“Hay que mirar lo que pasa en Ecuador, y en especial en las cárceles”. Entre enigmático y todavía dolido por el resultado electoral del balotaje, un dirigente kirchnerista marplatense cercano a Sergio Massa soltó aquella frase como al pasar.  

Su influencia es muy limitada, pero el interrogante quedó generado. ¿Qué pasa en Ecuador?

En rigor de verdad, la respuesta no es muy tranquilizadora, habiendo diversos puntos de contacto con la Argentina.

En la segunda vuelta celebrada el último 16 de octubre, el candidato de derecha Daniel Noboa, de apenas 35 años e hijo de uno de los empresarios más poderosos del país, se impuso a la postulante que apoyaba el ex Presidente Rafael Correa (foto portada, junto a CFK), Luisa González, por el 52% de los votos contra 48%, en números redondos.

Pero lo curioso del caso es que estas elecciones fueron convocadas para completar el mandato que dejó inconcluso el ahora ex mandatario liberal Guillermo Lasso, quien había asumido el 24 de mayo de 2021, a través de la activación de un mecanismo constitucional que nunca había sido utilizado en el país: la llamada “muerte cruzada”.

En marzo de 2023, una comisión de la Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor de un informe que recomendaba enjuiciar políticamente a Lasso por presuntos delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública. La comisión legislativa se conformó con siete asambleístas luego de que la Fiscalía General del Estado inició en enero una investigación denominada “Caso Encuentro”, por supuesta corrupción en empresas públicas.

El 9 de mayo, con 88 votos a favor, la Asamblea resolvió proceder al enjuiciamiento político en contra del presidente, acusado de peculado. Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales.

Ante tal panorama, el 17 de mayo de este año, Lasso decretó la “muerte cruzada”, con lo que disolvió la Asamblea Nacional y pasó a gobernar por decretos-leyes de urgencia económica mientras se convocaban a elecciones para presidente y legisladores.

Finalmente, se llevaron a cabo las elecciones que, en el balotaje, dieron por ganador a Noboa, quien no tiene experiencia política y sólo gobernará un año y medio, hasta el 24 de mayo de 2025.

Pero más allá de la acusación de la Asamblea contra Guillermo Lasso, lo cierto es que Ecuador se enfrenta a una situación gravísima.

Según estadísticas publicadas en el diario “El País”, de España, en lo que va de este año se han registrado 5.320 crímenes violentos, superando a lo ocurrido en 2022, que había cerrado con la cifra más alta en la historia (4.600), el doble, a su vez, que en 2021.

Al ritmo actual, afirma el medio español, “para finales de este año se podría alcanzar una tasa de criminalidad de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que colocaría a Ecuador entre los países más violentos del mundo”.

Uno de esos 5.320 crímenes le costó la vida al candidato presidencial Fernando Villavicencio, tras un mitin en Quito unos días antes de la primera vuelta. Un magnicidio que conmocionó a los ecuatorianos y demostró que nadie está a salvo.

El asesinato de siete personas en la cárcel, detenidas por su presunta participación en el crimen, ha generado más conmoción aún.

Y aquí conviene hacer un punto.

De acuerdo a los expertos y analistas, Ecuador vive una de las peores crisis de violencia en su historia, acentuada desde 2021 con una serie de masacres carcelarias que arrojaron hasta ahora más de 468 presos asesinados, según autoridades por pugnas de poder entre organizaciones delictivas que han vuelto a las cárceles sus centros de operación.

Hoy Ecuador es un paraíso para al narcotráfico. Según el New York Times, “Ecuador se encuentra ubicado entre Perú y Colombia, los dos mayores productores de hoja de coca en el mundo. Además, desde el año 2000, la economía ecuatoriana usa dólares como moneda legal, lo que la hace atractiva para el lavado de dinero”.

El país ha pasado en los últimos años de ser un país «de tránsito» de la droga a uno en el que esta se almacena, se procesa y se distribuye. El Departamento de Estado de EE.UU. calculó en 2019 que un tercio de la cocaína de Colombia pasa por su vecino del sur antes de dirigirse a Norteamérica y Europa.

Pero hay que ir más atrás en el tiempo para intentar descubrir las causas de este fenómeno, justamente al gobierno de Rafael Correa (2007-2017), admirado por el kirchnerismo.

Según Insight Crime, una fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe, el desplazamiento del «holding delictivo» se vio favorecido por un hecho fundamental: el desmantelamiento de la base militar estadounidense en Manta, en la costa ecuatoriana, en 2009. Desde dicha base se rastreaban aeronaves utilizadas por narcotraficantes.

Su cierre fue una promesa electoral del expresidente Correa, quien, al llegar al poder, anunció que no se renovaría el contrato para su utilización, bajo el argumento de que la base violaba la soberanía de Ecuador. La prohibición de la presencia de bases extranjeras en el país se incluyó en la Constitución aprobada en 2008.

Como resultado de su cierre, según el informe de la fundación, «la cooperación antinarcóticos con los países de oferta y demanda entre los que se encuentra Ecuador se redujo al mínimo», concluyendo que «fue un punto importante de inflexión a partir del cual se permitió la penetración casi total del crimen organizado transnacional».

De acuerdo a los expertos en seguridad, la base «era fundamental, porque ejercía un control de las narcoavionetas que ingresaban al espacio aéreo ecuatoriano y también sobre las lanchas rápidas que salían a abastecer a las embarcaciones en alta”.

Otra posible causa es el acuerdo de paz al que llegaron en 2016 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el Estado colombiano.

Las FARC controlaban las cadenas de producción y distribución de la cocaína, y su desmovilización generó cambios estructurales en el tráfico de la droga no solo en Colombia sino también en Ecuador, que pasó a tener mucho más protagonismo en el esquema del narcotráfico, según Insight Crime.

Estos y otros factores, sumados a la inacción de los sucesivos gobiernos ecuatorianos, incluyendo el de Guillermo Lasso, llevaron a Ecuador a la actual situación. Si bien es cierto que la actividad del narco es muy diferente a lo que ocurre en Argentina, hay que mirar con atención la violencia en las cárceles.

En concreto, el aumento del narcotráfico también se ha traducido en un incremento de la población carcelaria, el que no se ha correspondido, aseguran, con una mejoría de las capacidades de supervisión y vigilancia.

Uno de los escenarios de violencia son las cárceles, cuyo control genera guerras entre distintas bandas delictivas ecuatorianas.

Según el portal local Primicias, «el déficit en el personal encargado de garantizar la seguridad de las prisiones es del 70%«. “En Ecuador”, explica el medio, “un guía penitenciario debe cuidar en promedio a casi 27 reclusos, cuando el estándar internacional recomienda una proporción de uno por cada nueve. Y eso puede ayudar a explicar la relativa impunidad con la que los narcos operan desde las cárceles, así como las abundantes armas a las que pueden acceder”.

Todo lo anterior se expresa también en los niveles de hacinamiento que presentan las unidades carcelarias.

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad carcelaria ecuatoriana es de 28.500 personas.

Pero en mayo de 2019, cuando el gobierno de Lenin Moreno decretó el primer estado de excepción de los varios que se han implementado desde entonces, el número de reos sumaba 41.836, un hacinamiento del 42%.

De acuerdo a cifras actuales, si bien el hacinamiento se redujo en estos años, los aproximadamente 38.000 presos contabilizados en la actualidad suponen un hacinamiento del 33%.

Si bien los números de Argentina son muy distintos, habiendo finalizado 2022 con una superpoblación carcelaria del 4%, habría que leer con atención un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo muy vinculado al kirchnerismo.

La CPM afirma que “el sistema carcelario de la República Argentina constituye, al día de hoy, el principal ámbito de aplicación de tormentos y violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Con una población carcelaria total cercana a las 100.000 personas, Argentina se ubica por encima del promedio mundial en cuanto a la cantidad de personas privadas de libertad sobre la población base. De las personas encarceladas en el país cerca de la mitad, se encuentran alojadas en unidades y alcaidías a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”.

Cabe recordar que, en un hecho que pasó casi desapercibido, la propia Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, a través de una resolución del 20 de septiembre de este año, instó a los jueces a tomar medidas de penas menos lesivas tanto para los ya condenados como para los futuros presos.

¿El motivo? “El grave problema que refleja la superpoblación y hacinamiento en las cárceles y comisarías de jurisdicción provincial”.

Datos para tener en cuenta.

Aún con realidades disímiles, Argentina y Ecuador presentan algunos puntos en común que habría que prestarles atención.

Así como en nuestro país, el Presidente electo Javier Milei gobernará con el kirchnerismo como primera minoría en Diputados y cerca del quorum propio en el senado, en Ecuador el principal bloque legislativo es el del correísmo, que cuenta con 50 de las 137 bancas. Y además, gobierna las dos principales ciudades del país: la capital Quito y Guayaquil.

Con una economía casi estancada (para 2024 se prevé un crecimiento de tan solo el 0,8%), uno de cada cuatro ecuatorianos vive en la pobreza (unos 4,5 millones sobre una población de 18 millones), y cerca de dos millones viven en pobreza extrema, el 10,7% de la población.

El INDEC informó para el primer semestre de 2023, cabe recordar, que el 40% de la población argentina es pobre, aunque se estima que el número creció desde entonces.

Otra similitud es la migración. La Oficina de Migraciones de Panamá confirmó que hasta el 31 de julio pasado cruzaron por la provincia panameña de Darién 34.357 ecuatorianos, más que en todo 2022, cuando lo hicieron 29.356. El número comenzó a crecer después de crisis que dejó la pandemia de la covid, pero ahora hay que sumar las cuestiones de inseguridad.

En nuestro país, por increíble que parezca, no hay información oficial al respecto. Pero entre septiembre de 2020 y octubre de 2021 se registró la salida de más de un millón de argentinos y extranjeros con documentación argentina. Entre ellos más de 50 mil indicaron en la declaración jurada que salían por “mudanza”.

Por último, cabe destacar lo que decía el diario “El País” de España cuando el ex Presidente de Ecuador decretó la “muerte cruzada”.

“Sorprendió a todo el mundo que el día después de que Lasso mandara a los parlamentarios a su casa, nadie saliera a la calle en un acto de rebeldía contra el golpe en la mesa del mandatario. Parecía como si a nadie le importara demasiado, ni por los que se iban, ni por los que vendrán”.

Cualquier similitud con Argentina, no es pura coincidencia.