El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, investiga en Gaza e Israel, presuntos «crímenes de lesa humanidad», entre ellos el de genocidio. Son los «actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso», como el «sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción, física, total o parcial del grupo», y la «lesión grave a la integridad física y mental», o «matanzas». 

La Asamblea Generał de la ONU adoptó el viernes en Nueva York, por 120 votos a favor, 45 abstenciones y 14 en contra, una resolución por una «tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades», entre Hamas e Israel. Precedió al ataque militar de Tel Aviv contra Gaza. El «parlamento» de la ONU superó así el bloqueo en el Consejo de Seguridad, dado el veto de alguno de los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial.

Con antelación al sufragio, fue desestimada una enmienda al texto original propuesta por Canada, y otros 35 Estados, la que no obstante conseguir 88 votos a favor, 54 en contra y 23 abstenciones, no pudo reunir el apoyo de los 2/3 de los 193 miembros de la ONU, como requiere el reglamento de su Asamblea General. Preconizaba el «rechazo y condena … de los atentados terroristas perpetrados por Hamas en Israel», y reivindicaba «el trato humano de los rehenes de conformidad con el derecho internacional», reclamando su «liberación inmediata e incondicional». A la hora de votar, se desplegó el incierto multialineamiento.

Principalmente apoyaron la resolución China, Francia, Iran, Rusia, Suiza, y Turquía, otros de la Unión Europea; y latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú, pero Guatemala se opuso. Acompañó a Austria, Estados Unidos, Hungría, Israel, y Paraguay. Se abstuvieron Alemania, Canadá, India, Italia, Japon, Panamá, Reino Unido, Ucrania, y Uruguay.

No sufragaron Camboya, Jamaica, ciertos africanos, y Venezuela. El texto aprobado «exige que todas las partes cumplan de manera plena … las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional» en cuanto «a la protección de civiles y los bienes de carácter civil». Identifica al «personal humanitario, las personas fuera de combate y las instalaciones y los activos humanitarios». Busca facilitar el acceso a «los suministros y servicios esenciales», para que «lleguen a todos los civiles necesitados de la Franja de Gaza». Tales poblaciones civiles deben poder recibir, de forma «continua, suficiente y sin trabas, … artículos y servicios esenciales», concretamente «agua, alimentos», medicinas, «combustible y electricidad». No deben ser privadas «de bienes indispensables para su supervivencia», provenientes del «Socorro de la ONU» y del «Comité Internacional de la Cruz Roja».

El dispositivo «alienta el establecimiento de corredores humanitarios para facilitar la entrega de ayuda». La ONU «pide que se anule la orden de Israel, la Potencia ocupante, de que civiles palestinos y el personal de Naciones Unidas», incluyendo «los trabajadores humanitarios y médicos, evacuen todas las zonas de la Franja de Gaza situadas al norte de Wadi Gaza y se reubiquen en el sur de Gaza». Y «reitera que los civiles» puedan recibir ayuda humanitaria «dondequiera se encuentren», en particular «los niños», debiéndoles «permitir su desplazamiento en condiciones de seguridad». La resolución «rechaza firmemente cualquier intento de traslado forzoso de la población civil palestina», y solicita «la liberación inmediata de todos los civiles que permanecen cautivos de manera ilegal, exigiendo seguridad, bienestar y trato humano de conformidad con el derecho internacional».

Demanda respeto y protección de «todas las instalaciones civiles y humanitarias». Asimismo para «mujeres, niños, refugiados, desplazados, discapacitados y personas de edad». En ese contexto, enumera también «hospitales y otras instalaciones médicas, y sus medios de transporte y equipo, las escuelas, los lugares de culto”, y los edificios donde funcionan oficinas y dispensarios de Naciones Unidas, al igual que «el personal humanitario y médico y los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado, en los conflictos armados de la región».

Requiere paralelamente «establecer un mecanismo que garantice la protección de la población civil palestina de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas», citando en preámbulo 26, desde 1967. Destaca «la importancia de un mecanismo de notificación humanitaria para garantizar la protección de las instalaciones de Naciones Unidas» y cualquier otra «de carácter humanitario», y «asegurar la circulación sin trabas de los convoyes de asistencia».

A modo de conclusión, la Asamblea General de la ONU «pone de relieve la importancia de evitar una mayor desestabilización e intensificación de la violencia en la región». Invita «a las partes» involucradas a «la maxima moderación y a todos los que tienen influencia sobre ellas a que obren en pro de ese objetivo». Subraya «que solo se puede alcanzar una solución justa y duradera del conflicto israélo-palestino por medios pacíficos», de acuerdo «con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas» y «el derecho internacional, y sobre la base de la solución biestatal».