En las últimas horas, el gobierno de Javier Milei aceleró las denuncias contra la gestión anterior. Cada declaración presidencial estuvo acompañada por una presentación judicial. Algunas de ellas, recopilan información periodística con expedientes que encontraron en la gestión pública.

Otras son investigaciones propias realizadas por el equipo “anticorrupción” que lidera la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y que integran, entre otros, la subsecretaria de Legales, Leila Gianni. No es casual que la ministra haya sido la funcionaria más atacada por el kirchnerismo y por gran parte del periodismo mientras realizaba las presentaciones judiciales.

Los referentes sociales del kirchnerismo están preocupados buscando abogados que los defiendan en Comodoro Py. Luego de años de letargo, fiscales comenzaron a tener en cuenta los informes periodísticos sobre obras abandonadas, extorsión en el manejo de planes sociales y posible enriquecimiento personal de los líderes de los movimientos sociales.

Juan Grabois fue imputado por negociación incompatible con la función pública, malversación de fondos públicos y el posible delito de fraude por el fiscal Carlos Stornelli. También fueron imputados Fernanda Miño, ex titular del Fondo de Integración Socio Urbana y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos –MTE- como la ex funcionaria Anabel Fernández Sagasti que controlaba la Unidad de Administración del Estado –BIFISI-. Actualmente es una de las senadoras más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner.

Stornelli solicitó que se informe cómo se financió el movimiento político de Grabois, cuáles eran sus aportantes y cómo pagó una costosa campaña política presidencial. Además exigió saber quiénes eran los beneficiarios de las obras del FISU, cuáles fueron las obras realizadas a través de movimientos sociales y por qué no se concluyeron dichas obras. Se trata de una caja política que manejó 1000 millones de dólares –similar a la cuestionada Vialidad Nacional durante los 12 años de Cristina Kirchner y que concluyó con su condena a seis años de prisión efectiva-. El fiscal recibió información de una auditoría del gobierno actual en la que figuran solo 400 obras concluidas de las 6517 prometidas.

Por obras abandonadas, pero cobradas, también fueron imputados los intendentes de Luján, Leo Botto y Miño, en otra causa conexa tras una investigación de este periodista en el programa La Cornisa.

El gobierno nacional prepara otra denuncia contra obras abandonadas en la localidad de Concordia en Entre Ríos.

Grabois contestó que lo persiguen por el odio que sienten por los sectores populares y que los medios y el gobierno actual están ensañados con él.

La semana pasada el equipo de Pettovello denunció a los funcionarios que manejaron las Becas Progresar. Se trata de una caja que había sido financiada por el Banco Internacional de Protección y Fomento que llegó a manejar 341 millones de dólares.

En el gobierno nacional, encontraron un modus operandi similar al del Plan Potenciar Trabajo. Esto es, falta absoluta de control, asignación de becas a familias que no cumplían los requisitos. A su vez, no existía sistema informático integral para esquematizar el circuito de otorgamiento. Tampoco existían legajos individuales de los beneficiarios ni documentación que respalde el otorgamiento de la beca.

La Sigen había realizado una investigación preliminar y calificó lo encontrado como de “”Impacto alto”. Según el organismo de control se trataba de un caso de “gravedad para el Estado Nacional”.

El hallazgo desencadenó el despido de 13 funcionarios de la secretaría de Trabajo.

Esto no fue el único caso que encontraron dentro de dependencias del Ministerio de Capital Humano de hechos vinculados con tapar pruebas o destruirlas.

En las áreas de Economía Social que supo manejar Emilio Pérsico, pasó algo similar.

A las denuncias contra Grabois y las Becas Progresar se sumaron denuncias contra ex funcionarios del Ministerio de Trabajo, comedores “fantasmas”, los guardapolvos del ministerio de Victoria Tolosa Paz, el conflicto de intereses del ex funcionario Emilio Pérsico, el Fondo de Integración Socio Urbana y está preparando otra presentación apuntando contra funcionarios cercanos a  Juan Grabois.

Por estas horas, a su vez, se recolecta información sobre cooperativas y asociaciones civiles vinculadas con la UTEP y el Movimiento de Trabajadores Excluidos –MTE- de Grabois para cruzar datos con el manejo de fondos públicos que se realizó desde el INAES. Ese organismo debía controlar las cooperativas y asociaciones.

Por el momento, el gobierno pausó las cooperativas creadas durante el albertismo, muchas de ellas, sospechadas de corrupción. En la dirección en las que trabaja Grabois, Pedro Echague 1265, se encontraron una veintena de cooperativas que recibían fondos públicos.

Mientras tanto, los abogados de Grabois, encabezados por el ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de Alberto Fernández, Walter Alejandro Gramajo, le exigieron a Pettovello que reintegre los planes sociales a los beneficiarios que cortan una calle y a los que viajaron al exterior. Según Gramajo, funcionario que estuvo a cargo del programa “El Estado en tu Barrio” se trata de una discriminación.

El gobierno nacional considera poco seria la presentación de los letrados del MTE y seguirá denunciando los “pufos” de la gestión anterior como los llama Javier Milei.

En Comodoro Py, jueces y fiscales empiezan a mover expedientes judiciales que parecían dormidos. Hasta Alberto Fernández empezó a preocuparse pues le advirtieron que tiene que designar abogado defensor de manera urgente.