Hoy, tal como sucediera a partir de 1969, la Patria está en peligro frente al desalmado ataque del terrorismo, ahora derivado del narcotráfico, cuya enorme expansión se debe a la sociedad comercial que mantuvo con el kirchnerismo y se sostiene aún con la protección y colaboración de políticos, jueces, fiscales, policías, corrompidos por la enorme masa de dinero que manejan los cárteles. Y nuevamente, como en 1975, todas las miradas de la sociedad se concentran en las fuerzas armadas (FFAA) para disponerlas a “exterminar” (Juan Perón, 19 Ene 74, tras el ataque al Regimiento de Tanques 10, de Azul) y “aniquilar” (Decreto del 5 Feb 75, que ordenó el Operativo Independencia) a los nuevos agresores. Como han pasado casi 50 años de esos hechos, resulta imprescindible recordar que la mayoría de los ataques a guarniciones y comisarías, atentados con bombas (4380), de secuestros (758), de muertos (1094) y heridos (2368) que cometieron Montoneros y el ERP se dieron, precisamente, durante el gobierno constitucional del Presidente con mayor apoyo electoral de la historia.

Raúl Alfonsín comenzó a desfinanciar a las FFAA y durante su gobierno, después de juzgar y condenar a los integrantes de las tres juntas militares y a los jefes de las organizaciones terroristas, proceso en el cual el Tribunal reconoció que habíamos vivido una guerra, el Congreso dictó las leyes de “obediencia debida” (responsabilidad penal limitada sólo a los mandos superiores) y “punto final” (límite temporal a la posibilidad de denunciar presuntos delitos de lesa humanidad).

Carlos Menem, amén de continuar la política de restricción de recursos presupuestarios, decretó el indulto para todos, militares y terroristas, que habían sido condenados en esos juicios. Después de las breves presidencias de Fernando de la Rúa y de Eduardo Duhalde, en 2003 llegó al poder Néstor Kirchner y la tragedia se consumó (y nada cambió durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández). Para obtener la impunidad que le concedía la izquierda, inició una feroz cacería de militares con la anuencia del Congreso y del Poder Judicial y extendió las indemnizaciones menemistas a todo un insólito universo de falsos reclamantes. A la vez, reglamentó la Ley de Defensa (1988) para limitar el accionar de las FFAA exclusivamente repeler a ejércitos extranjeros, formales y uniformados, que invadan nuestro territorio.

Por sus instrucciones, el H° Aguantadero resolvió la nulidad (sólo para los jefes de las FFAA) de los indultos de Menem, derogó el Código de Justicia Militar (las acciones militares fueron juzgadas con el Código Civil) y las leyes de “obediencia debida” y “punto final” y miles de soldados de baja graduación, civiles y sacerdotes fueron imputados y procesados en juicios absolutamente nulos; es más, para que no resultara aplicable a ellos la ley del “2x1” (cada día de prisión preventiva se computa doble para la pena), la “reinterpretó”. Y el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo que se trataba de una política “consensuada” con los otros poderes del Estado.

Para llevar adelante esos procesos kafkianos, se destruyeron todos los pilares del Derecho: los imputados no fueron juzgados por sus jueces naturales y, bajo una ley posterior a los hechos, dejaron de funcionar la presunción constitucional de inocencia y la ley más beneficiosa para el condenado, las limitaciones a las prisiones preventivas -transformándolas en penas anticipadas-, se manipularon testigos y se desvirtuaron las pruebas, y se resolvió la imprescriptibilidad de los llamados delitos de lesa humanidad.

Para tener una idea de la magnitud de la represalia, en Nuremberg los aliados vencedores juzgaron a sólo 24 jerarcas nazis, imputados por la matanza de 6 millones de personas; en la Argentina, los datos, al 28 de febrero de 2024, son diametralmente distintas: de los 2725 presos políticos (PP), uniformados y civiles, han muerto en cautiverio 830, de los cuales sólo 125 tenían sentencia firme; y pese a que la ley dice que la prisión preventiva sólo puede extenderse por 2 años, prorrogable por uno más por causas justificadas (peligro de fuga o de alteración de pruebas), 19 PP llevan 16 años en esa condición, 145 PP entre 11 y 15 años, 212 PP entre 6 y 10 años, y 142 entre 3 y 6 años. Y se trata de detenidos cuyas edades oscilan entre los 64 y los 100 años, con un promedio de 79. El absurdo llegó al paroxismo con el copamiento del regimiento de La Tablada, en enero de 1989, recuperado a sangre y fuego (10 militares muertos) por el Gral. Alfredo Arrillaga; éste (91 años) está preso y los guerrilleros asesinos están libres e indemnizados.

Esa canallesca persecución, cuyo único objetivo fue la venganza de los terroristas y, a la vez, habilitar el cobro de miles de indemnizaciones de US$ 300.000 a cada falso reclamante, fue consentida por una ciudadanía cobarde, hipócrita y suicida, y tolerada por los nuevos mandos de las FFAA que, salvo honrosísimas excepciones, callaron sus debidos reclamos de verdadera justicia. Así, los PP fueron transformados en chivos expiatorios del casi unánime pecado social de haberles exigido tomar el control de una situación desmadrada por la violencia terrorista.

En ese luctuoso espejo hoy se miran los jóvenes oficiales y suboficiales mientras se preguntan con qué cara se los convocará ahora a combatir al narco-terrorismo, y se ven obligados a contemplar ese reflejo porque no saben qué sucedería si, amén de carecer de aptitudes específicas, después de la sanción de una ley que habilite la participación de las FFAA en esta nueva guerra interna, aquélla fuera otra vez derogada por el H° Aguantadero y quienes hubieran participado en esa inevitablemente terrible guerra, juzgados dentro de muchas décadas como criminales comunes.