El asesinato a sangre fría de la oficial de policía Maribel Zalazar en la estación Retiro de la línea C de subterráneos de Buenos Aires ocurrido ayer, ha disparado una serie de interrogantes y análisis que abarcan muchos planos diferentes de la realidad argentina.
En primer lugar, lo que salta a la vista: la alarmante distancia que hay hoy entre las distintas formas de inseguridades que acechan la vida de una gran ciudad y los medios de defensa de que disponen los ciudadanos y las propias fuerzas del orden.
Cuando uno piensa que Maribel fue asesinada porque un demente a quien estaba socorriendo le robó su propia arma reglamentaria y disparó cuatro tiros -dos de los cuales hirieron mortalmente a la oficial, uno hirió a un operario del subte que salvó su vida de milagro y otro terminó de milagro en una pared de la estación- cae en la cuenta del nivel de atraso y amateurismo que la Argentina tiene en materia de seguridad ciudadana.
Quizás parte de la explicación a semejante desastre pueda encontrarse en el cuidado que uno debe tener cuando habla de “fuerzas del orden” o directamente de “orden” en un país completamente desquiciado y en el que gran parte de la sociedad ha sido convencida de que cualquier acción, estrategia o herramienta que pretenda utilizarse para hacer valer el imperio de la ley debe ser considerada como “represiva” sin admitir argumento ni prueba en contrario.
Si la oficial Zalazar hubiera tenido su arma de fuego en una cartuchera especial de seguridad y lo que tuviera a mano para actuar rápidamente hubiera sido una pistola Taser, Maribel no habría muerto.
Cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propuso el uso de pistolas Taser (que tienen la particularidad de paralizar a un sujeto peligroso pero sin matarlo) el kirchnerismo, las organizaciones de derechos humanos, Hebe de Bonafini, las abuelas de Plaza de Mayo y toda la runfla mentirosa y hedionda que ha lavado la cabeza de tres generaciones de argentinos, saltaron a la yugular del PRO tachándolo de nazi, facho y una serie de barbaridades del mismo orden. Una importante cantidad de medios de comunicación y periodistas “cool” se sumaron a esa superchería.
El resultado es que cuando se compara la parafernalia de recursos de que dispone un policía de una ciudad equivalente a Buenos Aires para sofocar una situación de eventual peligro con la que dispone un policía de la capital argentina, uno literalmente no lo puede creer. Parecería que aquí ha habido una decisión pro-delito y pro-delincuentes que se tomó deliberada y conscientemente.
Esto nos lleva a otra de las cuestiones que resurgieron ayer como consecuencia del asesinato de Zalazar. Se trata de la llamativa cercanía del kirchnerismo, de las organizaciones de derechos humanos y de algunos medios con la delincuencia y los delincuentes.
Toda ocasión es buena y todo motivo aparece como razonable cuando se trata de soltar presos a la calle. Desde el lugar físico en las cárceles hasta la pandemia, todo argumento ha sido bueno para justificar la liberación de delincuentes. El comportamiento electoral de la población carcelaria también es llamativo: el triunfo del kirchnerismo es arrasador en todos los penales.
Todo esto lleva a sospechar que hay una llamativa consustanciación entre lo delictivo y el kirchnerismo, como si la naturaleza de ambos fenómenos fuera común. La comprobación de decenas de actos corruptos que involucran a funcionarios kirchneristas que utilizaron los privilegios del poder para enriquecerse ilícitamente, las fortunas que no pueden explicarse de políticos y sindicalistas de ese origen (a propósito y dicho esto al márgen: como toda respuesta a lo que ocurrió el sindicato del subte no tuvo mejor idea que declarar un paro sorpresivo que dejó en la calle a cientos de miles de argentinos que querían volver a casa luego de trabajarbelu todo el día) y la participación de cientos de kirchneristas en hechos reñidos con el Derecho, parecen confirmar esa sospecha.
Del mismo modo, el asesinato de Maribel también interpela a las organizaciones paraestatales filokirchneristas -como el colectivo feminista o el de actrices argentinas- que, justamente, no emitieron una sola declaración, una sola condolencia a la familia, un solo pésame por la muerte de una mujer mientras cumplía su servicio. Estos antros -cuya prédica disparó el fallo de género firmado por la jueza de La Pampa Ana Pérez Ballester que entregó la tenencia de Lucio Dupuy a su asesina- son el fruto de una corriente de insania que ha ganado el centro del pensamiento medio de la sociedad.
Obviamente ni el gobierno nacional, ni el Presidente que regala tierras a invasores, ni el ministerio de la mujer tampoco han salido públicamente a lamentar la pérdida de la vida de una policía.
Si la situación hubiera sido inversa, es decir, si un policía hubiera matado a un ladrón o a un delincuente en situación de flagrancia, los alaridos públicos del kirchnerismo en general y de estas organizaciones paraestatales en particular se habrían escuchado desde Hong Kong. Para comprobarlo solo basta recordar el caso del agente Chocobar cuando intervino para salvarle la vida a un turista en La Boca.
El ex juez del Proceso, Eugenio Zaffaroni -que completó una conveniente vuelta de campana desde jurar por los Estatutos de los militares y escribir su Código de Justicia Militar Comentado, hasta defender delincuentes, alquilar departamentos para prostíbulos, liberar violadores, ladrones y secuestradores- fue cooptado por el kirchnerismo para que fuera un ariete jurídico en la academia y en los estrados judiciales.
Conocido por su propia confesión acerca de que lo primero que pensaba cuando un expediente llegaba a sus manos era cómo hacía para hacer “zafar” al delincuente, Zaffaroni lideró una corriente abolicionista y contralegal que se esparció como un charco de aceite en las facultades de Derecho. Miles de abogados fueron formados bajo este adoctrinamiento pro-delincuencial.
Si la Argentina no recupera el sentido común original del concepto del orden, el envilecimiento se extenderá y se profundizará. La idea de enorgullecerse por lo que está mal (y por lo tanto honrar lo que está mal) seguirá produciendo dramas cada vez más difíciles de enfrentar y de solucionar.
Esta verdadera gangrena debe detenerse ya. La podredumbre debe ser cortada de raíz. Los valores de las cosas que están bien deben ser restaurados. Si nadie se calza el sayo para terminar con esta degradación, la degradación terminará con la Argentina.