En octubre de 2022 se hizo público el caso de una mujer que va a ir a juicio oral porque trabajaba nada menos que en el Ministerio Público Fiscal de la Nación y se descubrió que había mentido con su título y no era abogada.

De inmediato, fue sumariada y entró de licencia médica. Pero a la espera del comienzo de las audiencias, este medio pudo confirmar que la funcionaria volvió a su trabajo en la jurisdicción Mar del Plata.

Según publicó el portal Infobae, Rosa María Dettori ingresó a la Procuración, contratada como oficial mayor para trabajar en la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de activos (PROCELAC), a cargo de entonces de Carlos Gonella, uno de los fiscales preferidos de la ex procuradora ultra k Alejandra Gils Carbó. Luego de ello, recaló en la ciudad balnearia.

Durante años realizó conferencias y publicó diversos artículos en sitios especializados en derecho, y era presentada como “abogada criminóloga en la PROCELAC, Diplomada en Jurisprudencia, otorgado por la Universitá di Sassari y Doctorado Universidad «La Sapienza», Roma, Perito Criminóloga sobre la temática de Criminalidad Organizada, Criminóloga en el penal de Scampia (Nápoles)”, entre otros asuntos.

Pero el problema es que luego de una tramitación interna de la Procuración, se descubrió que Dettori nunca se recibió de abogada, por lo que fue procesada en febrero de 2022 por el juez Julián Ercolini por el delito de “uso de documentación material e ideológicamente falsa, en concurso ideal con defraudación contra la administración pública en grado de tentativa”.

La Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento y Dettori se encontraba de licencia médica a la espera del juicio oral. Pero mientras tanto sigue estando en la nómina de personal de Ministerio Púbico bajo el cargo de Oficial Mayor con un sueldo de $609.000.

Y ahora se la puede ver en la Mesa de Entradas de la sede las Fiscalías Federales en Mar del Plata, en avenida Independencia 3179, desempeñando sus funciones en la división ATAJO.

La Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF, más conocida por su sigla ATAJO (por Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia) nació como tal, y fue creado a través de la Resolución de la PGN Nº 1316/14, como Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, y tras la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, número 27.148, promulgada en junio de 2015, se convirtió en Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público.

Es decir, bajo la presidencia de Cristina Kirchner y la gestión de Gils Carbó.

De acuerdo a la web oficial, este sistema permite “transversalizar y descentralizar el servicio de atención del Ministerio Público Fiscal, creando un lazo más fuerte entre lo que es la institucionalidad del Ministerio y la comunidad, en particular entre los sectores vulnerables”.

Y continúa: “Así, se dispuso la creación de los dispositivos llamados ATAJO que son oficinas que se encuentran en los barrios más periféricos -aquellos que presentan mayor índice de conflictividad- y cuentan con un servicio de atención que es muy similar a la Mesa de entradas de una fiscalía donde se reciben todo tipo de denuncias, se hace formación en derechos, asesoramiento general y se genera un vínculo distinto al que, en general, se da entre las fiscalías y las comunidades”.

Pero al menos en Mar del Plata, advierten que, en verdad, su trabajo es más parecido a un adoctrinamiento político, que aunque el kirchnerismo perdió las elecciones, su estructura continúa casi intacta.

El coordinador de ATAJO en la ciudad balnearia es el abogado Juan Pablo Gelemur, un hombre de Juan Grabois y muy vinculado a la ex titular de ANSES Fernanda Raverta, y quien fuera un referente del movimiento Patria Grande, un frente político fundado por el ex precandidato presidencial en 2018, y presentado justamente en Mar del Plata.

En una entrevista publicada por “Prensa Obrera” en el año 2009, con motivo de una toma de tierras en la cual Gelemur representó a los usurpadores, el abogado sostenía que “el planteo de la inseguridad es en gran medida presentado por los medios, que muestran hechos aislados que no están conectados entre sí, como si fueran la clave para entender el problema de la inseguridad ciudadana”.

Y remataba diciendo que para entender la inseguridad “hay que explicar la organización del delito, que tiene relación directa con el poder político y económico, y lazos con la policía Bonaerense, con la Federal, con Gendarmería”.

La delegación marplatense de ATAJO está integrada también por la arquitecta Lucía Fernanda Muraca, Julio Daniel Bertone, y la mencionada Rosa María Dettori.

Contaba Infobae en octubre de 2022 de la funcionaria: “Sus labores en ATAJO se desarrollaban sin sobresaltos hasta que en enero de 2019, después de cinco años de haber ingresado a la Procuración, pidió que le comenzaran a pagar la bonificación por título universitario. Esto sucede habitualmente: una persona ingresa a la PGN y cuando se gradúa pide que le paguen la bonificación. Dettori hizo esa solicitud y además reclamó el cobro retroactivo. Ese fue el principio del fin”.

Y prosigue el artículo firmado por Omar Lavieri: “Para hacer el trámite, Dettori presentó la documentación ante la Secretaría Disciplinaria y Técnica y de Recursos Humanos de la Procuración General de la Nación. Y allí se encendieron las alarmas. La empleada de la Procuración reclamaba su bonificación porque la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Nordeste (UNNE), cita en Corrientes, le había revalidado su título italiano. Una simple búsqueda en internet revelaba que había varias denuncias por el otorgamiento de títulos “truchos” de aquella universidad. También llamó la atención que la elegida para revalidar el título italiano fuera una universidad alejada geográficamente del lugar de trabajo de Dettori”.

En la documentación aportada para pedir el beneficio, “se adjuntó la copia de dos diplomas distintos emitidos por la Facoltá de Giurisprudenza de la Universitá de Sassari (Cerdeña) a nombre de Dettori. En ambos se consignaba como fecha de emisión del diploma el 20 de julio de 1998/1999. El apostillado –la certificación de firma en el exterior- de ambos diplomas tenía la misma fecha y el mismo número”, contaba Lavieri.

Conclusión: Dettori no se había recibido de abogada, por lo que el Procurador interino, Eduardo Casal, le abrió un sumario y luego fue procesada por la Justicia. Aunque en el transcurso de estos meses, según confirman desde el MPF, logró el tan ansiado título, su caso irá a juicio oral. Pero mientras tanto, retomó su función en ATAJO.

Aunque tal vez desde el punto de vista estrictamente legal, puede volver a su trabajo, hay una cuestión más delicada.

“Es un tema grave”, razona un importante hombre de la justicia federal marplatense a este medio. “Es un pésimo ejemplo, aunque hoy sea abogada. En su momento mintió. Está procesada por presentar nada menos que documentación falsa y sigue trabajando y a la vista de todos. ¿Con qué cara después tenemos que impartir justicia?”, se pregunta no sin razón.

Un ejemplo del posible adoctrinamiento de aquella división de la Procuración.

“Los chicos iban uno detrás del otro. Delante, cabezas cabizbajas y manos anudadas en la espalda, simulando las esposas. Detrás, los niños que simulaban ser policías les daban bofetadas en la cabeza. Jugaban al poliladron, en la vereda del centro comunitario del barrio El Martillo. Cuando Lucía Muraca, quien integra el equipo de ATAJO en Mar del Plata, les advirtió que la policía no podía agredir a una persona detenida, la respuesta de los chicos decía lo contrario: “Somos policías callejeros, sí podemos”.

Este texto, extraído de la página web Fiscales.gob.ar, no es nuevo. Su fecha de publicación data del 24 de febrero de 2016, es decir, cuando apenas iban dos meses y medio de gestión del ex Presidente Mauricio Macri.

“Momentos después, esos mismos chicos participaron de un taller sobre violencia institucional titulado: “Jóvenes y fuerzas de seguridad. Conocé tus derechos para poder ejercerlos”, proseguía la publicación, reforzando aquellos conceptos.

“La primera consigna de la jornada fue detectar aquellas situaciones de violencia que ejerce la policía y que los mismos jóvenes las veía naturalizadas”, remataban para no dejar dudas.

¿Quién organizó aquel taller? ATAJO Mar del Plata.

Entre la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Rosario, Mendoza y Bariloche, hay más de 20 delegaciones.

Respecto a Mar del Plata, a comienzos de 2016 se realizó una jornada para presentar el trabajo realizado durante el año anterior, donde estuvo presente también el fiscal de Cámara Daniel Adler, uno de los preferidos también de la ex Procuradora GIls Carbó, en la cual se destacó que re recibieron más de 4000 denuncias.

Pero luego de ello, poco se sabe hasta el día de hoy, más allá de aquel certificado de nacimiento.  “En 9 años, nunca recibimos ninguna denuncia ni nada que se le parezca por parte de ATAJO”, aseguran desde las fiscalías locales.

El titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia es el abogado y escritor Julián Axat. El funcionario, ex defensor penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, publicó en 2022 el libro “Diario de un defensor de pibes chorros”.