La ley de alquileres es un buen ejemplo para condensar en chiquito lo que ha ocurrido con buena parte de los problemas argentinos en los últimos 80 años.

El tratamiento, no de esta ley, sino en general de la cuestión de los alquileres reúne todas las características del populismo que arruinó al país.

En primer lugar, una cuestión, si se quiere, clasista que consiste en asumir que el colectivo de “inquilinos” necesariamente coincide con el de “la gente de menores recursos”.

Ese pre-juicio (y uso guiones para que quede en claro que no uso la palabra “prejuicio” en el sentido habitual que se le da, sino en de tener, justamente, un concepto anterior a cualquier análisis y a dar por sentado que las cosas son de la manera que a mi me parece que son) sirvió para montar un entendimiento completamente demagógico de la materia que, como no podía ser de otra manera, no solo arruinó todo, sino que perjudicó a los que en principio quería proteger.

Al meter al Estado en el normal fluir de una relación civil perfectamente legislada en el Código de Vélez Sarsfield y que no necesitaba mayores ciencias más allá de las que usualmente se conectan con el sentido común, el mercado se alteró de tal modo que los propietarios comenzaron a retirar las unidades de la oferta.

Ese simple hecho produjo un alza en los precios que impactó directamente en los bolsillos de, paradojicamente, el colectivo de personas a quienes en principio se decía querer ayudar y proteger: por meterse con los precios dejaron a la gente sin techo.

El problema se agudizó cuando los desarrolladores inmobiliarios se retiraron del mercado de la construcción para alquiler porque la inversión en una propiedad para luego vivir de su renta ya no era conveniente. Como no podía ser de otra manera, eso profundizó la caída dramática de la oferta de unidades para alquiler lo cual volvió a impactar en los precios.

Lo peor de toda esta cuestión es que los efectos devastadores de la intervención del Estado en el  mercado de las locaciones (lo que también es útil para demostrar lo que ocurre cuando el Estado interviene en cualquier mercado)  no eran difíciles de ser previstos: cualquiera con dos dedos de frente podría haber anticipado que iba a ocurrir lo que terminó ocurriendo.

Esta explicación sirve para describir lo que ocurrió en la primera parte de esta historia, es decir, en la que cubre todo el período influido por el primer peronismo de mediados del siglo XX hasta el gobierno de Menem.

Con mayores o menores vaivenes, los inquilinos siempre estuvieron corriendo de atrás, sin suficientes propiedades para elegir en el mercado y con precios altos en términos de porcentaje sobre los ingresos.

Los noventa trajeron alguna liberación a las contrataciones y fundamentalmente estabilidad monetaria con lo cual la oferta constructora creció al ritmo de la existencia de crédito hipotecario. Al existir la posibilidad de llegar a la casa propia con créditos a 30 años cuya cuota era muy similar a lo que podría ser un pago de alquiler, una franja social salió del mercado de búsquedas para locaciones e ingresó en el mercado de compra hipotecaria. Esa movida liberó muchas propiedades para alquilar lo que impactó en la oferta disponible y, consiguientemente, en el precio a la baja en términos porcentuales del salario.

La ruptura de la Convertibilidad y con el regreso del peronismo populista al gobierno de la mano de los Kirchner el mercado volvió a contraerse con impacto directo en la suerte de los inquilinos.

Muchos de estos, equivocadamente llevados por agrupaciones politizadas y explotadas demagógicamente por la peste kirchnerista presionaron para que se dicte una nueva ley de alquileres.

Ya con Macri en el gobierno, en el seno legislativo del entonces Cambiemos surgió la maravillosa idea de querer competirle al demagogo peronista, no con una idea diferente, sino haciendo más demagogia.

El diputado Daniel Lipovetzky, un idiota francamente inempardable, lideró un movimiento para impulsar una ley que llevaba la duración contractual de los alquileres a tres años con actualizaciones de costos anuales. Una bomba neutrónica habría causado menos daño que este esperpento.

La combinación de la nueva intervención del Estado en contratos que deberían ser enteramente privados con la debacle económica más profunda de la historia provocada por la irresponsabilidad kirchnerista, produjo una devastación tal en el mercado de las locaciones que hoy en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay tan solo 800 unidades para alquilar.

La devaluación del peso con más el profundo des-incentivo que provoca la ley hizo que muchos propietarios comiencen a ofrecer sus unidades en el mercado Air B&B que retribuye en dólares alquileres temporarios no sujetos a ningún término temporal específico.

Nunca antes en toda la historia argentina se había visto lo que se está viendo hoy: una retirada prácticamente total de la oferta de alquiler y una expansión de precios en las unidades que aún quedan completamente estratosférica: ni siquiera un espíritu que fuera la verdadera encarnación del mal podría haber causado semejante estrago.

Aun así, frente a este drama, el bloque peronista acaba de votar en contra de la derogación de la ley y también en contra de la modificación de lo mínimo  (el plazo de los contratos y los lapsos de actualización de precios). Si bien Juntos por el Cambio logró aprobar de todos modos el proyecto de reforma de esos puntos, la resistencia peronista dice que se va a hacer fuerte en el Senado, que va a rechazar la media sanción de diputados y que firmará el certificado de defunción de las locaciones de inmuebles en el país, condenando, de ese modo, al desasosiego de cientos de miles de argentinos.

Este accionar peronista da por definitivamente demostrados varios puntos, entre otros 1) que la verdadera suerte del “pueblo” al peronismo le importa un rábano; 2) que la soberbia de creer que desde un escritorio se pueden manejar millones de estímulos individuales que las personas tienen cuando operan en cualquier mercado los ciega completamente a la hora de tomar decisiones; 3) que están dispuestos a condenar a millones a la angustia con tal de no dar el brazo a torcer frente a lo que indica el sentido común, cuando el sentido común se empecina en contradecirlos (que es lo que ocurre en casi todos los casos).

Para ser justos, un párrafo final para los diputados de LLA que finalmente votaron en contra del proyecto para reformar la actual ley, más allá de que haya sido aprobado igual por los votos de JxC.

Javier Milei, Carolina Píparo y Victoria Villarruel iban a votar juntos con JxC la derogación de la ley. Cuando eso no fue posible por la negativa peronista, en lugar de acompañar al menos la reforma de los artículos que estaban generando problemas, decidieron votar en contra porque, de acuerdo a sus principios libertarios, directamente no debería haber ley de alquileres.

Más allá de que efectivamente, desde el punto de vista de la salubridad económica del mercado, ese debería ser el ideal, aquí estamos frente a un incendio de magnitudes. Votar en contra de la reforma porque no se pudo aprobar la derogación es lo mismo que negarse a usar baldes para apagar un incendio porque las mangueras no están disponibles: todos estamos de acuerdo en que lo ideal son las mangueras, pero mientras llegan tiremos algunos baldazos aunque sea para demostrar que no estamos con los que azuzan el incendio.

Quedará por ver qué ocurre en el Senado. Dios quiera que quienes aspiran a alquilar o renovar sus contratos dispongan de una mejor legislación que les permita acceder o conservar el techo. Pero lo ocurrido en el mercado de las locaciones de inmuebles debería ser tomado como un botón de muestra de lo que provoca la intervención estatal en la vida privada de las personas. Y aquellas que aún creen que esa intervención las protege y las ayuda, deberían fijarse cómo terminaron los inquilinos a los que el sacrosanto peronismo dijo que venía para defenderlos.