Como por arte de magia, como si después de un lapso en el edén, todas las carencias del país hubieran regresado, los “movimientos sociales” volvieron a crear un caos de tránsito en la ciudad.

Ya se los extrañaba en la clásica avenida 9 de Julio, frente al ministerio de desarrollo social, extorsionando por más dinero.

Es el mismo dinero que les permite, como a los “chetos” de la sociedad, tomarse vacaciones en enero: con eso no se jode. “Trabajaremos de pobres arriando infelices, pero el descanso es el descanso y enero es enero”.

¿Hasta cuándo el país va a aguantar esta impostura? ¿Qué más hace falta probar para advertir la naturaleza intrínsecamente delincuencial de toda esta mafia?

Estos mercaderes de la miseria ponen en la calle, con más de 35°, a miles de mujeres (muchas de ellas con bebés de brazos) y a hombres que no distinguen un tornillo de una pipa para hacer número y pelear por la plata que termina en sus propios bolsillos: los bolsillos de una casta de capitostes que encontró el yeite de robar dinero público con el verso de la justicia social.

Muchos de ellos son incluso funcionarios del gobierno, ocupando ambos lados del mostrador en una especie de sumun de la corrupción: ellos la pudren desde dentro para cobrar afuera.

El absurdo autoevidente de que estas escenas, desde hace años, se multiplican al infinito antes de fin de año y desaparecen por completo en enero, no parece ser suficiente para que alguien advierta que algo huele muy mal en todo este reparto de miles de millones de pesos, de los que se tiene que hacer cargo el ciudadano que trabaja, que paga sus impuestos y cuya actividad se ve trastocada por los bloqueos que consuman aquellos a los que mantienen.

Cuando en un país se institucionaliza semejante grado de descomposición y se naturaliza lo que claramente es un robo perpetrado por una mafia enquistada en el poder que vive de chuparle la sangre a la parte productiva de la sociedad, sólo puede esperarse la profundización de la decadencia.

Resulta completamente natural que lo que aquí llamamos “parte productiva de la sociedad” baje los brazos y cada vez produzca menos porque el incentivo para hacerlo no solo no existe sino que lo que hay son estímulos en el sentido contrario: el orden jurídico de la Argentina viene siendo fabricado desde que el peronismo apareció en la escena política nacional para que el más productivo sea expoliado por el menos productivo. El único objetivo que este último debe alcanzar es conseguir el palenque adecuado donde rascarse.

Los resultados están a la vista. El país cada vez tiene menos para repartir entre más: es decir, exactamente lo contrario de lo que prometían los genios del populismo.

Aceptando que el tiempo de este gobierno terminó y que como es socio de la mafia que chupa la sangre de los productivos no va a hacer nada para invertir el curso de los acontecimientos, lo que queda por preguntarnos es si la oposición tiene un plan para salir de estas extorsiones.

El tema no es sencillo, porque los extorsionadores amenazan con el ejercicio de la fuerza bruta y con la propagación del caos. Siempre, en definitiva, la situaciones terminan resolviéndose por la aplicación de alguna forma de la fuerza: o la fuerza de la ley o la fuerza de los chantajistas.

Las respuestas que uno va obteniendo de la oposición en este sentido coinciden en señalar la intención de retirar a las llamadas “organizaciones sociales” del esquema de reparto  de lo que se supone son dineros de emergencia.

El creador de este monstruo no fue otro que el mismísimo Néstor Kirchner, siempre teniendo claro (como él lo tenía más que nadie) que con plata a la gente se la compra. A comienzos de su mandato advirtió que era mejor incorporar a esa serie de facinerosos al gobierno y hacerlos socios del producido que entre ambos pudieran obtener antes que tenerlos en la calle en la vereda de enfrente. Desde entonces el país nunca más salió de la cultura del piquete.

El piquete es un acto de fuerza por definición que parte del supuesto que la autoridad que se atreva a confrontar fuerza contra fuerza pagará un alto costo político cuando esas imágenes comiencen a ser transmitidas por la televisión. De modo que es preciso encontrar una fórmula para desarmar el explosivo sin que ninguno de los componentes de la fórmula contenga actos que conlleven el ejercicio de la fuerza.

Si el Estado pagara de modo directo a una población censada y verificada un único ingreso de emergencia que contemple todas las necesidades, cuya única motivación fuera la de ayudar a transcurrir un tiempo de excepción entre que el beneficiario recibe la ayuda y consigue trabajo y cuyo monto saliera de una cuenta única e ingresara a una cuenta también única de quien lo recibe, gran parte de la grasa corrupta que el kirchnerismo creó para satisfacer los bolsillos de sus propios punteros y militantes habría desaparecido

Pero lo cierto es que el Estado ni siquiera fue capaz de completar bien un censo común, ni hablar de uno que desagregue a las personas por su nivel de necesidad.

Otro componente que el nuevo gobierno debería enfrentar es uno de naturaleza más profunda porque hace a la filosofía que subliminalmente (y no tan subliminalmente también) se filtró en la mentalidad argentina en los últimos 80 años. Ese componente es la idea de que detrás de toda necesidad hay un derecho.

Esa idea, que resume toda la demagogia que va desde el fascismo kirchnerista hasta el comunismo kirchnerista debe ser erradicada de la faz de la Tierra. Los derechos civiles son aquellos con los que llegamos a este mundo por el solo hecho de llegar. Nadie nos los regaló (ni siquiera la Constitución que simplemente se limita a reconocerlos porque son previos a ella misma) y son nuestra caja de herramientas para trazar nuestro plan de vida y avanzar. Que un ciudadano declare tener una necesidad no significa que tenga un derecho. Si ese fuera el criterio no habría país en el mundo que pudiera vivir en paz, sencillamente porque las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Todos los ciudadanos tienen derecho a cubrir sus necesidades utilizando los derechos reconocidos por la Constitución y sin que nadie (el Estado menos aún) pueda interferir en esa búsqueda. Las necesidades son, a su vez, diferentes en cada caso y las que tenga uno no pueden convertirse en un obstáculo para otros. La cooperación social competitiva debería ser el vehículo para que todos se acerquen a cumplir con sus metas. Nunca debería usarse la coacción pública para favorecer las necesidades de algunos en detrimento de las necesidades de otros. Es más, esa debería ser, si ocurre, la materialización más dramática de la injusticia.

Cuánto de estas cuestiones forma parte de los programas de la oposición, no lo sabemos. Mientras tanto, los argentinos siguen aguantando que un conjunto de privilegiados cada verano les moje la oreja entregándoles en su propia cara las pruebas más evidentes de su desmesura y su desvergonzada corrupción.