“Nunca jamás hemos sufrido semejante atropello y agresividad por parte del Estado, ni siquiera en las épocas más rancias y oscuras de la dictadura”.

Quien pronunció aquellas palabras ante este medio pertenece a una familia propietaria de dos pequeños hoteles en la ciudad de Mar del Plata, uno de los cuales sufriera a largo de este año 5 fiscalizaciones, tanto por parte de la AFIP como del Ministerio de Trabajo, que rozaron, se podría decir, cierta arbitrariedad. No conforme con ello, la seccional marplatense del sindicato de los gastronómicos agregó una gran cuota de brutalidad, efectuando una especie de “allanamiento” al hotel sin mediar orden judicial alguna.

Pero el hecho adquiere ribetes aún más escandalosos cuando se descubre que quien sufrió aquellos ataques fue un importante funcionario de carrera de la propia AFIP que, casualmente, integró el grupo de agentes que fiscalizó desde 2013 a las empresas de Bahía Blanca que actuaron como usina de facturas truchas en beneficio de Austral Construcciones, la firma de Lázaro Báez.

Dicha pesquisa nutrió, entre otras, la causa “Vialidad”, donde fue recientemente condenada la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por ser considerada “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Además, en 2016 comandó las reinspecciones que se hicieron desde Mar del Plata a la empresa del presunto testaferro de los Kirchner, al resto de la firma del grupo, como Badial Construcciones, Valle Mitre, Don Francisco, La estación, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Austral Agro, y a los proveedores apócrifos de aquellas.

Manuel Rodríguez, ex director regional de la AFIP Mar del Plata y funcionario de carrera del organismo, en verdad no forma parte de la dirección de la sociedad que explota los hoteles, aunque no desconoce que los mismos son de la familia, cuando su abuelo abrió el primero de ellos en 1949. El otro, el reconocido Hotel Traful, fue inaugurado en 1979.

¿Por qué crecen las suspicacias? Por varias razones.

El 10 de septiembre de este año, el Ministerio de Trabajo y la seccional local de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) realizaron una inspección conjunta en el mencionado hotel, ubicado en el barrio de La Perla. Allí, se dijo, habrían encontrado trabajadores que no estaban registrados, y dos mucamas que, según afirmaron, fueron “escondidas” en habitaciones para luego huir por la puerta trasera de emergencia del hotel, ante un presunto pedido de los empleadores.

Un dato que arroja un manto de sospecha sobre este operativo: el hotel ya había sido objeto de 3 fiscalizaciones durante 2022, en los meses de febrero, marzo y julio. Nunca se encontró nada raro ni fuera de la ley.

Pero además, 20 días después de la visita de Trabajo y del gremio, más precisamente el 30 de septiembre, fue la propia AFIP la que realizó una nueva fiscalización, algo que resulta muy llamativo por la cercanía de las fechas, por lo que, de acuerdo a fuentes consultadas del organismo, “no corresponde hacer”.

Pese a ello, y ante la cuarta inspección, no solo se labró un acta sino que además, el titular local de UTHGRA, Pablo Santín, radicó una denuncia penal contra Manuel Rodriguez y su hermana, Marcela, quien figura en el acta constitutiva de la sociedad, MG Dual SRL, que explota el establecimiento, por “privación ilegítima de la libertad”.

Pero la misma fue desestimada por inexistencia de delito por parte de la fiscal Andrea Gómez, titular de la UFI Nro. 4.

Además, el 7 de noviembre, el Ministerio de Trabajo dio por finalizada la inspección “sin acta de infracción ni determinación de diferencias”. Y para la AFIP, de la fiscalización, “no surgieron ajustes”, por lo que la misma “no reviste interés fiscal”.

En el informe final del organismo recaudador, O.I. 2080616, se detalla que “se concurrió al domicilio (del hotel), a los efectos de realizar un relevamiento de personal, relevándose 9 empleados del turno mañana y 2 del turno tarde, sin surgir inconsistencias”.

Pero antes de ello, los medios identificados con el kirchnerismo pusieron mucha atención sobre el conflicto, llamando al propio Rodríguez como “coronel del lawfare”.

Pero aquella típica calificación k no sería demasiado acertada

Manuel Rodríguez mantiene desde siempre una profunda relación de respeto mutuo con Horacio Castagnola y Jaime Mecikovsky, ex director de la DGI y ex subdirector nacional de Operaciones Impositivas del Interior, respectivamente, removidos y degradados en julio de 2008 por la AFIP de Cristina por investigar al poder.

Ambos fueron repuestos en sus cargos en diciembre de 2015, con la llegada de Cambiemos al poder. Sin embargo, en octubre de 2018, a través de un conflicto muy poco claro, fueron nuevamente relevados, ahora por el macrismo. De acuerdo a lo que se presume, la razón fue solamente por hacer su trabajo, es decir, fiscalizar a los contribuyentes. La empresa que estaba en la mira de los sabuesos era “IECSA”, de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

En solidaridad con ellos, Rodríguez renunció como director regional el 8 de octubre de 2018. Pero la investigación sobre las empresas de Lázaro Báez ya estaba hecha.

La nueva fiscalización sobre el Hotel Traful, ya se dijo, ocurrió el 10 de septiembre de 2022, pocos días después de que finalizara el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa “Vialidad”.

El 15 de noviembre declararon ante fiscal Gómez las trabajadoras de limpieza del hotel. Según trascendió, “ambas expresaron que siguieron esas indicaciones por temor a perder la fuente laboral. Una de ellas precisó que Marcela Rodríguez le ordenó que permaneciera dentro de una habitación del 6to. piso, cerrándole la puerta de un golpe, donde estuvo por más de 45 minutos y que luego, las hizo cambiar de vestimenta para salir al exterior y hacerlas pasar como pasajeras del establecimiento”.

El presunto delito del cual habrían sido víctimas es el de “explotación y trata laboral”.

En los últimos años han aparecido en la jurisdicción grandes cantidades de causas penales por presunta trata laboral, si bien enfocadas mayormente en el amplio cordón frutihortícola que comprende las localidades de Mar del Plata, Batán, y Sierra de los Padres, también dirigida hacia otros rubros. Aunque en la mayoría de los casos hubo procesamientos y hasta prisiones preventivas, lo cierto es que no hubo una sola sentencia condenatoria, y muchas de las causas ni siquiera llegaron a juicio.

Las primeras denuncias por presunta trata en el distrito fueron promovidas por la ONG de Gustavo Vera, “La Alameda”. Amigo personal del papa Francisco, Vera fue designado en marzo de 2020 por el Presidente Alberto Fernández como director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, dependiente de la Jefatura de Gabinete. “La Alameda” nació con la crisis de 2001, y a los pocos años se especializó en denunciar casos de explotación sexual, para luego ampliar su mirada sobre el campo laboral.

En su defensa, el propio Manuel Rodríguez contó que el pasado 10 de septiembre “tuvimos una inspección en el hotel que pertenece a mi familia, que estuvo acompañada por dos personas del sindicato. Estuvieron cerca de 40 minutos y al finalizar, uno de ellos pretendía ingresar en habitaciones del segundo piso. Lo cierto es que había huéspedes allí y solo se puede acceder mediante una orden de allanamiento judicial”.

Y continuó: “Luego llegó Pablo Santín y tuvieron al hotel tomado virtualmente durante 30 minutos. Allíamenazaron con hacer una protesta con bombos y platillos”.

El 2 de diciembre de 2021, en un hecho histórico, el mencionado Pablo Santín ganó las elecciones internas de la seccional Mar del Plata del poderoso sindicato gastronómico, donde derrotó a Nancy Todoroff, que aspiraba a la reelección y contaba con el apoyo del mismo Luis Barrionuevo, de fuerte raigambre en la ciudad balnearia.

Desde entonces, Santín se dedicó a construir poder valiéndose de los clásicos métodos sindicales.

A los pocos días de asumir la conducción del gremio, el 26 de enero de este año, un grupo de personas de UTHGRA decidió “acampar” de manera permanente en la dársena de ascenso y descenso de pasajeros del Hotel Spa República, ubicado en pleno centro de la ciudad, en protesta por el presunto despido de una empleada, ocurrido el día anterior.

Ante la respuesta negativa del hotel para reincorporar a la mujer, las huestes de Santín se instalaron con bombos y trompetas en las puertas del complejo. Según afirmaba la denuncia ante la justicia que presentaron los dueños, con dicha acción, los sindicalistas “impidieron el normal ingreso y egreso de pasajeros, colocaron gomas de vehículos prendidas fuego, tiraron bombas de estruendo, y “pegaron” sobre el frente del hotel banderas del sindicato y carteles agraviantes”. Todo en plena temporada, la primera medianamente normal después de la cuarentena eterna por el coronavirus.

La denuncia también sostenía que “la metodología del sindicalista es manifiestamente ilegal, abusiva y desproporcionado”, añadiendo que “literalmente han paralizado al Hotel República”. Y revelaba: “El sr. Santín le dijo al Gerente que él iba a manejar el hotel si no hacían caso”, y que “si no hacés lo que yo quiero te lo cierro”.

Pero el rol que estaría cumpliendo UTHGRA es apenas la punta del iceberg.

Cabe recordar que el 9 de agosto de 2012, el entonces mandamás de la AFIP, Ricardo Echegaray, decidió rebajar de categoría a la Seccional Bahía Blanca de Dirección a Agencia, lo que implicó la cesantía de 49 agentes impositivos. La razón aducida fue un conflicto gremial, pero el motivo real fue que durante los años 2011 y 2012, sabuesos de la AFIP bahiense habían detectado la maniobra de las facturas truchas en favor de Báez. Las actuaciones obrantes pasaron a depender mayormente de Mar del Plata.

La Seccional Mar del Plata tiene una vasta experiencia en el análisis de documentación apócrifa. A partir de un exhaustivo trabajo por parte de los sabuesos marplatenses en la década del ´90, en el caso conocido como “Red Hotelera Iberoamericana SA”, donde se inspeccionaron “salidas no documentadas” por parte de dicha empresa, el 26 de agosto de 2003 la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia al fallar sobre el particular. Otro trabajo “modelo” reconocido es el correspondiente a Radio Emisora Cultural S.A.

Dos de aquellos fiscalizadores marplatenses fueron el citado Manuel Rodríguez y Pablo Legardon.

Casualmente ambos fueron castigados dentro del organismo, luego de la asunción del Presidente Alberto Fernández, con el “secuestro” de sus computadoras, las cuales nunca fueron devueltas. Por ello, fueron destinados, como se dice habitualmente, a “Siberia”.

En los primeros días del mes de junio de 2021, funcionarios de laDGI de la Dirección Regional Mar del Plata declararon testimonialmente vía zoom en la causa Vialidad. El contenido del trabajo realizado por aquellos  y sus informes finales ha sido prueba fundamental en la condena por lavado de activos de Lázaro Báez, Martín Báez y otros personajes relacionados con el grupo Austral. Quienes prestaron declaración fueron Martín Casanovas, Daniel Rojo, y, justamente, Pablo Legardón.

También por la misma época, a través de la Disposición 278 publicada en el Boletín Oficial con fecha 2 de julio, la Administración Federal de Ingresos Públicos confirmaba sugestivos y trascendentes cambios internos en la Dirección Regional Mar del Plata, donde hubo cerca de 30 nombramientos y desplazamientos.

Y el 5 de diciembre del año pasado, el diario “La Nación” informaba que “al menos cuarenta funcionarios y empleados de la AFIP fueron desplazados de sus cargos, reasignados a funciones menores o, incluso, humillados. ¿Motivo? Haber investigado a la familia Kirchner, al holding de Cristóbal López, a Lázaro Báez o al ex titular del organismo, Ricardo Echegaray, y en ciertos casos haber testificado sobre ellos ante la Justicia”.

Como se aprecia, demasiadas coincidencias.