“Se investiga la actividad de una organización criminal paraestatal con permanencia en el tiempo, llevando adelante múltiples planes delictivos de diversa índole, vinculados al espionaje ilegal en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico”

Aunque aquellas palabras parecen adecuarse perfectamente a la pesquisa actual sobre tareas ilegales de inteligencia atribuidas a un importante dirigente de “La Cámpora”, se tratan, en verdad, de los autos de procesamiento dictados por el juez kirchnerista Alejo Ramos Padilla en la recordada causa contra el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, entre otros.

Y hay más coincidencias.

“La sanción de la Ley del Arrepentido 27304 y la percepción de que cualquier cosa es válida para avanzar en la investigación dentro de un proceso judicial por corrupción y de este modo responder a los reclamos de justicia, han ampliado el campo de acción de los agentes de inteligencia, generando una relación estrecha de mutua colaboración con miembros de los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales”

Y sigue: “La utilización paralela de los servicios de inteligencia para el éxito en causas judiciales y las relaciones estrechas y de mutua colaboración que se han comprobado entre miembros del poder judicial y de los ministerios públicos fiscales con los “servicios” puede generar una afectación muy grave al Estado de Derecho”.

Evidentemente, al armar este expediente, conocido como Operativo Puf, con el objetivo de hacer caer la causa de “los cuadernos de las coimas k”, sabían de lo que estaban hablando.

El caso ya es conocido. El falso abogado Marcelo D´Alessio, fue denunciado a fines de enero de 2019 por extorsión por el presunto empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien afirmó que D´Alessio lo extorsionó en nombre del fiscal Carlos Stornelli, que llevaba adelante en ese entonces la investigación de los “cuadernos” de la corrupción durante la era k. La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal de Dolores entonces a cargo de Alejo Ramos Padilla alegando que la reunión dónde se habría llevado a cabo la extorsión ocurrió en la ciudad de Pinamar, cuya jurisdicción depende de Dolores. 

Cabe recordar que Ramos Padilla, hoy magistrado en la ciudad de La Plata, ocupó un cargo en la filial marplatense de la agrupación judicial k, Justicia Legítima. Había más señales.

En su discurso de inauguración del 138 período de sesiones ordinarias del Congreso, en marzo de 2020, el Presidente Alberto Fernández, en ocasión de anunciar la reforma judicial que el Gobierno propiciaba, aseguró que “venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia, y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”

El secretario de Justicia, quien es en los hechos el hombre fuerte del ministerio, es Juan Martín Mena, ex número 2 de la AFI en 2015, designado por Cristina Kirchner. Es decir, se trata de un funcionario muy poderoso que caminó los pasillos de la Inteligencia. Hay que mencionar un episodio.

En septiembre 2020, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, quien debía dictaminar sobre la situación de Carlos Stornelli en la causa por presunto espionaje ilegal tramitada en Dolores, le entregó una copia del dictamen, contrario a las acusaciones del juez Ramos Padilla, a un compañero de trabajo en la fiscalía para que lo revise.

Aquello sucedió un viernes.

Ese mismo día, ingresó al Ministerio Público Fiscal una denuncia por parte de esta persona y de un compañero suyo contra Pettigiani acusándolo de malos tratos y de obligar a trabajar al personal durante uno de los picos del coronavirus. El dictamen aún no había sido publicado.

Al lunes siguiente, el personal denunciante es trasladado a otra dependencia por parte de la Procuración, y se abre un sumario contra el fiscal. A los pocos días, la información se “filtra” y la periodista ultra k Cynthia García publica un tweet tildando a Pettigiani de maltratador. Quién le da rt? Nada menos que Aníbal Fernández.

Luego de ello, la información fue “levantada” y ampliada por Página 12, y la operación para desprestigiar al fiscal que debía dictaminar, según suponían, en contrario a las acusaciones contra Stornelli ya estaba en marcha.

Tres años después, el sumario se sustancia y se llegó a la conclusión de que no hubo malos tratos hacia su personal por parte de Pettigiani.

Las miradas apuntan a Juan Martín Mena como autor de la operación, asiduo operador del krichnerismo en los tribunales marplatenses.

Pero hay más.

En pleno proceso de la causa de Dolores, durante la tramitación de la misma en la fiscalía general, se detectó que un auto seguía a “sol y sombra” a un colaborador de Pettigiani, Santiago Martínez Alcorta, en la ciudad, inclusive en las inmediaciones de su domicilio personal. De inmediato, interpusieron un “hábeas corpus”. El tema recién se calmó una vez que se emitió el dictamen final.

Cuestiones muy sensibles que parecen normales, cuando no lo son.

En el marco de la actual investigación por espionaje ilegal a un grupo de miembros de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, funcionarios y dirigentes políticos atribuidos al ex policía y ex espía Ariel Zanchetta, se investiga el rol del dirigente de La Cámpora, Fabián «Conu» Rodríguez, señalado como el nexo con aquel.

La fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, afirmó en un reciente dictamen, que se investiga «una red de espionaje más amplia» que la que hacía inteligencia ilegal sobre jueces que investigaron a la vicepresidente Cristina Kirchner. «Se trata de una red cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas: políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros».

Y añadió el fiscal: “Dicha organización habría realizado cuanto menos tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada»

Fabián Conu Rodríguez ocupa un cargo en la AFIP, y desde allí salieron pagos por dos millones de pesos al ex espía, en carácter de proveedor, por poseer diversos portales en internet, según reveló el diario “Clarín”. También el ex espía tendría vínculos con el diputado ultra K Rodolfo Tahilade.

Justamente Tahilade, en marzo de 2021, solicitó las declaraciones juradas de un grupo importante de jueces y fiscales, desde Eduardo Casal, el Procurador interino, pasando por Carlos Stornelli, José María Campagnoli, Guillermo Marijuan, y Abel Córdoba, hasta llegar también a Juan Manuel Pettigiani. 

Uno de los jueces espiados es el titular del juzgado federal 4 de Mar del Plata, Alfredo López.

Hace pocos días, el juez habló con el portal local “Noticias y Protagonistas”, donde manifestó que “esto no es ninguna novedad para los que estamos mínimamente informados de la trapisondas que venía realizando este personaje siniestro, egresado de la Escuela de Inteligencia y que no es un personaje menor porque es diputado y miembro del Consejo de la Magistratura”.

Incluso recordó otro episodio vinculado a Tailhade: “En un momento se robaron misteriosamente las declaraciones juradas de los jueces del Consejo de la Magistratura cuando él y su personal tenían acceso. Eso debería investigarse con profundidad”.

Cabe señalar aquel recordado cruce que tuvo el dr. López con el legislador K en enero pasado, cuando el magistrado compartió un video de los bolsonaristas tomando una de las sedes de los tres poderes en Brasil, afirmando: «Levantamiento popular en Brasil contra el comunista y ladrón de Lula».

Luego de ello, Tailhade lo descalificó fuertemente “Esta basura es el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, que el domingo festejaba el golpe de estado en Brasil”.

Y siguió: “Un nazi que no puede estar un minuto más en la función pública”, dando detalles del supuesto salario que cobraba López, datos muy sensibles al que no todos pueden acceder fácilmente.

El juez le contestó: “Miserable, no tenés lo que haya que tener para decírmelo en la cara, ni con merca”. En otros mensajes, lo tildó como “merquero”, “mierda” y hasta lanzó: “Cuando la droga te hace más hijo de puta de lo que sos”.

“El juez federal de Mar del Plata Alfredo López está atravesando una crisis psicótica desde que lo acusé públicamente de nazi. Pero si le da abrazos y besos a Alejandro Biondini y le dice camarada, ¿qué quiere que le diga?”, escribió.

El episodio al que hace mención Tailhade tuvo lugar durante una marcha en apoyo de una resolución que había emitido el magistrado contra el aborto, a mediados de 2021. Uno de los concurrentes fue Biondini. Pero lo que el diputado no dice que este personaje tildado de nazi es afiliado al peronismo.

También llamó la atención en los últimos años que el portal de noticias local 0223, atribuido al ex embajador en Venezuela Carlos Cheppi, haya reproducido en varios artículos viejos tweets de López, lo que requiere mucho trabajo de “inteligencia”.

Cualquiera sea el caso, la situación es mucho más grave de lo que la gente cree.

El 17 de junio de 1972, cinco personas fueron detenidas por intentar robar en la sede del Partido Demócrata del complejo Watergate, en Washington, EEUU. Un evento sin aparente importancia que, sin embargo, ocultaba una realidad mucho mayor: el espionaje por parte del equipo de campaña del entonces presidente Richard Nixon a sus rivales políticos, para buscar su reelección, que finalmente consiguió en noviembre de aquel año.

Sin embargo, el escándalo escaló, producto de la investigación del “Washington Post”, y Nixón no completó su segundo mandato: renunció el 8 de agosto de 1974.

En la Argentina, no sólo nadie renuncia, sino que además, ganan elecciones.