En el año 2003, la estructura del mercado laboral argentino era muy precaria. Del total de personas en edad de trabajar que vivían en centros urbanos, el 44% estaba sin trabajo sea como desempleado, inactivo o cobrando en aquel entonces el Plan Jefas y Jefes de Hogar. Un 19% tenía un empleo privado formal y otro 9% eran empleados públicos. El restante 28% de la gente en edad de trabajar estaba ocupada en la informalidad. La tasa de pobreza era de 50%.

En los 20 años transcurridos hubo una primera década donde se disfrutó una inédita bonanza económica internacional y una segunda de retorno al estancamiento económico. En el ínterin, la población urbana en edad de trabajar creció en 6 millones de personas. Con información publicada por el INDEC el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA) estimó, a grandes trazos, cuál fue la inserción laboral de este aumento en las personas en edad de trabajar:

• El empleo privado formal absorbió aproximadamente 3 millones de personas.

• El empleo público creció en 1 millón de personas.

• El empleo informal se expandió en 2 millones de personas.

Estos datos muestran que la Argentina tiene una debilidad estructural en la generación de empleos de calidad. Una primera consecuencia es que en 20 años no se logró reducir la gran cantidad de adultos en edad activa que no trabajan (inactivos y desempleados). De esto se deriva que casi la mitad de la gente en edad de trabajar permanece fuera del mercado de trabajo. La otra grave consecuencia es que apenas la mitad de los empleos generados fueron empleos privados registrados. El resto fue empleo público –mucho del cual es empleo espurio– y empleos informales. Por esto, no debe extrañar que la tasa de pobreza se mantenga en el orden del 40% de la población.

Las consecuencias sociales de esta falta de creación de buenos empleos no pueden ser revertidas con programas asistenciales. Ni siquiera corrigiendo las enormes deficiencias en su gestión. El camino correcto es poner la atención en los factores causales de la débil generación de empleos de calidad: baja inversión productiva, profundo deterioro del sistema educativo y atávicas instituciones laborales.

Para revertir esta situación se necesita audacia, innovación y paciencia. Suponiendo un contexto que aliente la inversión y que se mejore la legislación laboral, revertir los daños que se hizo en el sistema educativo llevará mucho tiempo. Solo el 40% de los adolescentes está terminando la secundaria a tiempo. Más grave aún es que los estudiantes acumulan escasos conocimientos y habilidades. Por ejemplo, los resultados de las pruebas Aprender –que realiza el Ministerio de Educación nacional– señalan que en el 2021 el 70% de los niños de hogares pobres que cursaban el 6° grado de primaria no alcanzan niveles mínimos de conocimientos en lengua y matemática.

Décadas de degradación institucional sosteniendo políticas equivocadas explican el paupérrimo desempeño del mercado de trabajo. No hay ninguna posibilidad de revertir sus consecuencias sociales con planes asistenciales. Por eso, son voluntaristas –y se podría decir hasta ingenuos– los planteos de rediseñar los programas asistenciales para convertirlos en empleos de calidad o pretender compensar la baja generación de empleos productivos con la “economía popular”. Hay que insistir, enfáticamente, que la única manera de mejorar la situación social es con más empleos de calidad. La única manera de lograr esto es con más empresas privadas e incentivando a las existentes a aumentar sus inversiones, modernizando la gestión educativa y actualizando la legislación laboral.