Resulta verdaderamente absurdo el espectáculo que está brindando la prensa, en todas sus formas, al hacer suyos los rumores que circulan, muchas veces generados por los propios interesados, acerca de los nombres que formarán parte del primer equipo ministerial de Javier Milei a partir del 10 de diciembre, cuando se hará cargo del Ejecutivo. El Presidente electo ha confirmado ya a algunos pero, todos los días, aparecieron teóricos nombramientos que, cual estrellas fugaces, se apagaron de inmediato.

Me parece razonable que el libertario se haya comportado de ese modo por dos razones. La primera es que, si en medio del tembladeral de fin de ciclo que estamos viviendo, producto tanto de la inédita crisis socio-económica cuanto, paradójicamente, de la enorme derrota que sufrió el peronismo en el ballotage, cualquier designación prematura hubiera sometido al elegido a un enorme desgaste ya que, como se ha visto, el Gobierno saliente hubiera buscado hacerlo responsable del descalabro actual en su área de responsabilidad; en la medida en que no hubo apuradas decisiones oficiales, no pudo personalizar esas malas intenciones.

Por otra parte, y en la medida en que Milei carecerá de significativos bloques parlamentarios propios, me parece probable que se inaugure un nuevo formato de poder, con una participación en él mucho mayor del Congreso en desmedro del habitual presidencialismo. Si fuera así, el nuevo Presidente estará obligado a construir una fuerte alianza de gobierno, que supere a la meramente electoral como fue en su momento Cambiemos. La natural consecuencia de esa modificación sería la participación de otros partidos que, como sucede en los sistemas parlamentarios europeos y aún en Brasil, reciben la pública responsabilidad de áreas del Gobierno, a punto tal que, cuando un ministro renuncia, el Presidente pide al partido que lo propuso originalmente que elija a su sucesor. Es por eso que, si Milei hubiera confirmado anticipadamente nombres, hubiera mostrado su juego en una mesa de tahúres y mafiosos. Déjenlo negociar y armar su equipo en paz y no lo atosiguen con su impaciencia; restan sólo ocho días para que todas las actuales incógnitas sean definitivamente reveladas.

De todos los casilleros aún vacantes, además del Presidente del Banco Central, me preocupa, y mucho, el área de Defensa. El kirchnerismo y el trotskismo ya están formando sus tropas y haciendo las maniobras previas para el combate que, tal como han anunciado sus portavoces más violentos, pretenden librar en la calle desde el día uno de la nueva gestión. En los últimos veinte años (la gestión de Mauricio Macri, con Germán Garavano y Claudio Avruj, nada hizo para modificar ese rumbo), esta hipócrita sociedad permitió la inicua persecución a las fuerzas armadas, enviando a la cárcel y a la muerte a sus ex integrantes que vencieron en la guerra que la democracia ordenó contra el terrorismo, que la había provocado, hace casi cincuenta años. Con ese penoso antecedente, agravado por la aplicación retroactiva de leyes penales, la derogación de otras por el propio Congreso que las había sancionado, la indefinida duración de las prisiones preventivas, la manipulación bastarda de los juicios, será muy difícil exigir subordinación y obediencia debida a oficiales que, como es natural, nacieron en democracia.

Y todos hemos visto, en sepulcral silencio, como los miembros de las fuerzas de seguridad eran imputados y procesados por cumplir simplemente su deber frente a los delincuentes, inclusive a aquéllos disfrazados de mapuches; recordemos, por ejemplo, que los prefectos fueron perseguidos por el falso asesinato de Santiago Maldonado, y el policía Luis Chocobar por disparar a quien había dejado discapacitado a un turista en La Boca. La única que respaldó, sin medias tintas, el accionar de los involucrados fue Patricia Bullrich que, por su bien ganado prestigio, fue designada Ministro de Seguridad de la nueva gestión, y contará con la confianza de sus subordinados al momento de hacer cumplir la ley e imponer el orden.

Y esta conducta resultará indispensable pues, tal como reconoció el Presidente electo al regreso de su viaje a Washington, la catastrófica herencia que recibirá, que ya ha comenzado a denunciar enfáticamente, nos llevará a una estanflación por un período de entre 18 y 24 meses, con todo el impacto social que eso significa, en especial para los más pobres de nuestros conciudadanos, con lo cual las aberrantes organizaciones sociales encontrarán una justificación para sus marchas y piquetes.

El desastre que generaron Axel Kiciloff, con su criminal estatización de YPF, y Sergio Massa, con sus delictuales acciones para intentar llegar a la Presidencia, y Miguel Pesce, con su explosión en seguros de cambio (dólar futuro) que implicó nuevos negocios para sus amigos y más y más graves problemas para la nueva administración, ameritan que la Justicia tome cartas en el asunto y, en su momento, haga recaer sobre él todo el peso del Código Penal, amén de obligarlo a responder con su patrimonio personal; allí resultará crucial la presencia de Rodolfo Barra, designado Procurador del Tesoro –jefe de todos los abogados del Estado- en reemplazo de Carlos Zannini, cómplice esencial del saqueo kircherista. Sólo así, cuando se demuestre que se acabó en serio la impunidad y que los ladrones pagarán sus culpas, podrá pedirse a la sociedad que soporte las medidas económicas necesarias para, simplemente, volver a la superficie desde el fondo del mar en que nos encontramos desde hace tantas décadas.