En las últimas horas, se confirmó finalmente que la famosa sesión en Diputados para tratar la llamada Ley Ómnibus se hará el próximo miércoles. Pese a ello, no cesan las discusiones respecto a algunos puntos del mega proyecto, además de las cuestiones ya eliminadas por el gobierno.

Fuera de la atención mayoritaria de la opinión público, los cambios propuestos en la pesca y la posible eliminación de la Ley de Zona Fría generó resistencias casi unánimes en la ciudad de Mar del Plata.

Respecto a esto último, hay que decir que la situación es muy confusa, y nadie sabe a ciencia cierta si se eliminó o permanecerá la derogación de la ley 26.637, llamada “Régimen de Zona Fría”, un beneficio otorgado en el año 2021 a Mar del Plata que incluyó una tarifa de gas reducida a más de 260.000 hogares en la ciudad.

“Aún se está discutiendo”, le aseguró a este medio un legislador marplatense. Aunque trascendió que la eliminación de dicho beneficio será discutida finalmente en Diputados.

Es decir, una vez que la norma sea aprobada, los usuarios residenciales del sudoeste bonaerense y la patagonia, entre otros, volverán a pagar el precio pleno del gas, sin los descuentos del 30 % y el 50 % que hoy se están aplicando en el ítem que refiere al gas consumido.

El nuevo texto del artículo 318 de la Ley Ómnibus, que previamente permitía “crear, modificar y/o eliminar fondos fiduciarios del sector energético”, ahora establece la reasignación de “los beneficios reconocidos por el artículo 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 en el marco del régimen de subsidios a establecer”.

En este caso, el artículo 75 establecía la creación de un fondo fiduciario para implementar el sistema de descuentos, mientras que la ley 27.637 ampliaba el alcance de los beneficios a otros sectores del país, entre ellos Mar del Plata y Bahía Blanca.

Pero el gran tema sigue siendo la pesca, unido a un escenario socialmente inestable.

En las críticas a los cambios propuestos por el gobierno nacional, se unieron tanto la administración del Intendente Guillermo Montenegro, gran parte de la oposición, sindicatos, empresarios y también los medios locales. Todos juntos, unidos por el espanto.

La semana pasada, luego de una reunión de algunos bloques en el Congreso, trascendió que se habría acordado votar en contra del capítulo dedicado a la pesca cuando se trate la ley. (foto portada)

Del encuentro participaron propios y extraños. Desde el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, el presidente de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, hasta el excandidato a vicepresidente Florencio Randazzo. También dijeron presente el senador nacional por el radicalismo Maximiliano Abad, el senador provincial y hombre de confianza de Montenegro, Alejandro Rabinovich, el secretario de Producción de General Pueyrredon, Fernando Muro.

En tanto, también participaron referentes locales del sector pesquero, como Pablo Trueba del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) y Diego Luchetti de Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caabpa), entre otros.

Pese a que el gobierno de Javier Milei introdujo algunos cambios a la propuesta original, desde el sector pesquero continuaron con los cuestionamientos y directamente piden la anulación completa del capítulo. También se expresó en ese sentido el propio jefe comunal: “Quiero manifestar con claridad mi rechazo al capítulo referido a la pesca, incluido en la Ley Ómnibus, que se está tratando en el Congreso de la Nación”, dijo Montenegro.

¿Qué se cuestiona?

La actual Ley de Pesca, sancionada el 9 de diciembre de 1997 durante el gobierno de Carlos Menem, establece que se priorizará para el otorgamiento de los permisos de pesca por un plazo máximo de 10 años, “a los buques que empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje”; “construidos en el país”, y a los “que tengan menor antigüedad”.

A través del nuevo esquema propuesto, a través del art. 213, se determina que “para el otorgamiento de los per­misos de pesca, la Autoridad de Aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de se­guridad de los buques”, aclarando que “los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empre­sas titulares de los buques”.

Y agrega: “Los permisos tendrán como mínimo una dura­ción de veinte (20) años”.

Continuando con los aspectos más sustanciales, un tratamiento similar recibe el delicado tema de las cuotas de captura. En el artículo 27 de la ley vigente se determina que para el otorgamiento de las mismas se deben cumplir condiciones similares a los permisos, agregando, además, las inversiones realizadas por la empresa en el país, como también el promedio de toneladas de captura legal y productos pesqueros elaborados.

La nueva normativa elimina de cuajo todo aquello, al establecer, que “las cuotas de captura serán asignadas por la Au­toridad de Aplicación a través de un sistema de licitaciones, adjudicándolas a quien aporte el ma­yor arancel para la captura determinada”.

En otras palabras, al fijar un sistema de licitación, hace públicas la asignación de las cuotas, eliminando cualquier tipo de clandestinidad en el manejo de las mismas.

Así mismo, indica que las cuotas “serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evi­tar concentraciones monopólicas indeseadas”, determinando que “las cuotas se licitarán por un periodo de 10 años».

Por otro lado, establece que “las cuotas de captura serán total o parcialmen­te transferibles sin autorización previa en tanto no afecten la estructura competitiva del mercado, aunque deberán ser informadas a la Autoridad de Aplicación”.

La autoridad de aplicación en la materia es y seguirá siendo la subsecretaría de Pesca.

Pero no se debe desestimar el rol del Consejo Federal Pesquero (CFP), creado por la actual Ley. Hasta acá, es el organismo que define la política pesquera del país y el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional. Lo integran 17 funcionarios, entre otros, un Presidente, dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional, y enviados de las provincias pesqueras. Sus cargos son “ad honorem”.

Vale destacar que los cambios propuestos conservan el poder del Consejo, que como su nombre lo indica, debe aconsejar y orientar en materia de pesca.

Sin embargo, el problema del CFP es que nadie sabe cómo se eligen sus integrantes ni cuánto duran sus mandatos. Lo que despierta al menos ciertas suspicacias. Más tratándose del organismo que define la política pesquera nacional y planifica su desarrollo.

Hay que recordar algunos datos oficiales que este medio ya ha publicado relacionados con irregularidades detectadas en la actividad en los últimos 20 años.

Un trabajo de campo del año 2014 de la Auditoría General de la Nación (AGN), publicado en su página web, informaba que se había constatado en el Puerto de Mar del Plata que “9 de 134 buques relevados no poseían permisos de pesca vigentes”.

También allí se establecía que “la normativa dictada por el organismo auditado es dispersa por no existir un cuerpo ordenado, generando contradicciones, y vacíos legales”, agregando a su vez que “la documentación contenida en los expedientes analizados es incompleta respecto a la existente en la base de datos utilizada por la Dirección de Registro de Pesca”. 

Por su parte, un trabajo realizado por el CONICET junto a la Universidad de Buenos Aires presentado en marzo de 2018 se mostraba muy lapidario: “Los cupos de captura iniciales fueron ampliados reiteradamente por el Estado Nacional. De este modo, los permisos de pesca se multiplicaron fraudulentamente: numerosos buques argentinos cedieron sus licencias pero siguieron operando clandestinamente comprando permisos caducos”.

Concluyendo que “empujando algunas especies al borde de la extinción, la excesiva presión sobre el recurso, la fijación por parte del Estado de cupos superiores recomendados por el INIDEP y la constante transgresión de los mismos por parte de las firmas pesqueras, inexorablemente condujeron al colapso biológico del caladero”.

Sin embargo, en un discurso dado el pasado domingo 28 de enero durante la botadura de un barco, el reconocido empresario naviero Domingo Contessi, advirtió sobre las consecuencias que a su juicio traerá la aprobación de las reformas a la ley de pesca.

“Concentración, desempleo, marginalidad, caída en la recaudación, inseguridad jurídica, litigiosidad, primarización de las exportaciones, conflictos sociales e irremediable sobrepesca”, auguró.

Atención con este dato. En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, encabezó un encuentro con más de cien empresarios y dirigentes sindicales de la pesca, el turismo y la industria.

“El arco político debe oponerse cuantitativamente a la reforma de la ley de pesca”, declaró. Y no dejo tema  sin tratar. Turismo, eliminación de Zona Fría, DNU y Ley Ómnibus fueron blanco de sus principales críticas.

Con la CGT y la CTA unidas, los movimientos sociales siempre presentes en las calles de la ciudad, la inminente suba en el boleto de colectivo, la posible eliminación de los subsidios en la tarifa de gas, los eventuales cambios en la pesca, y una temporada “al 70%”, Mar del Plata se prepara para un duro invierno.