En los últimos días, se han producido algunas señales inquietantes en Colombia y Ecuador a las que habría que prestarles atención. No sólo porque se trata de países de la región, sino también debido a que ambos son gobernados por fuerzas opuestas. Y siempre resulta interesante saber qué pasa en otras tierras no tan lejanas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (foto portada), ex integrante de la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M19), admitió en los primeros días de diciembre que su gobierno no ha logrado reducir el número de masacres durante 2023, manteniéndose en el mismo nivel que el año pasado.

Durante su visita a Dubái para la cumbre del clima organizada por la ONU, el mandatario de izquierda destacó “la importancia de retomar la senda de la paz para revertir la tendencia”. Durante el primer fin de semana de este mes, se registraron tres masacres con un total de once víctimas en las zonas de Antioquia y Valle del Cauca, atribuidas, se cree, a las disputas relacionadas con la explotación ilegal de oro.

En la misma línea., Petro agregó que el acuerdo de paz con las FARC, alcanzado en 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos había logrado “reducir al mínimo las masacres y el número de muertos”, pero, subrayó, “estas cifras aumentaron con la desactivación del acuerdo en el gobierno anterior y persisten en el mismo estado” en que lo dejó su antecesor el cargo, Iván Duque.

Quien esto escribe cubrió aquel acuerdo entre el estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un pacto que fue negociado y firmado en La Habana, Cuba, y fue respaldado por el ex Presidente de EEUU, Barack Obama.

Las FARC fueron un grupo guerrillero autoproclamado marxista-leninista, creado en 1964. Inicialmente fue una guerrilla rural, pero con el paso de los años fue incrementando su poder, para convertirse virtualmente en una poderosa organización, que aprovechó la implosión de los cárteles de la droga colombianas e incorporó el tráfico de drogas a sus ‘negocios’. Al punto en que siempre fue mundialmente conocido como un grupo narcoterrorista.

La noticia de las exitosas negociaciones fue muy bien recibida en su momento por la mayoría de las analistas internacionales, así como por los grandes medios. Pero hubo importantes voces disidentes, como la del ex Presidente colombiano Álvaro Uribe, que diezmó en gran medida el poder de las FARC durante su administración.

Declaró Uribe ante el matutino estadounidense The New York Times: ‘Hay que reorientar los acuerdos. Le estamos otorgando al Cártel de droga más grande del mundo muchas concesiones‘.

Otra importante personalidad que se opuso al acuerdo fue el dr. Fernando Vargas, co-fundador en 1991 del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, y quien sufriera en carne propia la violencia de las FARC: su familia fue aniquilada y sus fincas, expropiadas. Sufrió varios atentados donde milagrosamente salvó su vida, al igual que la de sus hijos, pero debió abandonar Colombia en 2004 y asilarse en España. Para luego regresar y retomar la lucha desde su tierra.

En diálogo con este cronista en 2016, Vargas cuestionó fuertemente las 10 millones de hectáreas que le daba el Estado a las FARC en el acuerdo: ‘Colombia tiene 5 millones de hectáreas cultivadas. ¿De dónde van a sacar 10”, agregando que “la guerrilla mató a nuestras a familias, desterrando campesinos y hasta violando niñas. Destruyeron más de 200 pueblos y nos quitaron las fincas. Y ahora encima tenemos que darles 10 millones de hectáreas. Y son millonarios’. 

Los números de la violencia en Colombia aterran.

En lo que va de este año, se llevan cometidas 90 masacres con 289 víctimas, mientras el año pasado, hubo 94 ataques contra la población y 300 muertos. En tanto, en 2021, se registraron 96 masacres y 338 víctimas, y en 2020, 91 hechos y 381 asesinatos.  

Durante dicho período, gobernaron el país el conservador Iván Duque y el actual Presidente, Gustavo Petro.

Los principales actores de la violencia en Colombia son el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ex integrantes de las FARC, críticos del acuerdo de paz, y el Clan del Golfo (AGC), una organización armada narcoparamilitar, y considerada la agrupación más grande, peligrosa y mejor estructurada del país,^.

Hace pocos días, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció que se emitirán nuevas órdenes de detención contra algunos de los llamados «portavoces de paz», después de los cambios que ordenó introducir el Tribunal Constitucional a la ley de ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro.

Barbosa, quien fue muy crítico con esta ley desde el inicio,celebró la decisión del tribunal, y aseguró que hay que distinguir entre los portavoces de paz y los gestores, estos últimos una figura jurídica amparada por ley. «No era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la Primera Línea de la cárcel», dijo en relación al grupo de manifestantes que protagonizó choques con las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2021 contra el gobierno de Duque.

Hace cerca de un año, Petro había anunciado la lista de las siete personas que saldrían en libertad para ejercer como portavoces de paz, entre ellos integrantes de los grupos violentos que fueron detenidos durante las protestas de 2021.

Ecuador

Por su parte, el flamante presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dijo hace pocos días en su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York que tanto él como miembros de su gabinete habían recibido amenazas de muerte en los últimos meses, en medio de un clima de violencia inédito para el país.  

Noboa, quien asumió el 23 de noviembre para un periodo de 18 meses, habló ante el foro internacional sobre la situación de Ecuador, confesando que “casi todos los días, por los últimos 60 días, hemos tenido amenazas de muerte, asimismo nuestros ministros y sus familias”, aseguró sin dar mayores detalles.

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad carcelaria ecuatoriana es de 28.500 personas. De acuerdo a cifras oficiales, hay aproximadamente 38.000 presos contabilizados en la actualidad, lo que supone un hacinamiento del 33%.

Desde 2021, se produjeron una serie de masacres carcelarias que arrojaron hasta ahora más de 468 presos asesinados en el país sudamericano, a través de diferentes motines, lo que produjo una fuerte inestabilidad institucional.

Según estadísticas publicadas en el diario “El País”, de España, en lo que va de este año se han registrado 5.320 crímenes violentos, superando a lo ocurrido en 2022, que había cerrado con la cifra más alta en la historia (4.600), el doble, a su vez, que en 2021.

Al ritmo actual, afirma el medio español, “para finales de este año se podría alcanzar una tasa de criminalidad de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que colocaría a Ecuador entre los países más violentos del mundo”.

Uno de esos 5.320 crímenes le costó la vida al candidato presidencial Fernando Villavicencio, tras un mitin en Quito unos días antes de la primera vuelta. Un magnicidio que conmocionó a los ecuatorianos y demostró que nadie está a salvo.

En la segunda vuelta celebrada el último 16 de octubre, el candidato de derecha Daniel Noboa, hijo de uno de los empresarios más poderosos del país, se impuso a la postulante que apoyaba el ex Presidente Rafael Correa, Luisa González, por el 52% de los votos contra 48%, en números redondos.

Pero lo curioso del caso es que estas elecciones fueron convocadas para completar el mandato que dejó inconcluso el ahora ex mandatario liberal Guillermo Lasso, quien había asumido el 24 de mayo de 2021, a través de la activación de un mecanismo constitucional que nunca había sido utilizado en el país: la llamada “muerte cruzada”, ante graves acusaciones por corrupción de las que había sido objeto y que prometían llevarlo a juicio político.

Ante tiempos tan turbulentos como los que se vive en la Argentina, nunca está de más mirar lo que pasa en otras latitudes, especialmente en los países vecinos.