Confieso que este comentario referido al discurso del presidente en el Congreso para inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias, es uno de los más difíciles que me ha tocado escribir desde que The Post tiene contacto con ustedes.

Y es así porque, más que un comentario, lo que me surge es un vómito y soy consciente de que, más allá de las liberalidades de la prosa, debo mantener ciertas formas en este lugar.

La primera reacción que tuve al escuchar al presidente fue una necesidad compulsiva de confirmar con el diccionario el significado técnico de la palabra “canalla”.

El  canalla es “una persona despreciable por su comportamiento vil; gente ruin, malvada o despreciable”. Me quedé conforme al verificar que la lengua sigue traduciendo con bastante exactitud los sentimientos más espontáneos del ser humano.

En efecto, solo un canalla como Fernández puede haber cumplido el rol que el presidente desarrolló ayer en el Congreso.

Tratemos de ir de lo general a lo particular para darle un marco a toda esta inmundicia. La definición inicial más general que puede hacerse de toda la presentación es que fue una confesión a cielo abierto (una más, por si a esta altura hiciera falta) de que el presidente y el partido que representa no admiten el diseño constitucional del gobierno limitado. Por lo tanto, el presidente y su partido vinieron a confirmar que componen una organización al margen de la Constitución; una superestructura que mantiene un estado de rebelión contra los dispuesto en la Ley Fundamental. El presidente y su partido no entienden y no están dispuestos a aceptar que el nuestro es un sistema que se basa en la presunción de que el poder político va a aumentar en detrimento de los derechos civiles por lo que es necesario construir una estructura de vigilancia constante de ese poder para evitar que, con su expansión, invada la soberanía individual de los ciudadanos.

La Constitución, en efecto, rodeó al poder ejecutivo y al Congreso de una serie de vallas y obstáculos para que con sus decretos y leyes no puedan cercenar derechos individuales. El Poder Judicial es el encargado de llevar adelante esa constante verificación y de anular, eventualmente, las decisiones de los poderes políticos cuando, a entender de los jueces, esas disposiciones efectivamente restrinjan derechos garantizados por la Constitución.

La presentación del presidente de ayer fue una notificación pública de que él y su partido no están dispuestos a aceptar ese diseño. Como consecuencia de ello -como de hecho ESA ES la organización institucional que el país tiene- el presidente terminó de confesar ayer que su gobierno y su partido son un gobierno y un partido al margen de la Constitución.

Repito, este es el marco general de análisis del discurso. Esa definición básica bajó luego a tierra cuando el presidente tocó distintos temas específicos. Pero reiteramos: el hilo conductor que torna coherentes todas esas interpretaciones es que Fernández y su partido no están dispuestos a aceptar que la Constitución puso sobre sus cabezas una estructura de control para mantener a raya las posibilidades de que abusen del poder. Eso no lo aceptan.

En primer lugar, naturalmente, en esa rebelión se basan las diatribas contra los jueces de la Corte que estoicamente resistieron el escrache nazi al que fueron sometidos por un estudiado juego que combinaba los párrafos del presidente con las tomas de cámara que decidía la Televisión Pública.

El autotitulado “profesor de la Facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires” (dato además falso porque Fernández no pertenece al claustro de profesores de esa casa y es, apenas, un docente auxiliar) paseó sus ignorancias jurídicas durante las dos latosas horas que se tomó para dejar explícitas sus burradas.

Por enésima vez violó la disposición constitucional que le impide arrogarse el conocimiento de causas judiciales en trámite cuando opinó sobre los procesos que tienen a la vicepresidente como condenada o imputada, según el caso. Eso no lo puede hacer y el hecho de que lo haga una y otra vez no puede interpretarse de otro modo que no sea el que nos hace concluir que no admite la estructura de control y vigilancia a la que la Constitución lo somete.

También violó el principio constitucional de que los jueces sólo pueden ser juzgados por sus conductas pero nunca por el contenido de sus sentencias, como quedó demostrado al ratificar que desconoce los fallos sobre el Consejo de la Magistratura y sobre la división fraudulenta de los bloques del Senado perpetrada a plena luz del día por la vicepresidente Kirchner para robarle un consejero a la oposición.

Habló de que la Corte “tomó por asalto al Consejo” cuando esa figura no le cabe a otro más que a quien tenía sentada al lado suyo que, con su ardid, claramente quiso “asaltar” ese organismo hasta que la Corte la frenó en seco. Por supuesto, los dichos del presidente son otra prueba de que él y su partido no están dispuestos a aceptar esos controles.

Luego, muy suelto de cuerpo, para confirmar que no acepta lo que la Corte dispuso en el conflicto por los fondos coparticipables de CABA y reafirmando que es un presidente contra-constitucional, dijo que la Ciudad de Buenos Aires no forma parte de la Confederación Argentina y que es una porción de territorio que debe gobernarse por los decretos del poder ejecutivo, en un aberrante desconocimiento del artículo 75, inciso 2 de la Constitución.

Como no podía ser de otra manera, otro mecanismo diseñado para controlarlo a él y a las “mayorías populares” (la libertad de expresión, de prensa y de medios de comunicación) no podía estar ausente de su invectiva. Allí dijo que “los medios concentrados ocultan la verdad sobre los logros del gobierno y que están organizados para transmitir desánimo”.

Lo único cierto del caso es que, si en la Argentina hubiera un emporio de medios, esa propiedad le pertenece más bien a los esbirros del gobierno y no a los que profesan ideas diferentes. Qué ese conglomerado macizo de diarios, radios, canales de cable, repetidoras del interior, revistas y ediciones gráficas varias y hasta redes sociales no tengan rating no es un problema que tenga que ver con quién detenta su propiedad sino con la dimensión de las mentiras que difunden.

Al revés que los medios que difunden la verdad tengan más audiencia, lectores o rating tampoco convierte a su propiedad en mayoritaria o, mucho menos, en “hegemónica”. Simplemente la gente los elige porque dicen la verdad de lo que ocurre.

En otro párrafo, el presidente volvió a alinear al país (en un nuevo apartamiento expreso de la filosofía de la Constitución) con las dictaduras más salvajes de la región e insistió con el verso del “bloqueo” a Cuba y a Venezuela, países lamentablemente solo “bloqueados” por la infamia comunista que encaramó a una casta de jerarcas privilegiados al tope de una cohorte desigual y millonaria que explota y vive del trabajo esclavo de los ciudadanos cuya única ambición está, hace mucho tiempo, solo atada al sueño de escapar.

En una deriva delirante, Fernández afirmó que viajó por el mundo buscando vacunas, cuando es harto evidente que entregó al país atado de pies y manos al proyecto geopolítico del tirano Putin, como lo confesó en una carta que se hizo pública, la entonces asesora presidencial en temas internacionales, Cecilia Nicolini.

La Argentina nunca recibió las dotaciones de Sputnik que compró en lo que no es otra cosa que una verdadera estafa al pueblo argentino. Es mentira que el presidente haya viajado por el mundo buscando vacunas. Es más, el presidente rechazó las mejores vacunas del mundo por un capricho ideológico, con lo que condenó a la muerte a miles de argentinos que quizás hubieran podido salvar sus vidas.

También dijo que repartió esas vacunas “gratis” como si los ciudadanos debieran agradecer semejante magnanimidad cuando, en realidad, la gratuidad fue y sigue siendo universal dado que las dosis fueron autorizadas bajo un régimen de emergencia de la Organización Mundial de la Salud.

Nunca pidió disculpas por haberse robado las vacunas para ellos ni por celebrar fiestas privadas cuando los ciudadanos estaban encerrados por los propios decretos que él y su mujer eran los primeros en incumplir, en una muestra más de que desconocen el orden social diseñado por la Constitución.

Defendió la propiedad pública de empresas que solo este año van a perder más de U$S 5000 millones y aseguró la oposición viene a privatizarlas, cuando eso sería justamente lo que la racionalidad económica pide a gritos, amén de que sería una forma de también coincidir con el espíritu económico de la Constitución que claramente defiende el principio de la iniciativa privada en contra de la propiedad estatal de empresas.

No quiero aburrirlos con el desglose completo de una pieza oratoria de vergüenza. Pero lo repito una vez más: más allá de los casos puntuales que bajan a la tierra el contenido, éste puede ser resumido en una sola idea: Fernández es un presidente contra-constitucional. No puede decirse que su gobierno haya sido el resultado de haber puesto en funcionamiento un mecanismo inconstitucional, pero su ejercicio demuestra claramente que el presidente y su partido no aceptan no aceptan el diseño de la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir.

Sostienen una idea y una práctica completamente antitética con la Constitución y presionan para reemplazar lo que la Constitución dice por un orden nuevo de perfil opuesto al que la Constitución diseñó.

La Constitución, Fernández y el partido que el presidente representa constituyen una contradicción en los términos. No pueden convivir. Una de las dos cosas debe reemplazarse: o se reemplaza la Constitución tal como fue pensada o se reemplaza a Fernández y al peronismo. La convivencia de esos dos mundos no puede continuar. Perón vio esa incompatibilidad desde el inicio y, con las trampas que ya todos conocemos, sustituyó la Constitución liberal de 1853 por la Constitución fascista de 1949.

El discurso de Fernández de ayer demuestra que hoy, 74 años después, estamos en el mismo lugar.