Con el anuncio del gobierno nacional de eliminar fondos fiduciarios por 2 mil millones de dólares, vuelve a quedar expuesto un tema que supo revelar este medio y que alcanzó cierta repercusión nacional.

La medida anunciada el pasado viernes por el vocero oficial Manuel Adorni estaba incluida en el inciso h) del artículo 4 de la Ley Bases que quedó trunca en el Congreso luego de que el Ejecutivo decidiera retirar el proyecto.

En el texto, se facultaba al Presidente Javier Milei a poder “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.

En términos técnicos, un fideicomiso es “un acto jurídico por medio del cual una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que los administre y, al vencimiento de un plazo, transmita los resultados a un tercero. Es una herramienta jurídica muy utilizada en los negocios y para preservar los patrimonios”.

Pero su aplicación no queda clara en relación a los fondos públicos, o sea, de todos los argentinos. De movida, se trata de partidas que nadie sabe quién controla, y por ende, resultan muy poco transparentes.

Uno de ellos, y que generó una reciente polémica a través de un informe del periodista Luis Majul, es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que durante el gobierno de Alberto Fernández, estuvo a cargo de Fernanda Ramona Miño, a través de la secretaría de Integración Socio Urbana, una dirigente social cercana a Juan Grabois, líder del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos).

El programa más importante que tenía el área era el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

De acuerdo al último relevamiento del propio organismo, hay en el país exactamente 6467 barrios populares. Se trata de urbanizaciones precarias formadas con “un conjunto de un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso formal a al menos 2 de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red cloacal formal”.

En total, se trata de un universo de más de 5 millones de personas.

Justamente, las obras de la secretaría que controlaba Grabois a través de Fernanda Miño se canalizaban a través del FISU, un fideicomiso financiado con el 9% del impuesto PAÍS a la compra de dólares. En 2022 también recibió fondos por el impuesto a las grandes fortunas aprobado a fines de 2021 e impulsado por Máximo Kirchner. En 2023, el FISU contó con cerca de $100.000 millones.

En rigor de verdad, dicho fondo fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri, a través del decreto 819/2109, y Alberto Fernández lo dejó en manos del amigo papal, y lo nutrió con los aportes de los impuestos que su gobierno creó.

Una de las obras más controvertidas financiadas por este fideicomiso ocurrió en Mar del Plata y fue contada por El Observador Online.

El 20 de noviembre de 2021, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió desafectar unas tierras en la ciudad destinadas a la construcción de establecimientos educativos para entregárselos, a través de un Programa instrumentado por Nación llamado “Lote.Ar”, al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois.

Lo hizo a partir de un “Permiso de uso” suscripto entre la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y la Secretaría de Integración Socio Urbana dependiente del Ministerio de Desarrollo Social nacional, conducida por Miño, y a cargo del plan “Lotes con Servicios para la Integración Socio Urbana de Barrios Populares”.

De esa manera, se formó el Expediente 27103781.

El predio en cuestión tiene una superficie de 60.000 mts2, está compuesto por 6 manzanas y se encuentra ubicado en el barrio Fortunato de la Plaza, delimitado por las calles Fortunato de la Plaza, Camusso, Arana y Goiri y De Los Inmigrantes.

No se puede comprender la naturaleza del conflicto si no se conoce la razón por la cual los terrenos están destinados a educación.

La totalidad del predio en disputa pertenecía a la familia Peralta Ramos, fundadores de Mar del Plata hace 150 años, cuyos miembros hicieron una donación con cargo a la provincia para la construcción de establecimientos educativos, más precisamente “colegios municipales”, según el Acta de Donación labrada en el año 1894.

Gracias a este gesto, se pudieron construir la escuela primaria N° 50, la secundaria N° 19 y el jardín de infantes N° 922, que aún funcionan en el lugar, con serios problemas de infraestructura, y sin vacantes para todas las familias de la zona.

La donación con cargo crea una obligación para quien la recibe, en este caso, la provincia de Buenos Aires, que pese a ello y a la grave crisis educativa, opinó a través de la subsecretaría del área que “la parcela propuesta en el proyecto no reviste interés educativo”.

A partir de ello, las cuadrillas del MTE se instalaron en el lugar el 26 de abril de 2022 y comenzaron las obras poco tiempo después, donde se iban a construir “64 viviendas y edificaciones escolares”, según anunciaban.

El 15 de enero de 2023, el propio Grabois viajó a Mar del Plata a “inaugurar” el barrio, donde prometió, además de las casas particulares, un polideportivo para la Escuela 19, un playón deportivo y un salón para el Jardín 22.

Pero nada de esto se hizo. Al contrario, el barrio avanzó, pero quedó todo a medio hacer, tal como lo consignan las imágenes tomadas por este medio que ilustran el artículo en una reciente visita al lugar.

“Cortaron el envío de dinero y está todo muy precario y mal hecho. Lo está terminando la gente que se está metiendo, como pueden y así nomás”, cuenta una vecina del lugar.

Las familias que se están instalando en las precarias construcciones son todas pertenecientes a los movimientos sociales, del barrio y de toda la ciudad.

Agregan también que en los últimos tiempos aumentó mucho la inseguridad en la zona, y que hay constantemente un patrullero apostado al final del predio, ya que la gente de Villa Evita, el barrio lindante, pretende usurpar las casas vacías, lo que produce, según los propios vecinos, enfrentamientos armados entre unos y otros.

“Se cagan a tiros, literalmente. Es un descontrol”, reconoce una mujer que vive a 200 mts del lugar.

Cabe destacar que un grupo de vecinos presentó en la justicia un recurso de amparo hace casi un año, solicitando la interrupción de las obras, pero hasta ahora no hubo ningún tipo de respuesta judicial.

Es que, al momento de la presentación, además de ser un predio destinado a otros fines, la obra no contaba con los permisos correspondientes, como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la Prefactibilidad de agua, y Certificado de Uso de Suelo.

También, se denunciaba que “es de público conocimiento que dichas tierras están lindantes a la planta de gas YPF, que ha realizado vertido de hidrocarburos durante 40 años”.

Pese a todo ello, las obras avanzaron, el municipio dejó hacer, las ampliaciones y anexos educativos nunca se hicieron, y las casas quedaron por la mitad.

Así mismo, cabe recordar que pocos días antes de culminar su mandato, la administración del ex Presidente Alberto Fernández le otorgó a la provincia de Buenos Aires el permiso de uso de dos grandes predios ubicados en Mar del Plata.

El 24 de noviembre de 2023, ya con Javier Milei electo, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) firmó con el gobierno bonaerense un convenio donde le cedió el uso precario de un predio de 140 hectáreas de El Marquesado, que ya había sido objeto de polémica en marzo de ese año.

Y en el último día hábil antes de terminar el mandato, es decir el 7 de diciembre, la anterior gestión le cedió al ministerio de Hábitat bonarense el uso de un predio de 17 hectáreas en el barrio El Martillo para el desarrollo de 320 lotes con servicios, asignados a familias en condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo a la Resolución 155/2023, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, se deja constancia que en aquella fecha se firmó un convenio entre la secretaría de Integración Socio Urbana, y el ex ministro de Hábitat bonaerense, Agustín Simone -ahora reemplazado por Silvina Batakis-, para “la concesión de un permiso de uso del inmueble de 17 hectáreas, con el objetivo de garantizar la preservación del bien, gestionar su mantenimiento y custodia, para la implementación de un proyecto para la generación y adjudicación de lotes con servicios«.

El predio de 177.876 metros cuadrados está delimitado por las calles Pehuajó, William Morris, Fruli y avenida Mario Bravo, y la Provincia, al igual que en el caso de El Marquesado, también solicitó “permiso de uso de dicho terreno para la ejecución de loteo, subdivisión e infraestructura de servicios”.

El convenio determina que el objetivo de la cesión es “promover la generación de suelo urbano de calidad del que resulten lotes destinados a vivienda familiar, única y de ocupación permanente, con infraestructura de servicios básicos (red de agua, energía eléctrica y desagües cloacales), sistema de desagües pluviales, cordón cuneta, apertura de calles, alumbrado público, construcción de espacio verdes y equipamientos comunitarios”.

Muchas razones para el descontento de Juan Grabois a partir de la eliminación del FISU.