Ante la grave crisis económica que atravesaba al país, el entonces ministro de Economía de la Alianza, Ricardo López Murphy, anunciaba en marzo de 2001 un severo ajuste de gastos que, entre otras medidas, recortaba el presupuesto universitario en $ 361 millones para el resto del año. Como regía en aquel momento la convertibilidad, es la misma cantidad en dólares.

Aquel recordado discurso produjo un verdadero cisma en la coalición gobernante, que ya había sufrido un duro golpe con la renuncia meses atrás del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez. Luego de las palabras del ministro, varios funcionarios le presentaron su renuncia indeclinable al Presidente Fernando De la Rúa. Fue el principio del fin para su gobierno, que culminaría drásticamente el 19 de diciembre de 2001, dos años antes del fin del mandato.

El 16 de noviembre de 2022, el Senado de la Nación convirtió en ley el Presupuesto para el año próximo que había presentado el titular de Economía, Sergio Massa, con un gasto de $29 billones.

En el anexo referido a las Universidades Nacionales, el gobierno prevé partidas por $752.482 millones, un 44,4% superior a lo pautado para 2022, que fue de $521.122 millones. Pero si se toma la inflación prevista por la propia Ley de Presupuesto, de un 60%, en verdad los fondos universitarios caerán un 9,8%, cifra que equivale exactamente a $81.313 millones.

Al tipo de cambio oficial actual, de aprox. $180, son 452 millones de dólares menos para las Universidades en el próximo ejercicio respecto al año en curso, cuando el ajuste de López Murphy que provocó una grave crisis fue de 361 millones de dólares. Es decir, el recorte para 2023 será de un 25% mayor al de aquel fatídico 2001.

La caída sería aún mayor si la inflación para el próximo año supera el 84%, que es el número relevado por el propio Banco Central. En ese caso, el ajuste superaría el 20%, es decir, el doble.

Vale consignar, así mismo, que mientras el presupuesto universitario de 2001 era de 1.800 millones de dólares, el de 2023, será de 4.100 millones de la moneda norteamericana. Si bien aquel ajuste representaba el 20% sobre el total de las partidas, y el actual alcanza el 11%, no es menos cierto que mientras a comienzos de siglo el Estado administraba 40 universidades, en la actualidad son 68 (junto con Institutos Superiores), tomando en cuenta las creadas durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, la mayoría ubicadas en el conurbano bonaerense.

La reducción se suma a la Decisión Administrativa 826 del 20 de agosto de este año, que dispuso un recorte de $50.000 millones en los gastos del Ministerio de Educación, impactando severamente en el plan Conectar Igualdad, y en las obras de infraestructura escolar y fortalecimiento edilicio de jardines de infantes. Se trata aprox. de poco menos de 300 millones de dólares, al cambio actual.

Si se agrega ese monto a lo recortado para las Universidades, es más del doble de lo que propuso la Alianza 21 años atrás. Pero hay más.

El presupuesto aprobado recientemente prevé partidas para Educación por casi $ 1.5 billones. De este modo, los fondos para el ministerio que dirige Jaime Perczyk representan el 5% del total de gastos previstos para el año próximo, cuando en 2022 la inversión educativa representó el 5.5%. Es decir que también habrá un ajuste cercano al 9%.

Medido en pesos, representa un incremento de un 55% respecto a 2022, cuando al 12 de diciembre, según datos publicados en Presupuesto Abierto, se llevaban gastados $924.937 millones.

Pero de nuevo. Si se toma la tasa de inflación pautada por el propio Gobierno del 60%, en verdad habrá una reducción de 5 puntos en los gastos educativos.   

En un informe público del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), vinculado al kirchnerismo, cuestionan severamente al gobierno de Mauricio Macri al afirmar que “ha incumplido el piso de 6% del PBI destinado a inversión educativa que establece la Ley de Educación Nacional”. Lo cual es cierto, ya que mientras en 2016 representó el 5,8%, al año siguiente bajó al 5,7%.

Pero olvidaron decir que durante la administración actual de Alberto Fernández, la incidencia siguió cayendo: 4,8% en 2021, 5,5% en 2022 y el 5% previsto para 2023.

En ningún caso alcanzó el piso estipulado del 6%.

El informe continuaba diciendo que “durante 2016-2019, el presupuesto nacional dirigido a Universidades llegó a un 0,78% del PBI en promedio; con tendencia decreciente, en relación a un PBI que cayó en términos reales. En el periodo presidencial anterior (2012-2015), la inversión había sido en promedio de 0,83%, con tendencia creciente, en una economía en expansión”.

Pero entre 2021 y 2022, la incidencia es aún menor que en el gobierno de Cambiemos: 0,75%. Las universidades insumen el 50% de la inversión educativa.

Pese a los discursos y a las grandes declamaciones, los números demuestran crudamente que la educación no es prioridad para la clase política argentina. A valores constantes, la inversión en el área no sube prácticamente desde 2012, de acuerdo a un trabajo elaborado por el “Observatorio de Argentinos por la Educación”.

Mientras que en aquel año los gastos fueron de $894.200 millones, en 2022 son de $925.000.

Pero llama la atención un dato. Siempre a valores constantes, el mejor año de los últimos 10 fue 2017, cuando las partidas rozaron el billón de pesos, alcanzando $999.800 millones. ¿El peor? Sin tomar en cuenta 2020, que fue dominado por la pandemia de coronavirus y la cuarentena, fue 2021, con $867.200 millones.   

La conclusión del trabajo es contundente: “El presupuesto educativo de 2023 es el segundo más bajo de los últimos 11 años (el más bajo fue el de 2020)”. Y agrega: “En la última década, la mitad de los presupuestos nacionales han implicado ajustes en educación”.

Sin embargo, el ministro Jaime Perczyk, en una reunión celebrada el último 6 de octubre en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, defendió al presupuesto afirmando que incluía “aumentos del 90% en las partidas para el desarrollo de los programas de extensión y de ciencia y técnica que implementan las universidades”, y que contemplaba “una fuerte inversión en obras de infraestructura universitaria con lo que garantiza el sostenimiento y financiamiento del sistema”. Por último, consignó que “el aumento del presupuesto en educación fue de 94,6%”.

Pero la realidad sería un poco distinta a lo que afirma el funcionario.