Otra vez se generó una controversia en torno a la cesión de tierras en la ciudad de Mar del Plata. Pocos días antes de culminar su mandato, la administración del ex Presidente Alberto Fernández le otorgó a la provincia de Buenos Aires el permiso de uso de dos grandes predios ubicados en el distrito gobernado por el dirigente del PRO, Guillermo Montenegro.

El 24 de noviembre pasado, ya con Javier Milei electo Presidente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) firmó con el gobierno bonaerense un convenio donde le cedió el uso precario de un predio de 140 hectáreas de El Marquesado, que ya había sido objeto de polémica en marzo de este año.

Y en el último día hábil antes de terminar el mandato, es decir el 7 de diciembre, la anterior gestión le cedió al ministerio de Hábitat bonarense el uso de un predio de 17 hectáreas en el barrio El Martillo para el desarrollo de 320 lotes con servicios, asignados a familias en condiciones de vulnerabilidad.

Ambas operaciones revisten importancia teniendo en cuenta que el territorio gobernado por Axel Kicillof se ha convertido en un bastión trascendente para la supervivencia del kirchnerismo.

En el primer caso, a través de la Resolución 811/23 publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, a cargo de Augusto Costa, formalizó el acuerdo con la Agencia entonces dirigida por Eduardo Albanese.

En el mismo, se resalta que fue la propia provincia la que solicitó la cesión del predio de 1.396.983 metros cuadrados ubicado en Ruta 11 frente al mar, que posee “un valor estratégico para el fortalecimiento del desarrollo productivo de la Costa Bonaerense”.

Según el convenio, el objetivo es la “ejecución de un proyecto integral que tendrá como finalidad potenciar el desarrollo armónico de los sectores productivos de la región con un enfoque social y ambientalmente sustentable”.

El último 24 de marzo, un grupo de entre 40 Y 60 personas, algunos con remeras con la leyenda “Tierra Techo Trabajo” y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y otros militantes del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) del dirigente social Juan Grabois, tomaron dichos terrenos ubicados en el paraje “El Marquesado”.

El objetivo, según dijeron, era llevar a cabo “el estudio de suelos para realizar huertas comunitarias sin agrotóxicos, tambos, viviendas, escuela y salas de primeros auxilios”. En principio, comentaron, “serían 100 familias” que “viven y cultivan en Batán y Sierra de los Padres, y gente del MTE de Grabois”. 

Ello derivó en una reacción de los vecinos de la zona, que se auto convocaron allí tratando de impedir la ocupación del predio. La situación generó discusiones y la Policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Tras ello, algunos se movilizaron a la Ruta 11 y cortaron el tránsito. Más tarde, se hicieron presentes funcionarios municipales del gobierno de Guillermo Montenegro, quien judicializó el reclamo, denunciando “usurpación, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

La causa hoy está en manos del juez de Comodoro Py, Ariel Lijo.

Cabe recordar que el 7 de abril de 2021, la municipalidad de General Pueyrredon elevó un pedido a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que le cedan terrenos en la ciudad de Mar del Plata a fin de evaluar la posibilidad de construir nuevos centros de salud. Pero la respuesta de Nación nunca llegó.

Las tierras recientemente cedidas a Provincia pertenecen al Estado Nacional. El Marquesado tuvo su auge en la década del 70, cuando se decía que Mar del Plata con el tiempo iba a crecer hacia la zona sur, y comenzaron a venderse terrenos para futuros desarrollos. Pero ello nunca ocurrió, y muchos propietarios dejaron de pagar los impuestos y las tierras fueron confiscadas y cedidas al Estado.

“Se autoriza un proyecto de producción agroecológica a una cooperativa de tierra que estaba completamente abandonada, en desuso y con peligro de intrusión”, afirmaba el acuerdo entre la AABE y la Asociación civil ‘Tercer tiempo’, ligada al MTE, que fue firmado el 16 de febrero de este año.

La ONG Asociación Civil Tercer Tiempo Escuela de Fútbol y Huerta Comunitaria tenía como titular en Mar del Plata a Marcos Leonardo Santucho, inscripto como monotributista ante la AFIP y, según el Banco Central, calificado como “irrecuperable”.

La AABE dependía en el gobierno anterior de la jefatura de Gabinete de la Nación, y su titular era, desde agosto de 2022, Eduardo Albanese, quien respondía políticamente al entonces vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, quien también había asumido pocos días antes.

El segundo de la Agencia era el dirigente de La Cámpora Juan Debandi.

Creada por el Decreto 1382 del año 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, manejó este último año un presupuesto de más de $3 mil millones, y su funcionamiento y los bienes que administra permanecen en un cono de sombra.

El reciente “permiso de uso” a la provincia generó la reacción del senador bonaerense del PRO, Alejandro Rabinovich, quien en sus redes sociales, hizo público el acto administrativo con fuertes críticas.

“Lo que el intendente Guillermo Montenegro les impidió hace pocos meses, junto a la fuerza de los vecinos, lo decretaron el pasado 24 de noviembre. Acá no hay diálogo, hay mafia. Hay un Gobierno Provincial que es testaferro de Juan Grabois”, afirmó el legislador.

Frente a esta situación, Rabinovich le solicitó al flamante Gobierno de Javier Milei que deje “sin efecto” el acto administrativo del organismo nacional, “que va en contra de los marplatenses”.

La otra cesión

De acuerdo a la Resolución 155/2023, también publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, se deja constancia que el 7 de diciembre último se firmó un convenio entre la secretaría de Integración Socio Urbana dependiente del Ministerio de Desarrollo Social nacional, a cargo entonces de Fernanda Miño, muy cercana a Grabois, y el ex ministro de Hábitat bonaerense, Agustín Simone -ahora reemplazado por Silvina Batakis-, para “la concesión de un permiso de uso del inmueble de 17 hectáreas, con el objetivo de garantizar la preservación del bien, gestionar su mantenimiento y custodia, para la implementación de un proyecto para la generación y adjudicación de lotes con servicios«.

El predio de 177.876 metros cuadrados está delimitado por las calles Pehuajó, William Morris, Fruli y avenida Mario Bravo, y la Provincia, al igual que en el caso de El Marquesado, también solicitó “permiso de uso de dicho terreno para la ejecución de loteo, subdivisión e infraestructura de servicios”.

El convenio determina que el objetivo de la cesión es “promover la generación de suelo urbano de calidad del que resulten lotes destinados a vivienda familiar, única y de ocupación permanente, con infraestructura de servicios básicos (red de agua, energía eléctrica y desagües cloacales), sistema de desagües pluviales, cordón cuneta, apertura de calles, alumbrado público, construcción de espacio verdes y equipamientos comunitarios”.

A su vez, afirma que “los lotes deberán ser destinados a grupos familiares cuyos ingresos no superen seis salarios mínimos vitales y móviles, que no tengan otros bienes inmuebles a su nombre y que habiten en barrios populares o en una situación habitacional deficitaria”.

Aunque en el acuerdo se especifica que los terrenos fueron preadjudicados el 5 de mayo de este año, llama la atención que la cesión se haya hecho el último día hábil del gobierno de Alberto Fernández.

El caso recuerda a lo ocurrido en otro predio de Mar del Plata, tratado ampliamente por este medio.

El 20 de noviembre de 2021, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió desafectar unas tierras en la ciudad destinadas a la construcción de establecimientos educativos para entregárselos, a través de un Programa instrumentado por Nación llamado “Lote.Ar”, al MTE de Grabois, con el objetivo de levantar viviendas.

Lo hizo a partir de un “Permiso de uso” suscripto entre la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y la secretaría de Integración Socio Urbana de Fernanda Miño, y a cargo del plan “Lotes con Servicios para la Integración Socio Urbana de Barrios Populares”.

El predio en cuestión tiene una superficie de 60.000 mts2, compuesto por 6 manzanas y ubicado en el barrio Fortunato de la Plaza de la ciudad balnearia, delimitado por las calles Fortunato de la Plaza, Camusso, Arana y Goiri y De Los Inmigrantes. 

Pero aquella vez fue a la inversa: Nación preguntó a Provincia por el lote, ya que el mismo estaba donado por privados para hacer escuelas.

El expediente 27103781 se formó a partir de un correo interno el 15 de octubre de 2021, dirigido a la DGCyE por parte de la secretaría de Integración Socio Urbana, donde se afirmaba que “el proyecto contempla la posibilidad de generar 56 lotes y su objetivo primordial es el de promover la recuperación urbana y ambiental”.

insólitamente, en un dictamen de la Asesoría General de Gobierno, se cita a la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi, quien al ser consultada por el asunto, afirmó tajante: “Es opinión de esta Subsecretaría que la parcela propuesta en el proyecto no reviste interés educativo”.