Ante el nivel crítico de las reservas del Banco Central, el gobierno dispuso un nuevo dólar-soja. En esta ocasión se ofrece a los exportadores de determinados productos, por un periodo de 45 días, un tipo de cambio preferencial de $300. El esquema produce un cúmulo de graves distorsiones y es apenas un paliativo ante la carencia de divisas en el Banco Central ya que, si bien conseguirá nuevas divisas, no desestimula la sobredemanda de dólares que provoca el bajo valor del dólar oficial ($210).

Una arista muy importante del dólar-soja es que obliga a aumentar la emisión. El Banco Central imprime pesos para comprar dólares a $300 y absorbe pesos vendiendo dólares a sólo $210. La diferencia ($90 por cada dólar-soja liquidado) es mayor emisión. Por el impacto inflacionario de este exceso monetario, el Banco Central induce a los bancos a suscribir Leliq con los depósitos de sus clientes. El enorme pasivo que acumula el Banco Central en Leliq es inflación que será sufrida en el futuro. Mientras que una devaluación general tendría impactos inflacionarios inmediatos, con el dólar-soja y la emisión de Leliq el impacto inflacionario se difiere, no es que desaparece.

Una manera de dimensionar el problema es comparar los intereses que devengan las Leliq con el pago de jubilaciones, principal gasto que tiene el Estado nacional. Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) basado en datos del Banco Central y del Ministerio de Economía, en el 1° trimestre del 2023, observó que:

• El gasto en jubilaciones fue de $660 mil millones promedio mensual.

• El gasto en intereses de las Leliq fue de $700 mil millones promedio mensual.

• Esto implica que los intereses de las Leliq ya superan el gasto en jubilaciones.

Estos datos muestran que en el 2023 los intereses de las Leliq pasaron a ser el principal gasto del Estado nacional. A modo de referencia, en junio del 2022 los intereses de las Leliq representaban menos de la mitad del gasto en jubilaciones. Luego del dólar-soja I pasaron a representar el 80% y con el dólar-soja II superaron el 100%. Con la nueva versión de dólar-soja III se potenciará aún más el gasto en intereses de Leliq agravando la inflación.

El dólar-soja es un “ingenioso” instrumento para diferir problemas, particularmente, una mayor aceleración inflacionaria. Pero lo hace a costa de agravar los problemas de competitividad al resto de los exportadores, que no acceden a este tipo de cambio preferencial, y estimular la demanda de divisas para importaciones y gastos en el exterior, por mantener bajo el tipo de cambio oficial. Por eso cabe esperar mayores restricciones a la producción –que sufre muchas restricciones para importar insumos y bienes de capital– y que se mantenga la tendencia ascendente de la inflación.

El uso de las Leliq para absorber excesos de emisión va en contra de la idea de que el problema en la Argentina es la “grieta”. De acuerdo a esta visión, la decadencia argentina se debe a las rivalidades políticas que impiden acordar y sostener “Políticas de Estado”. Sin embargo, la realidad de los últimos años muestra que los gobiernos de Cristina Kirchner, Cambiemos, y el actual, apelaron con intensidad a usar la misma herramienta (las Leliq) para posponer las consecuencias inflacionarias de un sector publico crónicamente deficitario. Esto sugiere que, si bien no se hacen explicitas, en la Argentina hay “Políticas de Estado”. Entre las más importantes y dañinas están las de mantener el crónico déficit fiscal y usar las Leliq para diferir sus consecuencias inflacionarias.

Es imprescindible atacar con planteos disruptivos los consensos sobre estas ideas equivocadas. Los déficits fiscales y de gestión pública son crónicos porque derivan de la mala organización del Estado. Por tratarse de un problema organizacional, el ajuste fiscal ortodoxo es ineficaz y un eventual cambio de régimen monetario resultará insuficiente si simultáneamente no se mejora el funcionamiento del Estado. Por eso, el paso fundamental y más desafiante es abordar un ordenamiento integral del sector público que permita alcanzar equilibrio fiscal con sustanciales mejoras en la calidad de la gestión pública.