acuerdos y espacios de escucha entre diferentes perspectivas teóricas, en sintonía con lo que han establecido en los últimos años diferentes convenciones y normas internacionales en materia de derechos de adolescentes”.
Fuente: Información parlamentaria.